Dos semanas después de la sanción de la nueva ley que regula el sistema de videovigilancia de Mendoza, el Ministerio de Seguridad y Justicia firmó su primer convenio con privados para incorporar cámaras al sistema de monitoreo. Se trata de la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe), que tiene base en la zona industrial de Godoy Cruz.
La ministra Mercedes Rus firmó un convenio con el vicepresidente de la Aderpe, Sergio Omar Olivencia, con el fin de incorporar cámaras privadas al sistema de videovigilancia provincial. “Estas son las primeras cámaras incluidas formalmente a través de un acuerdo y en el marco de una ley”, destacó la ministra tras la reunión.
También, estuvo presente el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich. El acuerdo se enmarca en la Ley provincial 9562 de Videocámaras, aprobada en la Legislatura el pasado 24 de julio. La norma tiene como objetivo integrar los dispositivos de videovigilancia privados que registren la vía pública o que se encuentren en el interior de lugares con acceso público, al sistema de videovigilancia de Mendoza.
En ese sentido, Rus señaló que “la relación público-privado, cuando realmente se fortalece y se cuentan con instrumentos favorables, como es el caso de la integración entre nuestros centros de trabajo en el Ministerio y las cámaras privadas, resulta muy positiva en nuestra lucha por mejorar la seguridad”.
En tanto, Leandro Biskupovich destacó: “Con este convenio, buscamos integrar las cámaras privadas al sistema de monitoreo provincial. La sanción de la ley y el proyecto de reingeniería del sistema de videovigilancia han sido fundamentales para hacer posible esta integración”.
Biskupovich extendió su agradecimiento a Aderpe y a la empresa Alser, que ha sido una de las primeras en aportar sus cámaras, al señalar que “la interacción entre el sector público y privado es fundamental y se reflejará positivamente en la sociedad”.
La nueva ley
La nueva ley regula el uso de cámaras de seguridad en lugares públicos, incorporando por un lado tecnología de inteligencia artificial; pero también agrega la posibilidad de contar con las cámaras instaladas por privados en lugares públicos.
Según la ministra, este sistema es crucial no sólo para abordar diversos delitos y seguir trayectorias delictivas, sino también como evidencia fundamental en investigaciones y condenas efectivas.
Establece que el uso de videocámaras debe ser “proporcional y justificado, prohibiendo la captura de imágenes en propiedades privadas sin consentimiento expreso o autorización judicial”.
Las imágenes y datos obtenidos serán confidenciales, accesibles solo por autoridades competentes en causas judiciales o administrativas. Además, las grabaciones accidentales que violen la ley deben ser destruidas inmediatamente, salvo que estén relacionadas con un caso judicial.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de cámaras privadas al sistema de vigilancia estatal, siempre que cumplan con estándares de compatibilidad y seguridad. Esto busca ampliar la capacidad operativa, mejorar la eficacia en la prevención del delito y permitir un mejor seguimiento de las trayectorias delictivas.
El proyecto adopta directrices de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, “asegurando el respeto por la privacidad y la seguridad de la información” y aseguran que se “garantiza el respeto por los derechos humanos, como la privacidad y el honor, mientras se provee seguridad jurídica al sistema de videovigilancia”.
El sistema de videovigilancia, que ya cuenta con aproximadamente 2.170 cámaras, será actualizado para incluir nuevas tecnologías, como el reconocimiento automático de patentes y la inteligencia artificial.
También contempla la interoperabilidad de los sistemas municipales, requiriendo que informen a la autoridad competente sobre la colocación de videocámaras y aseguren su compatibilidad con los protocolos recomendados.
