La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Carlos Bacher, en una causa que investigó un supuesto pago de soborno transnacional para la adjudicación de una obra en Brasil, en el marco del llamado caso de “Lavajato”.
El Tribunal de Apelaciones sobreseyó a Bacher tras cinco años de investigación, lapso durante el cual nunca fue llamado a declaración indagatoria, por “no haberse cometido el hecho que le fuera imputado” y al considerar que se excedió el “tiempo razonable de duración del proceso”, según la resolución de la sala II del Tribunal de Apelaciones.
La investigación estuvo a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien sobreseyó al empresario en la causa por el supuesto pago transnacional de sobornos que la filial en Brasil “habría efectuado (junto con otras empresas con las que integraba un consorcio), a funcionarios públicos, con el objeto de lograr la adjudicación de la construcción de una central nuclear (en la ciudad de Angra Dos Reís, en el estado de Río de Janeiro)”, según la imputación de la fiscal del caso, Paloma Ochoa.
“Nada de lo recabado en el expediente afianzó la mera sospecha inicial ni tampoco permite, por otro lado, superar los reparos señalados por las autoridades brasileñas para compartir nueva información”, expresó el camarista Roberto Boico en la resolución en la que confirmó la decisión de sobreseer al empresario, junto a sus colegas del Tribunal Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Al responder exhortos enviados desde la Argentina, los funcionarios judiciales de Brasil afirmaron que los hechos ocurrieron en ese país, donde hubo una causa judicial y no remitieron documentación al respecto.
“En este punto, entonces, la investigación del caso presentado por la fiscal debe ceder frente a imperativos constitucionales que se actualizan y emergen cuando se ha superado un tiempo razonable de duración del proceso”, agregó Boico.
Los camaristas recordaron que en cinco años de investigación " se libraron múltiples exhortos a Brasil, país que limitó su colaboración” porque entendió que el delito se cometió en su territorio.
Además, recordaron que “se practicaron diligencias para contar con la información de los libros de la casa matriz en Argentina, de la Caja de Valores y de cuentas) Se allanaron las oficinas de la empresa en nuestra ciudad y se secuestraron computadoras con la finalidad de encontrar comunicaciones que sostuvieran la denuncia”, entre otras medidas.
“No surgió signo alguno de trasferencias monetarias, directivas, menciones, operaciones o cualquier otra actividad que resultara compatible con la hipótesis de un hecho delictivo pergeñado con intervención de personas radicadas en el país, vinculadas a la empresa”, concluyeron los jueces.
Por su parte, la fiscal Ochoa había apelado el sobreseimiento de Bacher por considerarlo como “prematuro”
