Diecisiete mandatarios provinciales institucionalizaron este viernes la denominada Liga de Gobernadores, para la que van a convocar a Rodolfo Suárez, con la idea de consensuar planteos específicos para el presidente Alberto Fernández y reclamar al Congreso que deje de cajonear proyectos de ley que son importantes para generar inversiones.
Es el primer movimiento fuerte de los jefes provinciales en mucho tiempo. Y llega después de la ruptura política que se generó entre Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. La estrategia y los discursos denotan elevado hartazgo ante problemas que se generan y no tienen solución oficial: la inflación, la escasez de gasoil y el aumento de planes sociales.
“Si todos los gobernadores forman parte de esta liga, seremos un espacio para que el pluralismo, los consensos y demostrar así al pueblo argentino que podemos superar la grieta”, dijo Jorge Capitanich, el anfitrión en la reunión de institucionalización que se desarrolló en un centro de convenciones de Resistencia.
Llegaron al Chaco Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Ricardo Quintela (La Rioja), Arabela Carreras (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan); enviaron a sus vices Misiones y Salta. Y a distancia se sumaron Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut.
La próxima cumbre será el 27 de julio en Bariloche. Zamora dijo que espera que se sumen más gobernadores. Van a invitar al cordobés Juan Schiaretti; al mendocino Rodolfo Suárez; al correntino Gustavo Valdés; al jujeño Gerardo Morales; y al porteño Horacio Rodríguez Larreta, con quien tienen más diferencias explícitas por las disputas de la coparticipación.
“Los convocamos al dialogo por encima de cualquier cuestión partidaria. Esto no tiene que ver ni con una cuestión partidaria ni electoral ni con ninguna grieta. Planteamos el federalismo desde la unidad de los argentinos”, comentó Zamora. Y Ziliotto agregó: “Tenemos que debatir claramente despojados de cualquier pertenencia política, sectorial e ideológica. Esto es una liga de gobernadores institucional que lucha por la mejor calidad de vida en cada uno de sus territorios”.
En la charla del viernes surgió que las provincias necesitan que el Congreso sancione dos iniciativas: la Ley Agrobioindustrial, que fue consensuada por Nación con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y desde el 11 de noviembre duerme en Diputados. Y la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que está desde septiembre en un cajón.
Pero, además, los mandatarios quieren tener voz en los temas que se están definiendo ahora, como la segmentación de tarifas. Carreras dijo: “En materia de energía eléctrica tenemos el desafío de lograr una adecuada distribución de los subsidios a los usuarios. Esto no está definido todavía. Queremos participar en función de nuestras realidades”.
Y Jalil amplió que quieren proponer tarifas planas para el gasoil, la electricidad y el agua en todo el país, para lo que necesitan el consenso unánime por la redistribución de subsidios. En paralelo, quieren apurar el debate de fondo por los recursos para el transporte de pasajeros, dado que mientras en las provincias el boleto urbano llega a 65 pesos, en el Área Metropolitana de Buenos Aires vale 18 pesos.
Ziliotto también narró que uno de los temas que más preocupan a los mandatarios es cómo transformar los planes sociales en trabajo digno. “No queremos caer en la discusión entre dirigentes. La gente nos está mirando hoy para que les demos soluciones, no para que nos peleemos entre nosotros”, dijo el pampeano en clara alusión a los cruces recientes entre Alberto y Cristina.
Zamora llevó a la mesa una propuesta concreta. Dijo que el Potenciar Trabajo (que en julio alcanzará los 22.770 pesos) pueda ser contabilizado por las empresas como parte de un salario y que las provincias pongan de sus arcas una suma igual, para llegar a un piso de 45.540 pesos por un plazo determinado, que podría ser de seis meses o un año, y que el resto sea pagado por el empleador.
El documento que lleva la firma de los 17 mandatarios señala también que pretenden alertar “alertar sobre el impacto de la inflación en los ingresos de las familias argentinas”, a los efectos de “solicitar la implementación de medidas específicas destinadas a desacelerar su impacto de manera clara y sostenida”, pues su crecimiento afecta las tarifas, la ejecución de las obras, el sostenimiento del salario real y genera efectos colaterales que afectan el desenvolvimiento de las políticas públicas en nuestras provincias.
