Sorpresivamente, el bloque de senadores del Frente de Todos anunció hoy que no volverá a participar en las votaciones de los pliegos de los candidatos a jueces y fiscales.
La decisión anunciada por el justicialismo fue una reacción a la votación del pliego de una candidata a magistrada que es sobrina de la ministra de la Corte María Teresa Day, quien también había sido nominada para ese cargo por el gobernador Rodolfo Suárez.
El pliego de la discordia es el de Juliana Labayru, cuya postulación a fiscal de instrucción era sometido precisamente hoy al dictamen de las bolillas positivas y negativas del Senado.
“No vamos a votar más los pliegos, queremos un sistema distinto de selección de jueces porque se vulnera la división de poderes”, exclamó el senador peronista Alejandro Abraham, justo cuando comenzaba la sesión de acuerdos en la que se votaría el pliego de Labayru.
El anuncio estuvo acompañado de un comunicado de prensa en el que el PJ reconoció que el pliego de la candidata a fiscal que se vota hoy “terminó de colmar el vaso para el peronismo”, pero en el cual también se adujeron razones de fondo.
“Esto se debe a la determinación desde hace seis años del gobierno provincial de querer manejar la Justicia de una manera directa, como si fuera un apéndice del Poder Ejecutivo”, expresó el PJ, e indicó que durante las gestiones radicales se aprobaron los pliegos de 113 magistrados, la mayoría de ellos durante el gobierno de Alfredo Cornejo.
“Si tenemos en cuenta que en Mendoza hay 319 cargos para magistrados, eso quiere decir que más de un tercio de los jueces, fiscales y defensores han sido puestos por Cambia Mendoza”, señaló el comunicado, que también mencionó los integrantes de la Corte que incorporó la era radical (Day, Dalmiro Garay y José Valerio) y la designación del Procurador Alejandro Gullé.
“Además, la gestión radical también designó a los titulares de la Contaduría de la provincia y el Tribunal de Cuentas, cargos que son vitalicios”, precisó el PJ antes de dar el portazo. “Esta práctica no solo vulnera la calidad institucional de la provincia, sino que el modo inconsulto y prepotente con el que se realiza hizo que fuese necesario que el peronismo tomara postura frente a ello”, cerró el comunicado.
La medida del justicialismo tiene como contexto las votaciones de pliegos de magistrados y miembros de órganos de control, para los cuales el bloque oficialista cuenta con los votos necesarios (mitad más uno de los miembros del Senado) para imponerse.
En el medio, hubo una fuerte reacción del radicalismo. “Esto es un despropósito”, exclamó el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, que acusó al PJ de impulsar “la elección popular de los jueces”.
También se quejó de la decisión el jefe del bloque oficialista, Alejandro Diumenjo. “Hablan de la elección de los magistrados y se oponen a la discusión de la reforma institucional, lo podrían plantear allí”, razonó.
Jaliff agregó que “los postulantes que llegan acá pasaron por un proceso establecido por la Constitución; exámenes, test psicológico, audiencia con los integrantes del Consejo de la Magistratura, que está integrado por jueces, legisladores y abogados; y audiencia pública en el Senado de adhesiones e impugnaciones. El Poder Ejecutivo solo se limita a elegir entre una terna de candidatos que cumplieron con ese procedimiento”.
Abraham en tanto indicó que lo de la elección popular de jueces fue solo un ejemplo y sostuvo que el PJ pretende la “participación popular” y la “democratización de la Justicia”. “El sistema está obsoleto, hace falta que se garantice imparcialidad. Queremos discutir un sistema mejor, pero no tenemos una postura cerrada”, agregó.
