Suárez adjudicó el servicio de cámaras de seguridad a una empresa que CFK había denunciado por “espiarla”

El gobernador Rodolfo Suárez adjudicó una licitación para la gestión del servicio de videovigilancia de la provincia a una empresa que fue acusada en 2018 por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de intentar colocar cámaras para espiarla.

Se trata de Danaide SA, que resultó la ganadora de la licitación que realizó la provincia el 13 de octubre del 2021 para la “contratación del servicio de plataforma VMS y hardware del sistema integral de video vigilancia de la provincia de Mendoza” por un período de 2 años. El destino será “atender necesidades del Ministerio de Seguridad”, y el costo de la inversión será en total de $301 millones, de los cuales $110 millones serán imputados en este 2022.

Seguridad duplicará las cámaras de Mendoza y unificará el sistema de vigilancia con municipios y particulares

La adjudicación se dio mediante el decreto 228, publicado hoy en el Boletín Oficial, pero que fue firmado el 9 de marzo. Según los considerandos de la norma, para esta licitación se presentaron dos ofertas (NEC Argentina SA y Danaide SA), pero la Comisión revisora sugirió preadjudicar la misma a Danaide SA “por ajustarse técnicamente a lo requerido, ser una oferta superadora y resultar conveniente para el Ministerio de Seguridad”.

Asimismo, contó con el visto bueno del “Director de Administración del Ministerio de Seguridad, y con la debida intervención de los Servicios Administrativos de la Contaduría General de la Provincia”; y no hubo objeciones por parte de la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de Estado, según reza el decreto firmado por Suárez y el ministro de Seguridad, Raúl Levrino.

Recordemos que Mendoza ha realizado gestiones para la contratación de un sistema tercerizado para sumar 700 cámaras de videovigilancia en puntos neurálgicos de la provincia, de las cuales 80 estarán equipadas con Inteligencia Artificial (IA), que podrán seguir patrones de conducta con eventos predictivos o anómalos, mientras que otras 100 podrán rastrear también patentes.

Hasta el momento, el Ministerio administra 1.446 cámaras; y la instalación de esas 700, más la inclusión con el nuevo sistema de otras 600 que manejan los municipios de forma externa, y 300 por parte de comercios y viviendas particulares, se duplicarán las cámaras de Mendoza y unificará el sistema de vigilancia con municipios y particulares.

Acusaciones de Cristina Kirchner

Con respecto a las denuncias de parte de la Vicepresidenta, en noviembre de 2018 realizó una serie de tuits en la red social Twitter en la cual denunció que intentaron instalar varias cámaras de seguridad en la esquina de su vivienda, ubicada en Recoleta; y que los empleados que estaban realizando dichas instalaciones respondieron que eran de la empresa “Donaide SA (SIC), por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Ayer por la mañana dos personas sin identificación alguna intentaron colocar 3 cámaras y un domo en la esquina de mi casa, aquí en Buenos Aires. Personal de la policía federal que integra la custodia advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando”, dijo el 16 de noviembre del 2018.

Además agregó: “Les dijeron que eran empleados de la empresa Donaide S.A e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias”.

“Luego de identificarse recibieron un llamado, se subieron a su camioneta (sin inscripción alguna de la empresa a la que decían pertenecer) y se fueron. Raro, no?”, se preguntó la hoy Vicepresidenta.

Y culminó tras otra serie de tuits: “¿Quiénes eran estas personas? ¿Quién las mandó? ¿Hasta cuándo me van a seguir espiando? ¿Por qué Bonadío decidió no tomar la denuncia? ¿Está encubriendo a alguien? El gobierno es responsable y tiene que terminar con el espionaje, la persecución y el hostigamiento a los opositores”.

La empresa, luego de dichas acusaciones, emitió un comunicado con el que indicó que presta servicios “en proyectos de seguridad tecnológica para varias entidades y organismos públicos nacionales, provinciales y municipales”, y respecto a ese episodio, aclaró que “durante la mañana del día 15/11/18 se realizaba la séptima instalación del día, en la zona de Recoleta”.

“Los instaladores se presentaron ante la custodia de CFK; se identificaron e indicaron el trabajo que iban a realizar. Ante el pedido de estos de no instalar, dicha tarea no se realizó. Se informó al comitente”, culminaron.