El Gobierno provincial intenta avanzar en la lucha contra la inseguridad, sin dudas uno de los grandes problemas que transita la provincia, con acciones concretas que se plasmaron en el análisis y debate legislativo.
A la vez, una de las principales apuestas del Gobierno será el debut en diciembre de un equipo de policías capacitados en criminalística que irá en busca de la comercialización de productos robados, uno de los principales problemas delictivos de la provincia.
En cuanto a las leyes, en cinco meses, se aprobaron 10 proyectos del paquete que presentó Alfredo Cornejo en la Legislatura. Las nuevas normas van desde mayores herramientas y mejoras tecnológicas para la Policía en la prevención del delito, acciones más rápidas desde el ámbito judicial, reformas en las penitenciarías más seguimientos de los recién liberados; y endurecimiento de penas en diversos delitos, entre otros.
En el Poder Ejecutivo han reconocido que la situación de inseguridad en Mendoza es compleja y que no escapa de la situación nacional. De hecho, el propio Cornejo reconoció en marzo que “sin dudas tenemos altos niveles de inseguridad”; pero también negó que la situación sea comparable con ciudades que vivieron sometidas bajo el narcotráfico y la inseguridad, como “la Medellín de los ‘90″.
Mientras tanto, para la oposición, la inseguridad es uno de los “talones de Aquiles” que tiene esta gestión; y aseguran que más allá de la aprobación legislativa de los proyectos, no se ven cambios a la fecha.
Para la cartera de Seguridad y Justicia que dirige Mercedes Rus, el gran problema que tiene a maltraer a los mendocinos es el robo de bienes, tales como celulares, bicicletas, autopartes (motos y autos), entre otros; que vienen en aumento en los últimos meses, a diferencia de los delitos violentos que están a la baja (homicidios mayoritariamente); y en este sentido indicaron que el contexto de crisis socioeconómica “contribuye” al incremento de la inseguridad. También hay preocupación por una suba también del robo en zonas rurales.
Entre los proyectos aprobados por la Legislatura, se encuentran la reforma en cámaras de videovigilancia (con inclusión de las de privados y más tecnología), el registro en locales de venta de bienes usados, el endurecimiento en el Código de Faltas de engaños que terminen en estafas, reformas a la seguridad privada, endurecimiento de sanciones para conductores alcoholizados, agilidad judicial en allanamientos y megaoperativos, mayores herramientas para los controles policiales (orden del día), ampliación de juicios por jurados, reformas en el servicio penitenciario, y control y promoción del liberado.
La que quedó en suspenso fue la de la ampliación del registro de huellas genéticas, y explicaron que aguardarán cómo se da el proceso tras la ley votada en el Congreso a nivel nacional. De igual forma, sostuvieron que a futuro quieren ir hacia la “universalidad” del registro de huellas.
En diálogo con Los Andes, Rus se mostró optimista respecto al futuro del combate del delito, y sostuvo que trabajan en “rápidamente aplicar estas normas y todo lo que nos pueda ayudar a dar batalla”.
“Buena gestión de seguridad, buena formación policial, buen sistema penitenciario, buena coordinación con la justicia. Es un conjunto de cosas los que hacen al éxito de una gestión en materia de seguridad, que no es fácil e irreductible. Todo esto ayudará y mucho en los objetivos que nosotros queremos”, comentó.
Trabajo “integral” y resultados “con tiempo”
La ministra indicó que la idea de los proyectos es particularmente “trabajar en la prevención del delito”, otorgando mayores herramientas a la Policía; así como también agilizar cuestiones judiciales para actuar en los megaoperativos. Según entiende, un mejor sistema del CEO 911, con más tecnología y cámaras (con IA y reconocimiento facial y de patentes), más profesionalización de los efectivos; y mayores herramientas por parte de la policía, mejorará a futuro el trabajo de prevención; así como también las reformas judiciales y todo el enfoque al sistema penitenciario.
“No hay que simplificar el combate del delito porque la solución no está dada en una sola cuestión”, manifestó la ministra, quien aseguró que no se trata de “sólo sumar policías, es preguntarse qué tipo de policía, con qué formación y qué recursos”, que es donde apuntan: más profesionalización y dotación de tecnología.
