Francisco “Paco” Pérez deberá esperar unos días para conocer el resultado de una causa judicial que pesa en su contra. El ex gobernador provincial fue imputado por el fiscal Santiago Garay, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, por enriquecimiento ilícito en una causa donde es investigado por la compra de un departamento en las Torres Agustinas mientras era funcionario.
Se realizaron tres pericias contables para determinar si los ingresos de la familia permitían la adquisición en 2013 del inmueble ubicado en el coqueto barrio Bombal Sur de Godoy Cruz. Sobre la tercera pericia, la defensa pide la nulidad al manifestar que no se le dio participación. La jueza de Garantía, Érica Sánchez, recibió a las partes y pidió un cuarto intermedio para resolver.
Tras su paso por la Gobernación de Mendoza, “Paco” Pérez acumuló tres denuncias en su contra. Además de ser acusado por enriquecimiento ilícito, tuvo una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando era ministro de Infraestructura de Celso Jaque en la prórroga de concesiones petroleras a la empresa Chañares Herrados sin que contara con la solvencia financiera necesaria. Y otra por falsedad ideológica luego de la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, sobre el final de su gestión como gobernador. En ambas fue sobreseído, quedando aun la investigación que encabeza el fiscal Garay por la compra del inmueble.
En este caso, y a raíz de una denuncia impulsada por senadores radicales en 2016, la presentación se llevó adelante luego de que la Fiscalía de Estado hiciera públicas las declaraciones juradas de anteriores y actuales funcionarios públicos. Los legisladores de la UCR esgrimieron que la pareja tuvo un marcado incremento patrimonial durante los años en que Pérez ejerció cargos públicos y que los bienes declarados por ambos no serían compatibles con el salario de funcionario público y el patrimonio preexistente.
Las miradas se posaron en la compra realizada en 2013 de un departamento en las Torres Agustinas con valor de $1.165.000 -según consta en la denuncia de marzo de 2016 a valores de aquella época-. Asimismo, también se apuntaba a la adquisición de una cochera en el mismo complejo valuada en unos $126.000 y un automóvil Peugeot 3008 con una cotización de $295.000.
Según remarcaba la acción judicial impulsada, estos bienes habían sido adquiridos por la pareja mientras Pérez se desempeñaba como gobernador, con un sueldo aproximado de $45.000, sobre el final de su mandato. Al mismo tiempo se señalaba que su esposa Celina Sánchez había dejado de desempeñar tareas en su cargo de planta en la Fuesmen y no registraba ingresos en su declaración jurada.
Las pericias y una definición que se estira
La primera pericia realizada arrojó que a partir de los ingresos del ex Jefe de Estado provincial y la ex primera dama no se podía justificar la adquisición del departamento. No obstante, luego se hizo una segunda pericia que determinaba lo contrario. Por esta razón se encargó un tercer estudio contable que realizó la Universidad Nacional de Cuyo y ratificó la primera conclusión y sobre la base de esta pericia se avanzó con la imputación.
Juan Day, abogado defensor de Pérez, había indicado semanas atrás a Los Andes que habían interpuesto un pedido de nulidad. “Los dos pericias anteriores eran contradictorias, entonces el fiscal pidió que sea la Universidad Nacional de Cuyo la realice la tercer pericia. Tenían que darle participación a la defensa y no lo hicieron, por lo tanto pedimos que se declare nula”, expresó.
La resolución quedó en manos de la jueza de Garantías, Érica Sánchez quien en la audiencia oral de hoy recibió en forma oral las pretensiones escritas y ordenó un cuarto intermedio para estudiar el expediente, según indicó la defensa de Pérez a este medio.
Sobre la fecha posible no hay indicios porque “una vez que la jueza esté en condiciones de resolver, pide la fecha en la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP)”, agregó la defensa.
