Una nueva polémica interna se suma al Gobierno, esta vez en la Unidad de Información Financiera (UIF). Santiago Caputo, asesor presidencial, solicitó la renuncia de Manuel Tessio, vicepresidente de la UIF y experto en compliance y prevención del lavado de dinero. Según informó La Nación, el funcionario presentó su dimisión, pero aún no ha sido aceptada.
Argentina está siendo evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y mantener un estatus legal y eficaz es crucial para evitar ingresar a la lista gris del organismo, lo que afectaría la credibilidad y finanzas del país.
El pedido de renuncia de Tessio se produce después de que la UIF se presentara como querellante en la causa contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Cabe destacar que no hay lazos específicos que unan el escándalo “yategate” y el pedido de renuncia por parte de la mano derecha de Javier Milei. Sin embargo, Santiago Caputo requirió explicaciones a la UIF por la presentación que hizo el ente ante el juez federal de Lomas de Zamora.
La UIF fue admitida como querellante en el caso, lo que refuerza la postura del fiscal Sergio Mola. Al mismo tiempo, el juez federal Ernesto Kreplak decidió quedarse con la causa, considerándola potencialmente un delito federal. La presentación de la UIF como querellante se dio en momentos en que Kreplak debía decidir si la causa se mantenía en el fuero federal o se transfería a la justicia provincial de Lomas de Zamora.
“La hipótesis de investigación que se sigue en estos actuados podría dar cuenta de la posible comisión de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionarios y lavado de activos, circunstancias que ameritan la intervención de la Unidad de Información Financiera”, escribió el juez. Y, por eso, entendió que “se encuentran cumplidas las exigencias para dar intervención a la Unidad de Información Financiera como parte querellante en este proceso”.
El pedido de renuncia de Tessio generó desconcierto dentro de la UIF, un organismo autónomo y autárquico que, por ley, tiene facultades para querellar. La autonomía de la UIF es esencial para garantizar la confianza en el intercambio de información financiera sensible a nivel internacional.
Este movimiento también contradice el anuncio previo del gobierno de Javier Milei, que había señalado que la Oficina Anticorrupción (OA) y la UIF no se presentarían como querellantes en causas penales, salvo en casos justificados por el monto del dinero involucrado o el impacto institucional del caso.
La situación actual pone en riesgo la percepción de autonomía de la UIF, fundamentales para mantener la confianza de sus pares internacionales. En lo que va de la gestión actual, la UIF logró decomisar dos millones de dólares en efectivo, 20 propiedades y más de 25 autos de alta gama, con la intención de rematarlos y destinar los fondos a la prevención del lavado de dinero.
