El gobernador Rodolfo Suárez dejará la Casa de Gobierno con un gran interrogante. Casi cuatro años después, dice que todavía no sabe qué ocurrió en la sociedad mendocina en diciembre de 2019, cuando varias manifestaciones salieron a protestar por la reforma de la ley 7722 que apenas asumido había enviado a la Legislatura. Tras algunos intentos de defender la decisión, rápidamente anuló aquella reforma.
Luego, todo pasó a mucha velocidad. En marzo de 2020 se instaló la pandemia del coronavirus, que, en medio de la tragedia mundial, cambió la agenda. La burbuja del consenso inicial sobre la política sanitaria se fue desinflando y mutó a una diferenciación que, gracias al respaldo social en Mendoza, le devolvió a Suárez el encanto que había perdido.
El gobernador se plantó ante las medidas de aislamiento extremo del Gobierno nacional. Hizo equilibrio entre salud y economía, en unos cuantos casos, sin red.
Bajo el manto de la pandemia, avanzó con el envío a la Legislatura del proyecto de reforma constitucional. Dicha reforma hacía hincapié más que nada en un recorte del gasto político. Pero la idea nunca tomó vuelo. El rechazo opositor fue pleno y Suárez todavía niega que haya sido por falta de muñeca legislativa o rosca, una práctica que le resulta prácticamente ajena. Todo quedará en la nada, porque su sucesor Alfredo Cornejo no menciona la reforma constitucional como objetivo de su gestión.
Suárez amagó también durante 2020 con borradores para la sanción de una nueva ley de educación. El proyecto parecía ser ambicioso y abría la puerta a la modificación del estatuto docente, entre otros aspectos importantes. La tensión con el SUTE y los rigores que impuso el dictado de clases en pandemia frenaron aquellos intentos. El gobernador ya se había quemado una vez y no quería volver a perder popularidad. Dice de todos modos que cumplió con el objetivo de hacer cambios educativos con el plan estratégico de alfabetización que se sancionó a fines de 2022, a pesar de las diferencias entre esta propuesta y la de 2020.
Ese año comenzaron también los problemas del gobernador para avanzar con la construcción del dique Portezuelo del Viento. Suárez perdió 4 a 1 con las otras provincias que conforman el Coirco la votación respecto del obra. Con impulso de La Pampa, la mayoría se inclinó por la necesidad de realizar otro estudio de impacto ambiental y de impedir su inicio inmediato. A fines del año pasado, el laudo del presidente Alberto Fernández en el conflicto selló la suerte de la obra.
La historia terminó hace pocos días, con un decreto que daba de baja todo lo relacionado a Portezuelo y ordenaba la devolución de la garantía al consorcio que iba a construir el dique. Suárez nunca adjudicó su construcción y, tras el laudo negativo de Fernández, empezó a avanzar con un módico plan B, que es el dique El Baqueano en San Rafael, hoy en camino a la licitación. Le reprocharon haber inmovilizado los dólares destinados por la Nación a la obra, pero Suárez cree que hizo lo correcto: cuidó los 1023 millones de dólares para que su sucesor los pueda invertir sin riesgos.
El gobernador también activó a fines de 2020 el Consejo Económico Ambiental y Social (CEAS), una mesa amplia de diálogo institucional para la elaboración de proyectos que también generó controversias por su efectividad.
En el terreno de las acciones económicas concretas, en 2020, cuando empezaba a buscar fórmulas para reactivar la economía en medio de la pandemia, el Gobierno provincial lanzó el programa de fomento a la inversión Mendoza Activa, el cual permanece en el discurso oficial como un activo de la gestión y que ha tenido varias ediciones. Según el ministro de Economía Enrique Vaquié, se han desarrollado miles de proyectos con inversiones millonarias y se trata de una iniciativa en la que Mendoza ha sido pionera.
Suárez prácticamente no cambió funcionarios de alto rango durante su gestión. Aunque tuvo que hacer una modificación obligada en el equipo de Seguridad por cuestionamientos éticos. El escándalo provocado por el uso del helicóptero oficial y por el falseamiento de datos para subir al Aconcagua provocó a comienzos de 2022 la renuncia de Roberto Munives a la dirección de la Policía. Los responsables de estas irregularidades eran el comisario y su pareja. Munives venía del gobierno de Cornejo y continuó hasta este episodio.
En mayo de aquel año, debió enfrentar también cuestionamientos por un subsidio de 18 millones de pesos a favor del pastor evangélico Héctor Bonarrico. El religioso atribuyó el beneficio a un acuerdo político con el Gobierno y obligó a Suárez a suprimirlo de inmediato. La polémica duró varios meses y hasta generó causas judiciales, que meses después fueron archivadas.
El último año arrancó con la necesidad para Suárez de mejorar el haber de su gestión. Se puso en práctica el sistema de Boleta Única aprobado el año anterior para las elecciones. Aceleró la reactivación de la mina Potasio Río Colorado y dio pasos para avanzar con proyectos mineros que se pueden realizar en el marco de la restrictiva ley sobre la actividad que al comienzo del gobierno buscó modificar. También selló un acuerdo con las distribuidoras eléctricas, cuyos destractores, en el caso del pacto que favorece a Edemsa, lo incomodan.
Se metió, casi excepcionalmente, en un tema espinoso para el Poder Judicial: la reforma de funcionamiento de la Corte. Hubo crisis, pero al final, consenso, una de las palabras preferidas de Suárez, para resolver el problema institucional.
Suárez se retira del poder sin estridencias. Supo disimular diferencias y dar golpes de timón a tiempo. Para algunos deja gusto a poco, pero él no descarta volver en 2027.
