El Almuerzo de las Fuerzas Vivas convocó a las autoridades de la política y el sector empresario allá por octubre del 2022. El gobernador Rodolfo Suárez y el intendente de San Rafael, Emir Félix firmaron un convenio en el que la comuna le cedía 28 cámaras de seguridad a la provincia.
En enero de este año, el ministro de Seguridad, Raúl Levrino visitó el sur para entregar equipamiento y según dijo el intendente, se acordó la instalación de cámaras. Tres meses después, el precandidato a Gobernador, Alfredo Cornejo le apuntó a la comuna por no haberlas instalado y mostró el convenio.
La Municipalidad de San Rafael le donó 28 cámaras de seguridad al Gobierno provincial en octubre pasado y su intendente, Emir Félix (PJ), reclamó que “sólo se han colocado 2″ en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante.
Con la campaña electoral transitando su último tirón de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el 30 de abril, Alfredo Cornejo acompañó a uno de los aspirantes de la intendencia, Francisco Mondotte y volvió a poner el tema en el tapete, lo que generó cruces con el peronismo en las redes sociales.
“Cada vez que vengo acá escucho que se acusa a la provincia de no haberlas colocado. El intendente ha firmado, junto con el gobernador Rodolfo Suarez, la rúbrica que aquí les muestro. Por escrito se comprometieron a instalarlas en un plazo máximo de 6 meses”, aseguró Cornejo en San Rafael.
En el convenio que mostró el senador nacional, se observa que la fecha de la rúbrica de Félix y Suárez es del 31 de octubre del año pasado. La cláusula primera hace referencia a la provisión de 28 cámaras de seguridad marca HIKVISION, por parte de la provincia, al sistema de seguridad CEO ‘’las cuales serán instaladas en lugares estratégicos del Departamento de San Rafael que determinará el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en acuerdo con la Municipalidad’'.
La cláusula segunda dice textualmente: ‘’a fin de asegurar la adecuada implementación del presente convenio, ambas partes se comprometen a acordar los puntos estratégicos en los cuales la Municipalidad instalará las cámaras de seguridad que proveerá en un máximo de 6 meses, contados a partir de la suscripción del presente convenio’'.
A pesar de todo, el PJ sanrafaelino siguió cuestionando que las cámaras no hayan sido instaladas, además de otras críticas por cuestiones de seguridad. “No se pone colorado Cornejo al hablar de seguridad en San Rafael, pero es quien se llevó el helicóptero al Gran Mendoza y a los policías sanrafaelinos. Ni hablar de las cámaras que compró el municipio y siguen sin instalar. Basta de tomarle el pelo a los sanrafaelinos”, expresó el senador Mauricio Sat en las redes sociales.
La versión del Ministerio de Seguridad
A principios de este mes, Los Andes advertía que el sistema de videovigilancia se había ampliado menos de lo esperado. Y volvieron a aparecer las 28 cámaras sanrafaelinas. Lo curioso, es que desde la cartera que conduce Raúl Levrino no trasladaron la responsabilidad de la instalación a la comuna.
Nuevamente, Emir Félix se había quejado, en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, porque se habían instalado sólo dos cámaras de seguridad en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante.
Leandro Biskupovich, director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad, le había indicado a Los Andes que instalaron sólo esas dos porque tenían “un cupo disponible que no habíamos agotado de una orden de compra vigente” y con el resto se debe esperar “el proceso administrativo correspondiente”.
“Yo no sé cómo habrán pensado ellos, pero el servicio de conectividad y de alimentación eléctrica se hace a través de licitaciones públicas y se revisa por todos los órganos de control. Recién ahí se puede ejecutar”, afirmó y calculó que “en los próximos meses se podrá concretar”.
Por otro lado, criticó que las cámaras que “se han donado son bastante baratas y no tienen la tecnología de las que adquiere la Provincia”.
La senadora radical Mercedes Rus presentó en marzo un proyecto de ley para modificar la ley 7924, que se encarga de regular el funcionamiento de las videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos abiertos o cerrados y el posterior tratamiento de las mismas.
La legisladora dijo que el proyecto que impulsa marca una “obligación hacia los municipios, para que las cámaras que compren estén adecuadas a los protocolos técnicos del Ministerio de Seguridad”.
“Había una tarea muy disfuncional en este sentido, a veces los municipios que querían colaborar, compraban cámaras que no estaban acordes entonces el ministerio no las podía colocar”, aseguró.
Y puntualizó sobre San Rafael, a tono con la crítica de Biskupovich: “Se compraron unas cámaras que no eran compatibles para instalarlas y adaptarlas es 5 veces más caro que comprar cámaras nuevas. El proyecto tiende a evitar este derroche de recursos estatales”.
