Después del fracaso de la última sesión en la Cámara de Diputados, referentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio retomaron diálogos informales para intentar destrabar la ley de etiquetado frontal y otros proyectos pendientes, pero se retrasa el acuerdo y, en paralelo, crece la incertidumbre sobre el Presupuesto 2022.
El viernes pasado, el oficialismo y la principal bancada de la oposición intentaron un primer acercamiento. Fue en un zoom del que participaron, por el Frente de Todos, las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa del bloque) y Paula Penacca (secretaria parlamentaria), y por Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato (PRO) y Brenda Austin (UCR).
Desde el oficialismo se reafirmó la voluntad de sesionar con la agenda prevista para la semana pasada, que incluía, además del proyecto de etiquetado, dos iniciativas para trabajadores viñateros y una para personas en situación de calle. En su gran mayoría, Juntos por el Cambio avala el temario, pero exige ampliarlo.
Uno de los temas pedidos por el interbloque de Mario Negri es la nueva Ley Ovina, que lleva de 80 a 850 millones de pesos el presupuesto anual destinado a promover ese sector, focalizado en la región patagónica. El tema también es empujado por el rionegrino Luis Di Giácomo, que integra Unidad Federal para el Desarrollo.
El Frente de Todos está dispuesto a incorporar la Ley Ovina, pero no así otros proyectos que impulsa Juntos por el Cambio y que no cuentan con dictamen de comisiones, como la modificación de la ley de alquileres, la declaración de la emergencia educativa y hasta la boleta única de papel.
En el Interbloque Federal también hay demandas. Córdoba Federal, que preside Carlos Gutiérrez, tiene dos: la transferencia del dominio del predio del excentro clandestino de detención “La Perla” a la provincia; y un proyecto de Alejandra Vigo para que los trabajadores agrarios temporales mantengan el cobro de la Asignación Universal por Hijo.
A su vez, la lavagnista Graciela Camaño impulsa una ley para declarar “área marina protegida” la superficie de 148.000 kilómetros cuadrados donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes. El proyecto, denominado “Agujero Azul”, está listo para ser tratado en el recinto y tiene aval de Cancillería.
Los temas están sobre la mesa, pero aún no se elaboró la hoja de ruta definitiva y tampoco se definió fecha para la próxima sesión -algo que deberían consensuar todos los jefes de bloque-. A la falta de acuerdos políticos se sumó el feriado largo y la dificultad logística para retomar la actividad presencial esta semana.
Mientras tanto, continúa la incógnita en torno al Presupuesto, que Martín Guzmán debe defender en Diputados. El jueves se cumplirá un mes desde su envío y se sigue dilatando la presentación, mientras el ministro de Economía se encuentra en Washington por reuniones con el FMI.
La presencia de Guzmán fue uno de los reclamos de Juntos por el Cambio, definidos por Máximo Kirchner como un inaceptable “pliego de condiciones” a cambio de dar quórum el martes pasado. El jefe del bloque oficialista criticó la actitud del interbloque opositor, pero no dio respuestas sobre el debate del Presupuesto.
Guzmán inició una ronda de reuniones con funcionarios del FMI en torno al préstamo de 44.000 millones de dólares que Argentina contrajo en 2018. Cualquier acuerdo que se firme deberá ser autorizado por el Congreso, lo que abre interrogantes sobre la demora en el tratamiento del Presupuesto, que no incluye el desembolso para 2022.
