El tribunal oral federal (TOF) 2 dispuso hoy retomar “de modo semi presencial” las audiencias del juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015, suspendidas a partir de los decretos de aislamiento social dictados por el avance de la pandemia de coronavirus.
“Considerando las nuevas modalidades vigentes para la Administración de Justicia en tiempos de pandemia y visto el resultado de las gestiones emprendidas por el Tribunal en tal sentido, es que por la presente habremos de disponer la reanudación del presente debate oral y público de modo semi presencial”, sostuvo el TOF 2 en un fallo.
Al respecto, los jueces Rodrigo Gimenez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini precisaron que "el Tribunal se constituirá en pleno en la Sala de Audiencias junto con el actuario y la persona que se encuentre convocada a prestar declaración testimonial, y la totalidad de las partes y demás participantes habituales del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia que a esos efectos proveerá el Consejo de la Magistratura”.
Sin confirmar la fecha de reinicio, los jueces adelantaron en su resolución que las audiencias de debate se desarrollarán, como era habitual antes de la suspensión por la pandemia, los lunes de cada semana, a partir de las 9.30, si ese día estuviera disponible, según surja del calendario y agenda que publica el Consejo de la Magistratura.
Antes de fijar la fecha de reanudación, los magistrados requirieron que, en el plazo de 72 horas hábiles, se informe a los imputados y abogados que participarán del juicio en las condiciones descriptas y que cada uno aporte el nombre completo, el teléfono personal de contacto, un correo electrónico y el domicilio físico desde donde se entablará la conexión virtual.
“Hágase saber a las partes que, en ese plazo, podrán realizar toda manifestación que consideren adecuada en relación a la metodología escogida por el Tribunal para la continuación del debate”, indicaron los jueces.
El juicio tiene entre los acusados a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al empresario Lázaro Báez y otros procesados por el presunto direccionamiento de la obra pública nacional a favor de “Austral Construcciones” en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
