El senador neuquino Oscar Parrilli, mano derecha de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, convocó entre gallos y medianoche a la comisión que preside, de Justicia y Asuntos Penales, a una reunión para este viernes a las 16 con el fin de debatir dos viejos proyectos, pero no del oficialismo ni del Gobierno, sino de la oposición, que modifican la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Se trata de dos propuestas de la neuquina Lucila Crexell, del interbloque Parlamentario Federal, y una del porteño Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio, que fijan una mayoría especial de dos tercios de los presentes para poder designar en el Senado al procurador general de la Nación —que es la mayoría actual requerida por ley—.
La representante del bloque Movimiento Neuquino propone en su proyecto una duración de cinco años mientras que la iniciativa del senador de la UCR establece un mandato de seis años. ¿Pero qué pasa?
En JPC advierten que es “una artimaña” del Frente de Todos (FDT) para poder designar al jefe de los fiscales federales, porque hoy no tiene el número para poder hacerlo.
El FDT tiene una mayoría invencible de 41 de los 72 senadores, a quienes se agregan sus aliados Magdalena Solari (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro), pero no llega a los dos tercios de los votos (48), porque JPC y el interbloque Parlamentario Federal suman los restantes 29 legisladores.
Los cambiemistas señalan, en este sentido, que la convocatoria de Parrilli podría tener el objetivo de poner en discusión la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, “resaltando que se tratan proyectos de la oposición, no de ellos, y despachar el tema con modificaciones; en particular, para reducir de dos tercios a mayoría simple la cantidad necesaria de votos del Senado para nombrar al procurador general de la Nación”.
“El cristinismo no tiene límites ni cree en nada que le pueda aportar Alberto Fernández a la solución de sus problemas judiciales. No le interesa lo que diga la comisión Beraldi (por la comisión de juristas encargada de elaborar parte de la reforma judicial). Rescata proyectos antiguos de la comisión y los modifica a su conveniencia sin hacerse cargo de tomar la iniciativa. Dejarán sin la necesidad del acuerdo de los dos tercios del Senado a la designación del procurador general de la Nación”, dijo a Los Andes el senador cordobés Ernesto Martínez (Frente Cívico-PRO).
Causas y consecuencias
El presidente Fernández propuso en diciembre, a pocos días de haber asumido, al juez federal Daniel Rafecas para dicho cargo, pero el nombramiento no se produjo porque JPC y el interbloque Parlamentario Federal, que preside el salteño Juan Carlos Romero, se abroquelaron, ejercen una oposición dura y le impiden al oficialismo toda iniciativa o acuerdo que requiera los dos tercios de los votos.
A Cristina Kirchner, que es la presidenta del Senado, no le importa mucho la designación de Rafecas, dicen quienes la conocen. Le importa, sobre todo, desplazar al actuar procurador, Eduardo Casal, para que ingrese en su lugar Víctor Abramovich.
Casal es procurador interino (por ser el procurador con más tiempo en el cargo asumió en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, quien renunció el 31 de diciembre de 2017).
Abramovich es actualmente procurador ante la Corte Suprema, cargo en el que asumió en el cargo cuando Gils Carbó comandaba el Ministerio Público Fiscal y, siendo abogado, había firmado la solicitada que dio origen a la agrupación kirchnerista de jueces y fiscales Justicia Legítima.
Si, como dicen en JPC, este supuesto truco parlamentario del oficialismo, con esta convocatoria de Parrilli, resulta exitoso para los planes de la Casa Rosada, Rafecas, Abramovich o quien fuera podría convertirse en procurador general más pronto que tarde.
Rafecas dijo no
El candidato del presidente aclaró hace dos meses que seguía en su “aspiración a acceder al cargo”, después de que trascendieran, en una nota del portal Infobae, apreciaciones negativas suyas sobre la reforma judicial que realizó en una reunión por videollamada con sus colaboradores.
En esa ocasión, Rafecas expresó su disgusto con los ataques del kirchnerismo a Casal y advirtió: “No cuenten conmigo, no acepto que se elija al procurador con mayoría simple”.
Aludió así a la supuesta intención de facilitar, con la reforma judicial —que ahora puede ser con esta maniobra de Parrilli—, la mayoría requerida para el nombramiento del jefe de los fiscales federales: la mitad más uno en vez de los dos tercios de los presentes. Rafecas entiende que esto le quitaría legitimidad a su nombramiento.
En caso de que el Senado modifique la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, ese proyecto igualmente debe pasar por la Cámara de Diputados, donde el FDT no tiene mayoría y debe negociar todo con la oposición.
