Rodolfo Suárez no puede designar 26 nuevos jueces por jubilaciones demoradas

La demora en la terminación de trámites jubilatorios impide habilitar reemplazos en la Justicia mendocina. Asi, hay 26 trámites que impiden que esas vacantes sean cubiertas. Como algunos llevan más de un año y medio de espera, el gobernador, Rodolfo Suárez, sólo ha designado nueve funcionarios judiciales en los casi dos años de gestión. En cuatro años, su antecesor, Alfredo Cornejo, hizo 95 nombramientos, entre jueces, fiscales y defensores.

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El recambio en la justicia viene a paso lento, no por la demora en quienes dejan sus cargos sino por los tiempos que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en cuanto a los trámites jubilatorios. El 23 de octubre del año pasado, Los Andes publicaba que eran 19 los casos en espera mientras que hoy ya son 26.

Los trámites jubilatorios se terminan de resolver en la Dirección de Trámites Complejos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante esto no venía siendo un impedimento porque cada vez que un juez o jueza renunciaba, condicionando su salida a percibir la jubilación, la demora no radicaba en más de 3 meses para estos casos especiales.

Podría decirse que uno de los últimos en beneficiarse con aquella eficiencia de Anses fue Jorge Nanclares. El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial esperó poco más de un mes para dejar el máximo tribunal y permitir que María Teresa Day fuese nombrada.

El cuello de botella

Una serie de sucesos aceleraron la salida de magistrados y magistradas de distintos fueros y jurisdicciones que, al toparse con la pandemia, terminaron frenando la rotación de cargos. Después de la feria judicial del 2020, un aluvión de renuncias a distintos cargos abrió la posibilidad de concursar y cubrir vacantes.

Uno de los motivos vino desde la Nación en marzo cuando se aprobaron las modificaciones al régimen jubilatorio de los jueces. Entre otras disposiciones, subió la edad jubilatoria de los magistrados a 65 años, aumenta siete puntos los aportes y determina que el haber sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones y no del último salario que cobraron en actividad. Así fue que 17 funcionarios decidieron iniciar los trámites jubilatorios en Mendoza.

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Por otro flanco, la provincia avanzó en mayo del año pasado y sancionó la ley que les impide a magistrados y magistradas en condiciones de jubilarse, seguir acumulando el 2,6% por año de trabajo correspondiente al ítem antigüedad. Con la nueva normativa, el monto no crece desde que cumplen los 65 años.

La pandemia modificó la atención en Anses y demoró la vuelta a la normalidad en cuanto al flujo de trabajo. Otros leen maniobras políticas en el letargo, porque entienden que frenar el acceso a la vacante es impedir que el Gobernador de turno elija a su postulante. Y en año electoral, todo se mira con otros ojos.

Un recambio complicado

El trámite se inicia cuando el interesado presenta la renuncia al Gobernador, junto con la documentación respaldatoria. El titular del Ejecutivo firma el decreto aceptando la renuncia que se hace efectiva cuando el magistrado o magistrada cobra su primer haber. Entre el decreto y el cobro suelen pasar entre uno y dos meses, cuando la Anses trabaja normalmente. Ahora, hay casos de más de un año y medio.

En el medio, es el Consejo de la Magistratura el encargado de pasar el tamiz entre aspirantes y postulantes. Hay aspirantes que rinden y cuyo plazo dura dos años, a la espera de que se abra alguna vacante. Con estas demoras, en varios casos caducarán esos exámenes y deberán volver a rendir.

Eso sí, hasta que el cargo no quede vacante, es decir que la jubilación llegue a manos de quien la solicitó, no se puede conformar la terna de postulantes de la cual elige el Gobernador. Una vez que haya nombre, se envía el pliego al Senado para llamar a la Audiencia Pública, prestar Acuerdo y las formalidades del caso. Este procedimiento puede tardar unos dos meses entre la conformación de la terna y el Acuerdo.

Entre los nombres que esperan, hay algunos muy conocidos como el de Oscar Balmes que intervino en las prisiones preventivas de los acusados de asesinar a Norma Carleti, entre ellos el ex senador provincial Leonardo Hisa. Víctor Hugo Comeglio, quien condenó a 25 y 23 años de prisión a Facundo Méndez Salinas y Alejandro Aguilar Rodríguez, respectivamente, por el asesinato del panadero Fabián Mariño, ocurrido en Maipú en mayo de 2018 es otro de los que aparece en la lista.

Gonzalo Guiñazú, otro juez penal que aparece en la lista, intervino en uno de los hechos de sangre más resonantes: el crimen del Parque, dónde un joven fue asesinado y su novia violada en una casilla rodante. Guiñazú tuvo un cruce con el ex gobernador Cornejo cuando se declaró incompetente en el juicio por el femicidio de Julieta González. Por entonces, el magistrado resistía la conformación de los juzgados penales colegiados y el ahora diputado nacional dijo que se bajó de la causa porque no quería trabajar.

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La mayoría de los magistrados en espera son del fueron penal. Entre ellos Gabriela Urciuolo Moratti (jueza Tribunal Penal Colegiado N°1), Jorge Luis Del Pópolo (juez Tribunal Oral Penal N°2), Rosa Giner (Fiscal de Instrucción – Unidad Fiscal Delitos de Tránsito). También Ana María Salas (jueza de la Séptima Cámara Laboral), María Elizabeth Lizan Calderón (jueza del Juzgado N° 10 de Las Heras), Adriana Gurgui de Nasif (jueza del Juzgado de Familia N°1), quienes integran otros fueros.

El abismo entre Cornejo y Suárez

Alfredo Cornejo cerró su mandato habiendo designado al menos a 100 magistrados en distintas órbitas y estamentos del Poder Judicial de Mendoza. Entre los nombramientos más rimbombantes se incluyen dos miembros de la Suprema Corte (José Valerio y Dalmiro Garay), Alejandro Gullé en el Ministerio Público Fiscal, Mariana Silvestri en el Ministerio Público de la Defensa.

Suárez, por su parte, en casi dos años de mandato ha designado apenas a 9 funcionarios entre los cuales se destaca el nombre de María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Justicia.

Además, nombró a Jorge Agustín Quiroga como Fiscal de Instrucción y a Carina Sara como jueza de Paz de Tupungato. Gabriel Bragagnolo, Juan Manuel Pina González y Mirna Elisa Montaldi fueron designados jueces del Juzgado Penal Colegiado de la 1° Circunscripción Judicial. En tanto, María Eugenia Díaz Guinle se integró a la Tercera Cámara Laboral; Horacio Alfredo Cadile al Tribunal Penal Colegiado N°2 y Eugenia Patricia Gómez como Fiscal de Instrucción.