Los últimos robos a locales comerciales en la Ciudad de Mendoza recrudecieron el pedido de la ciudadanía y de la oposición por mejorar las políticas de seguridad. Los legisladores que se paran en la vereda de enfrente de Cambia Mendoza, rápidamente canalizaron la demanda pidiendo al Ejecutivo provincial para que ponga en funcionamiento la Bicameral de Seguridad. El oficialismo pateó la pelota y dijo que lo harán a su tiempo.
En la reunión de Labor parlamentaria, el oficialismo anticipó que uno de los primeros proyectos que se tratará en sesiones extraordinarias, será el de la modificación del Código Penal para incorporar la figura del agente encubierto digital.
La oposición lo tomó como una forma de “sacar algo para generar un hecho sobre ‘seguridad’”. Pero desde Cambia Mendoza se defendieron al decir que “incorporar esta figura es un hecho concreto, y no un simple pedido para formar una comisión”.
“Están privilegiando a una figura que, si bien es necesaria, la Bicameral tiene su importancia también”, dijo embroncado un reconocido senador provincial a Los Andes. “La verdad es que la no voluntad de constituir la Bicameral es una mala señal. Lo van a terminar haciendo, pero la verdad que es una mala señal”, agregó.
El valor de la Bicameral no es menor, es que es la herramienta de contralor de la ejecución de las políticas de seguridad que tiene el Poder Legislativo y, sobre todo, la oposición. También, es cierto, es la chicana política con la que los espacios que no gobiernan le enrostran a los que sí lo hacen.
Además de esta función, la ley provincial 6721, establece mecanismos para la participación ciudadana en las políticas de seguridad: crea un consejo provincial, los consejos departamentales y los foros vecinales. Para el PJ, es crucial contar con esos organismos, ya que “permiten la vinculación entre la comunidad, las comisarías, los gobiernos municipales y el Ejecutivo provincial para que la ciudadanía puedan exponer sus problemas”.
“La ministra dice que los municipios no tienen que mirar para otro lado, pero la ley es clara que los consejos departamentales justamente son un instrumento para tener la articulación departamental y provincial y no funcionan”, dicen desde las bancas opositoras.
Además, denuncian que hay una figura de coordinador departamental que articula con el Ministerio de Seguridad, que “obviamente no la están haciendo funcionar”. Esta figura está dentro de la Ley 6721, y tiene entre sus funciones la posibilidad de “convocar a reuniones de los miembros de los consejos de seguridad departamentales, foros vecinales y funcionarios de policías a los fines de tratar cuestiones e inquietudes respecto a temas de seguridad”.
La lógica diría que la conformación de esta comisión no debería dar muchos problemas, pero desde uno de los bloques opositores explicaron que “como la preside la oposición, el que está en el oficialismo dilata la conformación, o la trata de debilitar, hacer que el armado sea más confuso”.
Y además aseguran: “Todo el diseño institucional de la 6721 está perdido, aprovechemos que hay un nuevo ministro, un nuevo inicio de gestión, y arreglemos la cosa. Y si no, trae una propuesta y explicá qué otro sistema querés tener. Pero un sistema tenemos que tener”.
La Bicameral de Seguridad, que la preside la oposición y está conformada por legisladores de ambos órganos, fue puesta en funcionamiento por última vez en 22 de julio del 2022 cuando asumió su conducción el diputado peronista Néstor Márquez. En 2023 no se conformó.
“La conformación de esta comisión permite un vínculo directo, la bicameral tiene agenda, puede recorrer, puede sentarse a hablar cuando lo requiera. Se te mete directamente en la gestión, con esto vos permitís la institucionalización de la Legislatura, le das al ministro de Seguridad la posibilidad de sentarse con representantes de los legisladores y discutir problemáticas que tienen que ver con los problemas de inseguridad”, explicó un senador opositor.
La facilitación en la comunicación que brinda la Bicameral es clara para los legisladores que no forman parte del frente gobernante. “Los legisladores podemos llamar a la ministra siempre y cuando las Cámaras lo aprueben. O sea que cada vez que vos querés llamar a la ministra tenés que pedir una aprobación en la Cámara. La bicameral tiene una dinámica donde puede resolver cosas mucho más directamente”.
“El oficialismo viene con el formato acostumbrado de trabajo como hacían con (Raúl) Levrino (NdR: ex ministro de Seguridad en la gestión de Rodolfo Suárez). Cuando consideraban un gesto de inhabilidad que un ministro vaya a la legislatura. Entonces, hoy están encerrados en esa lógica”, dicen desde la oposición.
¿Cuál es la posición del oficialismo? “El problema que tienen es que no se ponen de acuerdo qué legislador la va a presidir”, dicen. En la Ley provincial mencionada, la presidencia le corresponde alternadamente a cada Cámara. Al estar un año vacante, hay dudas en algunos.
Como en el 2022 la presidió un diputado, y en 2023 no estuvo en funcionamiento, el problema está en qué Cámara se hará cargo. Pero, niegan la posibilidad de dilatación. “Nosotros no tenemos ningún inconveniente en conformar la comisión”, aseguran.
Sin embargo, le agregan un “pero” porque les parece que “la oposición presentó el proyecto de prepo, por una cuestión de política o más por presión partidaria que de otra cosa”. Lo argumentan diciendo que el senador peronista, Félix González, presentó el proyecto para “formar la comisión el viernes a la siesta. Antes lo había sacado en los medios y antes ya había citado (Alejandro) Gullé (NdR: el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia). Entonces nos parece que planteado de esta forma es un pedido más mediático que otra cosa. No vamos a seguir los tiempos que ellos determinen”.
La convocatoria a Alejandro Gullé y a la fiscal Paula Quiroga, surgió a raíz de declaraciones de ambos a este medio en el que hacían referencia a un aumento en la cantidad de delitos en la provincia. “Si sale el Procurador y dice que se incrementaron los delitos y que son más violentos, ¿qué esperás que pase?”, advirtió un senador opositor.
De qué se trata la figura del agente encubierto digital
El primer proyecto que se tratará en el Senado tiene que ver con una iniciativa que durmió varios meses en la Cámara de Diputados. Se trata del agente encubierto, una figura que requiere que se le modifique el Código Procesal Penal de la provincia.
Este cambio permite crear un perfil digital encubierto para interactuar y relacionarse con el propósito de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores de un delito como el grooming; prevenir la consumación de un delito; o recopilar información o pruebas necesarias para la investigación.
“Nosotros le dimos media sanción el año pasado, pasó a diputados y en noviembre, poco antes del receso, entró otra vez al Senado”, explicó una senadora oficialista. Es que la Cámara Baja se tomó su tiempo para debatirlo y hacerle nuevos cambios.
Con respecto a la prevalencia de esta figura por sobre la conformación de la Bicameral la negó por completo: “Nosotros no dijimos que le íbamos a dar más prevalencia. No es así, no tuvimos tiempo de tratarlo antes del receso y lo queríamos tratar apenas volviéramos porque es importante para nosotros”.
“Voten esto, que más que convocar a una comisión bicameral es una medida concreta”, le subió el tono a la discusión un legislador oficialista.
