El proyecto del Gobierno provincial para revertir el déficit de más de $6 mil millones que acarrea la OSEP, acumula rechazos no solo de la oposición sino también de los principales gremios estatales. Así lo dejaron en claro el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) y también la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). Estos sindicatos, piden a la vez que la Legislatura trate el proyecto que ellos mismos elaboraron y presentaron, en mayo del año pasado.
La principal crítica está apuntada hacia el incremento que impulsa el Ejecutivo sobre el aporte de afiliados con indirectos a cargo (pareja y/o hijos). Establecen una suba del 0.08% al 0,75% en el Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC). Aquí se verá afectado el 52% de los casi 400 mil empleados públicos que están afiliados.
En tanto, la iniciativa que impulsaron los gremios contempla la realización de una auditoría para conocer la deuda real, la asignación presupuestaria por parte del Ejecutivo para el saneamiento de la obra social y la creación de un ente de control con participación legislativa, ejecutiva y de los trabajadores para la obra social. El texto fue presentado con el respaldo de más de 16 mil firmas.
En ese momento, desde el Frente Cambia Mendoza aseguraron que el proyecto “está lleno de falencias” y pretende “hacer gastar más al Estado con una auditoría privada sólo hasta el 2021″, entre otras críticas. Por ende sentenciaron que la discusión de la iniciativa no iba a ser tenida en cuenta. Por su parte, desde el organismo de la OSEP también señalaron sus objeciones.
“Nosotros el año pasado a través de la CTA, con otros gremios como Casinos y Ampros, presentamos un proyecto que se llama ´saneamiento´ pero con una mirada totalmente distinta. Que la deuda de OSEP no la paguen los trabajadores. No creemos que aumentar los aportes sea la solución, sino que hay que ver que se hace con ellos y la distribución de estos”, explicó al respecto la secretaria general del Sute, Carina Sedano, a diario Los Andes.
Y dijo que en algunas áreas específicas de la obra social “se tendría que rever que se hace con ese dinero y que la deuda no sea un ajuste hacia los trabajadores, sino que se garantice el derecho a la salud”. Como ejemplo mencionó que, según datos que tenían del año pasado, se gastaba “muchísimo porcentaje en publicidad y poco en discapacidad”. Además, sostuvo que “hay estudios oncológicos que no están garantizados” por la obra social.
Por esto desde el gremio docente creen que “acrecentar el coseguro, no significa tener un mejor servicio” y buscan investigar “dónde se gasta, de qué manera y en qué servicios”.
Una posición similar tuvo la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe. La dirigente destacó que “estamos en contra de que el ajuste por el déficit de OSEP se haga por medio de los afiliados. AMProS rechaza esta iniciativa, ya que la intención del Ejecutivo Provincial es ajustar los aportes cuando en realidad el déficit fue causado durante 2020 en plena pandemia”.
“Y con lo que ello significó para nuestro sector, el Ejecutivo no aumentó un peso a los profesionales de la salud. Por lo tanto, la obra social tampoco incrementó sus aportes y esto produjo un desfinanciamiento, más allá de los desmanejos y las malas políticas de gestión que se han ido produciendo en la obra social durante años”, sostuvo Iturbe.
Desde el Sute afirmaron que los gremios que se unieron en la redacción del proyecto propio, analizarán qué acciones podrían llevar a cabo ante la reforma que impulsa el Ejecutivo.
Asambleas docentes y ultimátum paritario
El Sute realizará el próximo jueves asambleas de delegados en las sedes departamentales de toda la provincia, pensando en que el día posterior (viernes 10) será el último día de espera por una convocatoria a paritarias por parte del gobierno. Van a analizar también la situación de las escuelas, ya que llevan adelante un relevamiento de infraestructura por estos días.
“Vamos a hablar del plan de lucha que tenemos votado desde noviembre. Si no nos llaman el viernes, lo vamos a activar. Consiste en presencia en actos públicos y una carpa vendimial, entre otras cosas”, advirtió Sedano. El Ejecutivo está al tanto, ya que quedó asentado en el acta paritario, sostuvieron.
El gremio no pide discutir solo la actualización del salario 2023, sino que tiene también “mandatado” reclamarle a Suárez “la deuda del 2020, cuando hubo un 36% de inflación y no hubo aumentos”.
“El 10 de cada mes, es un mes menos que tiene en la gestión para saldar esta deuda”, sentenció la dirigente.