Respecto al objetivo de bajar los delitos, opinó que estas reformas y el impacto “tendrán su tiempo para que veamos los resultados” y sostuvo que “seríamos ilusos si dijéramos que vamos a ver los resultados rápido. Somos optimistas en tener buenos resultados, pero no es inmediato”, admitió.
Ataque al mercado ilegal
Por otro lado, agregó que el conjunto de leyes que se sancionaron hace un tiempo “hizo que se redujeran los delitos más graves, pero necesitamos abordar los hurtos, el robo de autopartes, de celulares, y también trabajar el tema droga, que en eso nos viene muy bien el cambio del nuevo Código Procesal de la Justicia Federal, que lo estamos trabajando nosotros con la Policía de Mendoza”, señaló.
Este tipo de delitos que suelen darse en la vía pública “son de contexto”, consideró, y dijo que es un problema que sufren “todas las provincias”.
Sobre esta problemática, puso valor a la ley con la que la Policía podrá registrar locales de venta de bienes como celulares, bicicletas y autopartes, y adelantó que en diciembre avanzarán con un equipo especializado -junto al de Investigaciones- directamente a comercios donde sospechan que hay mercado ilegal de bienes, para desbaratarlos.
“Tenemos una camada de 40 policías (en un primer lanzamiento) que se reciben a mediados de diciembre con un curso especial con académicos en criminalística, que son los que vamos a destinar para formar esos equipos”, dijo.
Rus dijo que el trabajo que se busca es similar al que han hecho respecto al robo del cobre, en el cual señaló que han tenido “muy buenos resultados”; y avanzarán en la reglamentación de la ley.
En paralelo, están finalizando dentro del ministerio todo un sistema informático con información al respecto que se ha recolectado en Investigaciones, que tendrá el registro de quiénes se dedican a la venta de bienes muebles, cuyos dueños deberán llevar un inventario de los artículos que compran y venden, para tener una “trazabilidad” de los productos, y por ende, combatir la venta ilegal, que en muchos casos proviene de robos.
Dudas opositoras
Desde los partidos políticos opositores fueron críticos respecto a la gestión de Seguridad que está llevando el actual Gobierno.
El diputado peronista y presidente de la Bicameral de Seguridad, Germán Gómez, sostuvo que las leyes “son importantes pero no alteran ni modifican con profundidad lo que está pasando en materia de seguridad”. Aseguró que “falta una coordinación más efectiva entre lo provincial y federal por el problema del narcotráfico “por todo lo que se ve en gran parte del Gran Mendoza”.
“Se ha trabajado bien en algunos aspectos, pero hay que resolver la situación de inseguridad que vive Mendoza y ese paquete de leyes no generan la efectividad que hoy necesitamos”, dijo
Gabriel Pradines, de La Unión Mendocina, sostuvo que “la gestión del Ministerio de Seguridad funciona mal” y que “hay menos policías, móviles y motos que cuando gobernaba Francisco Pérez”. Para el senador, Mendoza “es la cuarta provincia con más hechos por robo, lideramos el ránking de delitos contra la propiedad y hemos aumentado la cantidad de asesinatos cada 100.000 habitantes”.
También sostuvo que “la provincia está desbordada” por la inseguridad y los delitos menores y que la realidad de las comisarías son graves, con falta de personal y heramientas para combatir el delito.
En tanto, para Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, “difícilmente cambie algo cuando tenemos graves dificultades operativas, falta de policías, móviles en mal estado y cámaras sin mantenimiento”.
“Son letra muerta ante una realidad que corre más rápido de lo que el Estado actúa, sumado a la falta de acción contra el narcomenudeo que gana terreno en los barrios. La situación económica, el avance del narco y la falta de programa de seguridad son un cóctel explosivo que están pagando los mendocinos”, marcó.
Todos los proyectos que se aprobaron
1- Seguridad privada humana y tecnológica
La expansión en la oferta de servicios de seguridad privada no ha sido acompañada por una extensión en el alcance del control y supervisión y tampoco de una normativa acorde con estos cambios, sostienen en el proyecto.
En 1997, cuando se sancionó la ley, existían aproximadamente 20 empresas de seguridad privada, con un total de 400 vigiladores. Actualmente, se han habilitado 175 empresas y más de 10 mil personas están registradas para trabajar como vigilantes en este sector.
La ley busca mejorar los controles, incorporar el sector de seguridad privada tecnológica, profesionalizar los servicios y lograr una mejor coordinación y colaboración con la seguridad pública.
