El Gobierno provincial confirmó que iniciará acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para conseguir que sean revocadas o anuladas las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconocieron derechos de “ocupación actual, tradicional y pública” a comunidades calificadas como mapuches en San Rafael y Malargüe.
Tal como se informó en junio, el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, y que lleva las firmas del gobernador Rodolfo Suárez y el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, instruye en su único artículo al “asesor de Gobierno y a los abogados auxiliares de esa asesoría para que en representación de la Provincia y con la debida intervención del Fiscal de Estado, inicie las acciones judiciales que pudieran corresponder, para obtener en sede judicial la revocación y/o anulación y/o declaración de inconstitucionalidad” de las resoluciones del INAI.
Las acciones del INAI rechazadas por la Provincia son las siguientes: “RESOL-2023-36-APN-INAI#MJ, de fecha 19 de enero de 2023, publicada el día 27 de enero de 2023; RESOL-2023-42-APN-INAI#MJ, de fecha 19 de enero de 2023, publicada el día 27 de enero de 2023 y RESOL-2023-47-APN-INAI#MJ, de fecha 26 de enero de 2023 publicada el día 03 de febrero de 2023″.
También se rechazan “las actuaciones que le sirven de antecedente, que resulten conexas o que hayan sido dictadas en su consecuencia”.
El decreto de Suárez marca que en las resoluciones mencionadas, el INAI “reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de diversas comunidades sobre áreas situadas en distintas localidades de San Rafael y Malargüe”.
Detalla además que “contra tales resoluciones, se han interpuesto recursos de reconsideración por entender que adolecen de severos defectos y que afectan derechos de rango constitucional, tanto de Mendoza como de particulares, sin haber obtenido hasta la fecha adecuada respuesta, no obstante encontrarse agotados los plazos que contempla la normativa aplicable a tal efecto”.
Asimismo, consigna el decreto provincial que “se han presentado pedidos de pronto despacho en cada actuación administrativa, que tampoco han sido evacuados en tiempo y forma”.
Y remata: “Por ello resulta pertinente para la defensa de los derechos e intereses de la Provincia, la interposición de las acciones legales que pudieran corresponder, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de obtener en sede judicial la revocación de las resoluciones mencionadas”.
