El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, zafó de ir a juicio oral por el delito de “impedir el normal funcionamiento del transporte terrestre” (Artículo 194 del Código Penal) en cuatro protestas que llevó adelante en el año 2022. El juez Juan Manuel Pina accedió a la suspensión del juicio a prueba que solicitó su defensa y durante tres años deberá cumplir una serie de reglas, entre las que se destaca no cometer ningún delito.
En el caso de su pareja, María Adriana Iranzo (secretaria adjunta de ATE), que estaba imputada por el mismo delito en dos hechos, se le aplicó una suspensión de juicio a prueba por el término de dos años. Mientras que a otros nueve sindicalistas, recibieron el mismo fallo judicial pero por un plazo de un año.
Según informaron fuentes judiciales, la suspensión del juicio a prueba establece que por el tiempo relativo al período establecido en cada caso los ciudadanos deben cumplir las siguientes pautas: fijar un domicilio establecido y fijado, no pueden cometer ningún delito, deben abstenerse de consumir estupefacientes o consumir bebidas alcohólicas en exceso y en la vía pública.
Además tienen, en todos los casos, la obligación de concretar y certificar la donación de diez cajas de leche en polvo de primera calidad a un centro de beneficencia a elección (comedor, merendero, entidad sin fines de lucro o cooperadora).
Macho, a pesar del fallo favorable, no escatimó críticas hacia la Justicia: “Desde ATE, tal cual nosotros planteamos, luchar, marchar y manifestarse no es un delito. Eso es lo que nosotros hemos sostenido en todo este tiempo. El juez estuvo en contra de esa postura. Quiso elevar a juicio todo esto, condenando la protesta social y condenándonos como dirigentes sindicales”, apuntó tras la audiencia.
“Se acordó un principio de oportunidad y nos fuimos a un juicio a prueba. No reconocemos ninguna clase de delito, ni protestar, ni luchar, ni movilizarse. Para que esto quede claro, no como han hecho otros dirigentes sociales”, señaló con un tiro por elevación al Partido Obrero.
Además, redobló la apuesta: “Nosotros llegamos a las medidas de acciones directas en tanto y en cuanto hayan fracasado las instancias políticas de negociación. Manifestarse es un derecho. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a movilizarnos”.
“Otra de las cuestiones a rescatar en este proceso judicial, ustedes recuerdan que tanto Adriana Iranzo como yo estuvimos presos en la penitenciaría. Nos sobreseyeron de esa causa pero no nos pudieron dar explicaciones de por qué estuvimos presos. Es el mismo juez y vamos a tomar medidas al respecto”, completó Macho.