2- Sistema provincial de videovigilancia y captación de datos e imágenes
Se amplía el sistema de videovigilancia a la captación de datos y el uso de inteligencia artificial, habilitando reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y patrones delictivos.
Además, se legisla la posibilidad de incorporar cámaras privadas, que cumplan con los requisitos técnicos, para ampliar las bases del sistema.
3- Control y registro sobre la comercialización de bienes usados
El mercado ilegal de bienes es el que nutre generalmente a quienes cometen delitos. Celulares, autopartes, entre otros, son vendidos en las redes sociales con facilidad y luego muchas veces terminan a la venta en determinados lugares de forma fraudulenta, manifiestan desde el Gobierno.
Esta ley tiende a regular toda esta situación. Le da un poder amplio a las fuerzas de seguridad para que puedan inspeccionar estos lugares y también para que puedan hacer inteligencia sobre lo que se está ofreciendo en las redes y demás. Además, habilita un sistema optativo para la trazabilidad de bienes.
4- Modificación al Código de Faltas
-Se incorpora como contravención la publicidad de venta ardidosa o falsa. Apunta a disuadir las conductas destinadas a generar engaños que terminen en robos o estafas, como así también a ampliar líneas de investigación sobre las dinámicas delictivas contra el patrimonio vinculadas a las redes sociales y a otros sistemas informáticos.
-Inhabilitación para conductores que conduzcan con más de 1 gramo de alcohol. El fin es evitar que las personas condenadas por conducir con alcoholemia puedan eludir la inhabilitación para conducir al pagar la multa. Se establece que la inhabilitación persistirá independientemente del pago.
5- Modificaciones a la Ley de Tránsito
Establece la posibilidad de calibrar alcoholímetros en Mendoza, sin tener que llevarlo a otra provincia como se prevé en la ley nacional en la actualidad. Además, se incorpora una reincidencia agravada para quien conduce con alcoholemia por fuera de los límites permitidos. También se establece la disposición a favor del Ministerio de Seguridad y Justicia de bienes secuestrados por la vial.
Eje Investigación / Justicia
6- Se establece la audiencia oral para pedir allanamientos y la presencia del juez en casos graves y complejos
Al incorporar la oralidad al trámite de pedidos de allanamientos, se otorga mayor rapidez y menor burocracia. La presencia del juez en allanamientos graves o complejos, colabora con el control del procedimiento y la rápida disposición de nuevas medidas en el lugar.
7- Ampliación de la inserción en la orden del día
Se busca incorporar al sistema los pedidos de paraderos, prohibiciones de ingreso a eventos deportivos, prohibiciones de acercamiento e inhabilitaciones para conducir.
El objetivo es lograr una mejor coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia en relación con las medidas dispuestas con impacto en materia de seguridad.
Eje Juzgamiento / Participación sociedad
8- Ampliación del Juicio por Jurados
Esta iniciativa tiene como objetivo involucrar cada vez más a la sociedad en el sistema judicial, ampliando por primera vez a un delito de agenda como es el robo.
Se le permite la intervención en robos con lesiones graves o gravísimas, muchas veces producto de entraderas, y los homicidios simples, sin uso de armas, por ejemplo, los casos de ajustes de cuentas de pandillas y entre bandas delictivas.
Eje Sistema penitenciario
9- Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Mendoza
Por primera vez, el servicio penitenciario tiene una ley específica, orgánica del servicio. Cuando se creó la ley había sólo cuatro complejos. Hoy tenemos 22 unidades penitenciarias, había 2.600 internos, hoy tenemos 6369 internos. Este crecimiento ha hecho que se vuelva necesario organizar, indican desde Seguridad.
La nueva ley también supone una mejor supervisión y control. Establece, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control tecnológico que la ley vieja no establecía, implementa una estricta clasificación de las personas privadas de la libertad que es útil a la seguridad de los internos.
Además, se establece dentro de esa refuncionalización orgánica las competencias para vehiculizar que los internos estudien y trabajen, y así evitar que tengan tiempo ocioso.
Eje Control del Liberado
10- Seguimiento, Control y Promoción del Liberado
Busca mejorar el control, monitoreo y seguimiento de liberados a través de la nueva figura del Oficial de Libertad Vigilada y mediante tecnología, para evitar que las personas reincidan en comportamientos delictivos y facilitándoles su reintegración a la sociedad.
