La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, por lo que seguirá investigándola. Originalmente había sido acusada de ser parte de una asociación ilícita y de presunta administración fraudulenta.
La votación de revocar el sobreseimiento fue por mayoría, dos votos contra uno en la Sala II. Mientras el juez Eduardo Farah votó para rechazar, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, hicieron lugar al reclamo de la asociación civil Bases Republicanas. Si bien no aceptaron declarar la nulidad del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan el 24 de mayo pasado, como pretendía la ONG, los magistrados sí dispusieron que el juez Sebastián Casanello dé trámite al planteo del nuevo querellante como acusador.
El fiscal Marijuan había dictaminado dar por terminada la acusación tras diez años de trámite, pero ahora la vice seguirá siendo investigada ante la aceptación del pedido de reapertura de la causa.
Para el juez Llorens, la causa de “la ruta del dinero K” debe analizarse, aunque sean expedientes separados, en conjunto con los otros expedientes que ligan a la expresidenta con Lázaro Báez, como la obra pública (Vialidad) o los casos de Hotesur-Los Sauces. También, las maniobras de lavado de dinero que salpican al financista Ernesto Clarens.
La causa por “la ruta del dinero K” empezó en abril de 2013. Luego de un juicio oral y público, el empresario vinculado a la familia Kirchner, Lázaro Baez, fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 4 a 12 años de prisión. Pero, en febrero de este año, la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal le redujo la condena a 10 años de prisión. Sus hijas fueron absueltas porque la sentencia “no se había dictado con perspectiva de género”.
En tanto, Martín Báez, que tenía nueve años de cárcel, fue condenado a seis años y medio. El menor de los hijos varones del empresario, Leandro, que tenía una pena de cinco años, terminó sentenciado a tres años de prisión.
Lázaro Báez montó una estructura que permitió lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 a través de Austral Construcciones, la firma que recibió del Estado 51 licitaciones viales “plagadas de irregularidades” y que le valió a la actual vicepresidenta su primera condena por corrupción.
El exabogado de Lázaro Báez, Jorge Chueco, fue sentenciado a seis años de cárcel, mientras que su excontador, Daniel Pérez Gadín, tuvo una reducción de la pena a cinco años.
El único imputado colaborador con el que contaba este expediente, Leonardo Fariña, también obtuvo una reducción de la condena dictada: por delante tiene tiene tres años y medio de cárcel.
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