El gobernador Rodolfo Suárez afirmó que trabaja en un decreto para lograr el refinanciamiento de la deuda por $120 millones de dólares que tiene la Provincia. Y aseguró que irá hasta las “últimas instancias” en la Justicia para defenderlo.
“Estamos trabajando en un decreto para refinanciar la deuda. El año que viene tenemos vencimientos de la deuda que tomó Alfredo Cornejo al comienzo de su gestión. Tenemos la oportunidad, por estas cosas de la Argentina de la diferencia cambiaria que hay, de poder tomar una deuda en pesos para comprar dólares”, manifestó el gobernador tras entregar viviendas esta mañana en Guaymallén.
La intención del gobierno provincial es avanzar en el canje de deuda vieja por nueva amparados por el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera, para evitar pasar por la Legislatura, donde el peronismo lo rechazaría.
En este sentido el mandatario asegura que se trata de una norma vigente, que en su momento fue ampliamente respaldada: “Lo que estamos solicitando es mejorar la deuda porque la deuda de la provincia es una y hay una ley que nos permite reestructurarla. Y esa ley fue votada con 2/3 de los votos”, dijo.
“Entonces tenemos la oportunidad de mejorar nuestra deuda en cuanto a la moneda, el plazo y los intereses. Negarse a esto, es negar más casas, más obras y mejores salarios para los empleados públicos. Realmente me parece que es un desatino negarse a eso”, aseguró en relación a las críticas de la oposición y también al rechazo de la Fiscalía de Estado al borrador del decreto.
El gobernador determinó que están dispuestos a definir en la Suprema Corte de Justicia, si el decreto es cuestionado legalmente: “Vamos a trabajar en el decreto y llegaremos hasta las últimas instancias en sede judicial”, completó.
Las críticas del peronismo
Desde el Ejecutivo esperan una respuesta del Frente de Todos al decreto con un eventual reclamo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Es en este punto que el peronismo vincula la estrategia con la reciente reforma que hubo en el funcionamiento del máximo tribunal. Es que sí se llega a esa instancia, el expediente debería resolverse en fallo plenario, dónde hay una mayoría “filo radical” (4) sobre el ala “filo peronista (3).
“Obviamente lo que decíamos, cuando intentaban modificar la Corte era cierto”, dijo al respecto la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, en diálogo con diario Los Andes.
Si bien el peronismo apoyó porque el proyecto era el enviado por los mismos magistrados, la senadora nacional considera que “fue lo menos malo”.
Para ella, “Cornejo lo intentó mucho tiempo lo del roll over y ahora decidieron un atajo que es el de la Corte. A mí me parece que más allá de esa discusión que me parece que es eso, un nene caprichoso. Le dice que no la Legislatura y se lleva la pelota. O sea, no respetar las instituciones, porque la Legislatura tiene que decir si tienen el roll over o no”.
“Nunca vamos a poder decidir sobre dónde ponemos los recursos de los impuestos de los mendocinos, sino a pagar intereses, intereses y eternamente estar atado de una deuda que tomó Cornejo en dólares, inconscientemente, erradamente con sobre tasa con sobre intereses. Es una mala deuda para la provincia”, cerró.
El rechazo del Fiscal de Estado
Antes de aprobarse el presupuesto 2023, el Gobierno armó expediente con un borrador de decreto, en el que se iniciaba el trámite de refinanciación de los vencimientos de la deuda. La “carpeta electrónica”, empezó a circular: pasó por Asesoría de Gobierno y llegó a Fiscalía de Estado.
En este último organismo de control la iniciativa comenzada en el Ministerio de Hacienda empezó a trastabillar. El 14 de noviembre, el fiscal de Estado Fernando Simón, daba a conocer su decisión en un extenso documento de 65 páginas que se publicó en la web del organismo.
“Este organismo de control entiende que la emisión de títulos públicos propuesta en el proyecto de Decreto no constituye, en su acepción estricta ni aún en su acepción más amplia, ya sea interpretada de manera literal, sistémica o finalista, una ‘reestructuración’ de la deuda pública provincial, no encontrándose por tanto encuadrada en la autorización permanente otorgada por el art. 68 de la Ley de Administración Financiera N° 8.706 para concretar operaciones de crédito público”, decía el dictamen.
La palabra clave de este fragmento, a la que Simón le dedica varias páginas, es “reestructurar”. ¿Qué es reestructurar una deuda? “Existe ‘reestructuración’ cuando se toma un nuevo crédito público a fin de producir la modificación de la estructura de la deuda pública existente”, dice el dictamen.
En este caso, para Simón, no habría una nueva estructura de deuda, sino que se emitiría un bono para estirar los plazos de pago del capital que vence en 2023.
Cuando se conoció el dictamen de Simón, fuentes del Gobierno indicaban a Los Andes que la opinión del fiscal de Estado “no es vinculante”.
