La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la controvertida ley de emergencia y reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que busca reducir el déficit de la caja jubilatoria, estimado en 430.000 millones de pesos para este año. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por serios incidentes fuera del Parlamento, donde manifestantes intentaron ingresar por la fuerza, y la policía respondió con gases lacrimógenos.
El proyecto obtuvo 23 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones, en una sesión que fue interrumpida por los disturbios y que obligó a decretar un cuarto intermedio. Los sindicatos docentes, representados por Amsafé y Sadop, encabezaron las protestas en rechazo a la normativa, criticando el impacto que tendrá en los trabajadores. La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes intentó irrumpir en el recinto, lo que llevó a la policía a bloquear las entradas con barreras improvisadas y a desplegar un fuerte operativo de seguridad.
Afuera, las fuerzas de seguridad utilizaron gases para dispersar a la multitud, mientras algunos manifestantes arrojaban piedras y encendían fogatas. Aunque no se reportaron detenciones, los disturbios fueron suficientes para generar una pausa en la sesión, en la cual la oposición intentó sin éxito revocar la votación alegando irregularidades.
Una ley con fuerte impacto
La ley declara la emergencia previsional por dos años, con posibilidad de extenderse por dos más, y plantea una serie de medidas para equilibrar las finanzas de la provincia. Entre las reformas más polémicas está el incremento en los aportes jubilatorios, que pasarán del 14% actual a una escala entre el 15,5% y el 21%, dependiendo del ingreso del trabajador. Además, se establece un tope para las jubilaciones más altas, limitando el monto a 20 haberes mínimos.
Desde el gobierno, el ministro de Economía, Pablo Olivares, defendió la iniciativa asegurando que era imprescindible para evitar un colapso financiero: “La caja de jubilaciones estaba generando un déficit insostenible. Si no se tomaban medidas, no habría forma de cubrir esos gastos en el futuro cercano”, declaró.
Reacciones de los gremios
Los sindicatos, por su parte, denunciaron que la ley perjudicará a los trabajadores y jubilados, especialmente a aquellos con sueldos más bajos. “Esto es un golpe directo a los derechos adquiridos de los trabajadores. Estamos viendo cómo se desmantela un sistema previsional justo en favor de una lógica económica que solo busca recortar”, expresó Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé.
Los gremios también criticaron la falta de diálogo y señalaron que la ley se aprobó de manera apresurada sin considerar el impacto que tendrá en miles de empleados públicos y docentes. “Esta ley es un retroceso. Lo único que hace es trasladar el peso del ajuste a los trabajadores”, subrayó Martín Lucero, secretario de Sadop.
Próximos pasos
Con la sanción definitiva de la ley, se espera que las medidas comiencen a implementarse en las próximas semanas, aunque los gremios ya anunciaron que no descartan intensificar las protestas y recurrir a medidas judiciales para frenar la aplicación de la reforma. Además, las tensiones políticas siguen presentes, con sectores de la oposición que prometen seguir dando batalla en el ámbito legislativo.
