El juicio político a Walter Bento acaba de arrancar, pero ha tomado velocidad. Tanta que ya existe una fecha cercana para el fallo que resolverá si el magistrado es confirmado o removido de su cargo de juez.
Entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre, o sea, en no más de 40 días, la suerte estará echada para el magistrado suspendido, quien hasta abril estaba al frente del Juzgado Federal Número 1 y era la máxima autoridad electoral de la provincia. Aunque hay quienes calculan que la sentencia podría conocerse antes, incluso.
Todo trascurre con mucha rapidez en este ámbito. Las audiencias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados comenzaron este lunes, en el edificio donde tiene sus oficinas la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras los alegatos iniciales de la acusación y la defensa, habló el juez para defenderse.
Luego, en apenas dos días, dieron testimonio en forma presencial o por zoom la mayoría de los testigos propuestos por la defensa de Bento.
Se pautó para el 9 de octubre el próximo encuentro, en el que declararán los contadores Raúl Cavecedo y Cristian Bejer para cerrar la nómina. Luego, se realizarán los alegatos finales del juicio, en los que seguramente volverá a a pronunciarse Bento. Se espera que todo ocurra en el mismo lunes 9 de octubre.
A partir de entonces, empezará a correr el plazo para que el tribunal, compuesto por dos jueces, cuatro legisladores nacionales y un abogado, se expida. Desde el momento de los alegatos, el Jurado tiene como máximo 20 días hábiles para dar a conocer el fallo, que será irrecurrible: las partes no podrán apelar la remoción o confirmación en el cargo de Bento.
Al juez mendocino se lo juzga por mal desempeño de funciones. El proceso administrativo tiene independencia del juicio penal, aunque es muy difícil desvincular a uno del otro.
De hecho, el lunes, en los alegatos iniciales, el abogado acusador Miguel Piedecasas remarcó que el juez mendocino “está procesado en ocho oportunidades por diez diferentes delitos, con orden de embargo y prisión preventiva” y detalló las acusaciones de la causa penal en su contra, en la que aparece como jefe de una asociación ilícita. Esas imputaciones van desde “haber recibido dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones favorables a los sobornadores” a haber experimentado “un enriquecimiento patrimonial injustificado”.
Pero la defensa de Bento rechaza tajantemente que las cuestiones judiciales contra Bento se analicen en el ámbito del Jury. “No hay un fallo que determine que es culpable de esos delitos”, se defiende el abogado Mariano Fragueiro, para quien la mayoría de las imputaciones de mal desempeño que no están relacionadas a la causa penal han sido desmoronadas por el juez.
En este sentido aseguró, por ejemplo, que Bento no tiene fondos en el exterior y que las tarjetas de crédito con las que pagaba sus numerosos viajes por el mundo pertenecían a las agencias de turismo y no al magistrado.
La defensa del juez también se ha referido a la causa penal y ha buscado configurar en el Jury las acusaciones como un complot en contra del magistrado, en el cual los detenidos han sufrido “torturas”. Y dice no tener mayores preocupaciones en el juicio político que la omisión en las declaraciones juradas de algunos artefactos, como un reloj Rolex y dos bicicletas de alta gama.
Hay que decir que la acusación incluye en su paquete de cuestionamientos los numerosos viajes al exterior sin justificar cómo los había pagado y con “ostentación”, la toma de un crédito hipotecario que no le correspondía adquirir porque ya tenía casa, su presentación en un concurso para ascender a camarista cuando eso está prohibido para un juez procesado y maniobras ilegales para realizar la venta de un departamento y eludir un embargo.
Por otra parte, se lo acusa por abuso de autoridad al no haberse inhibido de una causa en la que era investigada una persona cercana a él, además de rastrear información en oficinas públicas respecto de la investigación que realizaba el fiscal Dante Vega y que lo tenía como objeto. También por haber dejado un mensaje intimidante para el juez de instrucción Eduardo Puigdéngolas en una caja de seguridad de su propiedad y por haberse negado a entregar elementos de prueba, como su teléfono celular.
Algunas de estas acusaciones guardan cierta similitud con las que provocaron en 2002 la destitución del juez mendocino Luis Leiva, quien tenía muchas imputaciones y casi todas fueros rechazadas, pero alcanzó con que el Jurado de Enjuiciamiento lo culpara por no apartarse de una causa en la que se investigaba un supuesto complot en su contra.
Bento promete que ahora sí se tomaría licencia
Según Mariano Fragueiro, el abogado principal de Bento, el juez tiene decidido “tomarse licencia” y no volverá a ejercer el cargo si el Jurado de Enjuiciamiento decide que continúe en su cargo.
“No seguirá impartiendo justicia mientras esté sometido al juicio penal”, aseguró Fragueiro, con lo que prometió un gesto que muchos pedían que diera hace tiempo.
Lo cierto es que si el Jurado toma la decisión contraria, no solamente el magistrado deberá abandonar para siempre su cargo, sino que además quedará preso, porque tiene pedidos de prisión preventiva en la causa penal que no se han cumplido solamente porque Bento tiene fueros.
Cualquier decisión que el Jurado tome deberá contar con un mínimo de cinco votos, sobre los siete totales.
