Mientras la licitación de Portezuelo del Viento sigue su curso, una nueva reunión del Comité Ejecutivo del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) generó rispideces en las que Mendoza parece ver alguna luz al final de túnel. El jueves, La Pampa se encontró con la negativa de los representantes de Río Negro y Neuquén de revisar los fundamentos de los votos de los gobernadores del 26 de junio, cuando por 4 a 1 Mendoza fue obligada a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental de la presa.
Del cónclave mensual del Coirco, que preside el pampeano Javier Schlegel, participaron los representantes de las cinco provincias. Por Mendoza estuvo el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
“Después de la reunión del Consejo de los Gobernadores, cuando se hace el Acta 73 donde votan las cuatro provincias por el nuevo estudio de impacto ambiental regional y la aplicación de la Ley de Obras Hidráulicas, tanto Neuquén como Río Negro amplían sus fundamentos en el voto. Dicen que había que encontrar un camino para llegar a un acuerdo donde se pudiese integrar el estudio de impacto y completarlo, pero no aplicando la Ley de Obras Hidráulicas de la Nación, que es lo que venimos sosteniendo nosotros”, expresó Ibáñez.
En la reunión del jueves se expusieron las ampliaciones de los votos del Acta 73 y las propuestas que había hecho Suárez en ese momento: que las provincias controlaran el desarrollo de la obra y auditaran que el manejo del agua estipulado se cumpla; y un fondo de garantía de 5 millones de dólares que servirá para resarcir a las otras provincias si Mendoza no cumple con las condiciones.
Sin embargo, los fundamentos rionegrinos y neuquinos crisparon a La Pampa “porque se encontró con que es viable encontrar un camino a la solución por fuera de la Ley de Obras Hidráulicas, que es lo que Mendoza viene sosteniendo”, relató Ibáñez.
“La Pampa quiso someterlo a consideración, diciendo que no correspondían esas ampliaciones. Río Negro y Neuquén defendieron su postura diciendo que son ampliación de sus gobernadores. Lo que nosotros planteamos es que no es el ámbito del Consejo Ejecutivo discutir eso. Esa acta 73 con sus ampliaciones y con la postura del gobernador Suárez en contra del planteo de los gobernadores, está para el laudo presidencial. La licitación sigue su curso y veremos y evaluaremos cómo sigue el proceso”, explicó el ministro.
Daniel Petri, el representante rionegrino en el Coirco, coincidió con Ibáñez en la traba de la Ley de Obras Hidráulicas y por eso, “hay predisposición para buscar otro marco legal de cara al desarrollo del estudio de impacto ambiental integrado y el desarrollo de la audiencia pública. Siempre manteniendo la autoridad de aplicación que tenía que ser el Ministerio de Ambiente de la Nación, y que la Audiencia Pública se desarrollara en el Congreso de la Nación”, indicó a Los Andes.
“Neuquén compartía estos pensamientos. Lo que tiene la ley de Obras Hidráulicas es que hay un artículo (el 2°) que dice que el estudio lo tienen que aprobar todas las jurisdicciones. Si hay uno que no lo aprueba, no se aprueba el estudio, porque cada una tiene poder de veto. Entendíamos la protesta de Mendoza porque una simple Secretaría Ambiental provincial te podía parar la obra, era un exceso. Nuestra intención era usar otro marco legal en donde esa situación no se daba pero siempre seguíamos considerando que la obra era nacional y tenía que pasar por la Audiencia Pública en el Congreso”, comentó Petri.
Allí es donde el Ministerio de Ambiente de la Nación aparece como una llave que estas dos provincias ofrecen para destrabar el conflicto, porque “es órgano de aplicación nacional de todo lo que aplique a un ámbito de interjuridicciones”, según el rionegrino.
Furia pampeana contra el Gobierno de Mendoza El diario La Arena de La Pampa describió ayer como “un nuevo intento de Mendoza de minimizar los reclamos de gran parte de la cuenca del Colorado” la idea de dejar de lado la Ley de Obras Hidráulicas. Desde el Gobierno provincial aseguraron que “esa propuesta estaba dentro de los puntos que acercó Suárez a la reunión con los gobernadores el 26 de junio. De hecho, de palabra había acuerdo por parte del Gobierno nacional. Se verá si se modifica”.
