“La Argentina ha entrado en la segunda ola”, sentenció Alberto Fernández al anunciar el retorno de las restricciones a la circulación para tratar de contener al coronavirus. Y de nuevo volvió a instalarse la tan dañina incertidumbre, sobre todo, porque la Casa Rosada no completó partidas presupuestarias para volver a asistir en forma directa a los sectores más vulnerables.
Por lo pronto, las acciones se extenderán hasta mayo para completar la vacunación de quienes integran los grupos de riesgo, con la premisa de no frustrar la recuperación de la actividad económica ni la presencialidad en las escuelas.
En el gobierno nacional se limitan a prometer que, “si hay un rebrote fuerte”, se tomarán “medidas excepcionales”, pero ya se descartó la posibilidad de volver a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tuvo tres ediciones hasta setiembre, en las que cada uno de los 9 millones de beneficiarios recibió 10 mil pesos.
Tampoco se prevé la vuelta de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), con la que las empresas recibieron fondos para cubrir el 50% (o hasta $ 30.000) del salario de cada uno de sus trabajadores.
El accionar contra el Covid-19 demandó el año pasado el equivalente a 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y determinó la mayoría del déficit fiscal primario, que se ubicó en 6,5% del PBI, o sea, $ 1,7 billones.
Ahora, el plan que diseñó el ministro Martín Guzmán apunta a “normalizar la economía” y a ordenar las cuentas públicas para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita refinanciar U$S 45.000 millones. Pero avanzar con la reducción del déficit fiscal es una misión que suma dificultades frente a un año en el que el oficialismo debe cuidar su plataforma electoral.
Otra disputa interna
Aunque en la Casa Rosada se mueven con una sábana corta, existe una serie de elementos que, combinados, permiten vislumbrar cierto margen de maniobra para ampliar el gasto público. “La suba de precios internacionales, la depreciación del tipo de cambio, la mayor inflación, el crecimiento económico y el Aporte Solidario, o sea, más impuestos, van a generar que la recaudación aumente en alrededor de 2 puntos del PBI”, calculó ante la consulta de Los Andes Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas.
Marengo indicó que, si la economía continuara este año en condiciones de “velocidad crucero”, sin nuevos ajustes, el déficit debería ubicarse a fin de año en torno a 4 puntos del PBI, número similar al que proyectó Guzmán. “Sin hacer ningún tipo de ajuste, el Gobierno puede demostrar que bajó de 6,5 puntos a 4 puntos el déficit porque eso se logra con el ritmo que se alcanzó a fines del año pasado”, remarcó.
Es ahí donde Guzmán comienza a contabilizar cualquier ingreso extra que reciba la AFIP. Para Marengo, ese adicional podría ascender a “$ 800 mil millones”.
Las cuentas también suponen un dilema y explican, en parte, las crecientes tensiones en el Frente de Todos. Por un lado, Guzmán podría aprovechar la recaudación extra para enviarle una señal de buena voluntad al FMI y reducir aún más el déficit. Sin embargo, en el oficialismo ya resuenan las voces de quienes reclaman que esos fondos sean para atender el drama de una sociedad con 42% de pobres y tratar de sosegar a los sectores desencantados para evitar un golpe en las urnas.
Más allá de la vocación de Guzmán, se sabe que la necesidad tiene cara de hereje. Y si se imponen las urgencias del corto plazo, esas partidas podrían destinarse a ampliar el gasto público, ya sea mediante asistencias directas o subsidios para las tarifas de servicios públicos.
Así, los problemas estructurales se patearán hasta después de las elecciones, porque las divisas que ingresen por la bonanza de los precios internacionales no irán a las reservas, dado que el nivel de gasto será mayor, y porque las tarifas seguirán retrasadas. Todas variables que pesan en las discusión con el FMI.
La tensión social crece
Mientras el gobierno maniobra, volvieron a ser masivas las movilizaciones sociales para reclamar un refuerzo de la asistencia alimentaria, otros planes sociales y empleos. El Gobierno tomó nota y aceleró gestiones que, por ahora, se centrarán en las mejoras anunciadas el viernes para el Programa de Recuperación Productiva (Repro II), que se puso en marcha en noviembre para reemplazar el ATP.
El jueves, sobre la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires hubo hasta 12 cuadras consecutivas repletas de manifestantes en su paso hacia la sede central del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Eran integrantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y del Movimiento Barrios de Pie, cuyo jefe político es Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio de Desarrollo Social. Marcharon para pedir empleos, porque la situación social apremia.
