Sobre el cierre del año, el exjuez Walter Bento recibió una noticia favorable desde Buenos Aires. La Cámara Federal de Apelaciones falló en contra del archivo de una denuncia que él había realizado contra el fiscal general Dante Vega y el exmiembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, a raíz de la declaración que realizó el testigo Diego Barrera en el megajuicio que se lleva adelante en contra suyo en Mendoza.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires declaró la nulidad del archivo dispuesto por “imposibilidad de proceder” que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti, y además resolvió apartarla de la causa. El juez que resultó sorteado para retomar la investigación fue Daniel Rafecas.
El fallo de la Cámara subrayó que la jueza Capuchetti no llevó adelante ninguna de las medidas propuestas por la querella impulsada por Bento. Ante estos hechos, los magistrados de la Sala II consideraron que la negativa de la jueza a investigar los elementos del caso, ameritaba la nulidad de su resolución y ordenaron su apartamiento del expediente.
El fallo contó con los votos de los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun (en disidencia parcial, se opuso al apartamiento de Capuchetti particularmente).
Sobre el archivo de la causa, los magistrados observaron determinados “déficits de fundamentación” de la jueza Capuchetti y señalaron que el eje central de su argumentación fue que “las hipótesis delictivas planteadas en la denuncia están orientadas a impugnar, mediante la imputación de un delito, una decisión el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura”.
Y citaron la conclusión de su fallo, en que menciona: “Si bien de momento no se pudiera corroborar los extremos de la denuncia, e incluso, se descartó la existencia de maniobra alguna, no desconozco que aún queda pendiente el proceso seguido en la Provincia de Mendoza, en donde aún no se ha podido determinar cuál de las dos versiones ofrecidas por Barrera se corresponde con la realidad, lo que impide avanzar sobre la hipótesis delictiva que conforma el objeto procesal de estas actuaciones”.
Los jueces explicaron que el archivo la magistrada dispuso la ´imposibilidad de proceder´, “invocando para ello extremos de un expediente que se sigue en la justicia federal de la Provincia de Mendoza (pese a que ya dos veces esta Cámara rechazó la remisión del legajo a dicha sede)”.
“No obstante, los argumentos previos parecieron apuntar a descartar la relevancia penal de los hechos y enmarcarlos en debates propios de asuntos de otras índoles”, apuntó la Cámara.
Y señaló que “el déficit de motivación queda expuesto por la enunciación de circunstancias ajenas al caso y por la falta de producción de medidas de prueba que impulsó la querella, que claramente eran pertinentes en los términos del art. 193, CPPN y no fueron concretadas con anterioridad al fallo”.
En tanto, sobre el apartamiento de la jueza, los magistrados Farah y Boico sostuvieron: “Como la jueza –pese al empeño demostrado en su tarea propia ya anticipado opinión sobre el fondo del asunto –según se entiende aquí, intempestivamente- se hará uso de la herramienta del art. 173, CPPN, apartándola del conocimiento del legajo”.
Mientras que el juez Irurzun opinó “No advierto motivos que lleven a hacer uso de la herramienta del art. 173, CPPN –pese a lo solicitado por la querella-”.
El exjuez Bento realizó esta denuncia el año pasado, luego de las explosivas declaraciones del testigo Barrera (condenado por el homicidio de Diego Aliaga), quién aseguró que su testimonio en la Instrucción fue orquestado por el fiscal Vega. Además había declarado en contra de Bento en el proceso iniciado por el Consejo de la Magistratura para destituirlo como juez.
Bento se encuentra arrestado en la cárcel federal de Cacheuta, mientras es juzgado como líder de una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a cambio de favores judiciales. Además está imputado por desobediencia judicial, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos.
