Este miércoles se reanudó el megajuicio que afronta el juez federal suspendido Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios procesales a detenidos por narcotráfico y contrabando, entre otros delitos. Las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, integrantes del Tribunal Federal Oral N° 2, tomaron una decisión clave al inicio de la audiencia: desestimaron las denuncias por supuestas torturas o vejaciones que habían realizado varios de los imputados. Luego de esto comenzó la declaración del abogado Luciano Ortego, sindicado como uno de los organizadores de la banda.
Desestimación
En el comienzo de esta jornada, la defensa de varios de los imputados recibieron un revés por parte de las juezas. Precisamente la magistrada Gretel Diamante informó que estudiaron “en detalle” las denuncias por supuestas torturas y vejaciones que varios imputados denunciaron durante sus declaraciones y las desestimaron, al “no lograr establecer que los hechos se hubieran dado a conocer oportunamente”.
La estrategia de defensa del propio Bento pasa por denunciar que el fiscal Dante Vega, conocido por su intervención en juicios de lesa humanidad, ha propiciado que detenidos en la causa sean torturados. “Se hizo una redada de abogados en Mendoza, detuvieron a muchísimos. Sufrieron torturas y vejaciones. Los tuvieron detenidos en lugares donde por sus características son lugares de tránsito”, fue una de las declaraciones que hizo ante el Jury el juez.
Pero Diamante refutó las denuncias. La magistrada se refirió puntualmente a declaraciones que realizaron los abogados Jaime Alba, Francisco “Chato” Álvarez, Javier Angelletti, el contrabandista Eugenio Nasi y el propio juez Walter Bento, que se había expedido “por circunstancias vividas por otras personas imputadas”.
Cada uno de ellos, a su momento de prestar indagatoria manifestó que sufrió diferentes tipos de vejaciones, como parte de una “estrategia” de la fiscalía a cargo de Vega para que declaren “lo que querían oír” en la etapa de instrucción. Sin embargo, las juezas que integran el Tribunal Federal Oral N°2 analizaron exhaustivamente los expedientes y no encontraron pruebas para tomar una medida judicial al respecto. En cambio sí hallaron una resolución de la jueza Susana Pravata (Juzgado Federal N° 4) en contra de planteamientos de este tipo, realizados por Alba y Ortego, que no fue apelada en su momento.
Diamante explicó que como tribunal del Poder Judicial debían cumplir con las obligaciones que contempla la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para analizar sí era correspondiente “adoptar alguna decisión”.
“En ese sentido lo que hicimos fue tomar las declaraciones transcriptas de esas situaciones y comenzar a compulsar las actuaciones contemporáneas a los hechos que manifestaban. Estuvimos cotejando muchas actuaciones. Las declaraciones que hicieron cada uno de los imputados, la mayoría realizadas en el año 2021. Hicimos también un cruzamiento de datos con los periodos que estuvieron en la Unidad 32 y cuando fueron trasladados al complejo penitenciario”, manifestó la jueza.
También indicó que compulsaron la existencia de certificados o constataciones de lesiones. “Hicimos un análisis muy profundo, incluso estuvimos viendo otros antecedentes que no teníamos a la vista como hábeas corpus que se habían introducido en la etapa de instrucción. Lo habrán visto los abogados defensores, que por decreto se dispuso requerir el acceso a esas actuaciones”, continuó.
Entonces la jueza sostuvo que no lograron establecer “que los hechos que se expusieran acá, se hubieran dado a conocer oportunamente o se hubiera dado una denuncia explicita sobre esos hechos y referencias como privaciones ilegitimas de la libertad o torturas”.
“No vimos que eso se reflejara en las distintas declaraciones indagatorias. En algunos casos hubo 4 o 5 declaraciones con presencias del juez, la fiscalía y sus defensores particulares. No tuvimos certificaciones de que hubiera habido un episodio de claustrofobia o un incidente concreto como reseñaron acá. Ni tampoco identificación de los eventuales agentes penitenciarios. En definitiva, no encontramos acreditada ninguna circunstancia de la que nosotras debiéramos tomar alguna intervención”, comentó Diamante.
Además, el TOF N° 2 encontró una resolución adoptada por la doctora Susana Pravata, titular del Juzgado Federal N° 4, dónde se había realizado una investigación por presentaciones hechas por los abogados Alba y Ortego. La magistrada desestimó las actuaciones al “considerar que los hechos expuestos no configuran ningún delito”.
“También establecimos que esa resolución fue notificada al doctor Alba y al doctor Ortego, y no se apeló”, advirtió Diamante. Entonces, dado ese estado de situación, la magistrada comentó que “puede suceder que existan circunstancias que no han sido planteadas acá y nosotras concluimos que las partes tienen el derecho de promover las investigaciones ante el Ministerio Público que consideren”.
“Esto es lo que nosotras como tribunal, tenemos como responsabilidad ante expresiones de este tenor y la existencia de estas obligaciones de orden constitucional. Eso quería manifestar. Es una situación que no tiene objeción sobre el juicio”, completó la jueza.
Ortego recusará al fiscal Dante Vega
El abogado Luciano Ortego, uno de los acusados como principales organizadores de la presunta banda que encabezaba Bento, adelantó que recusará al fiscal Vega porque “no puede garantizar objetividad” en el proceso.
A tono con otros imputados, apuntó su declaración directamente contra él y dijo que la causa “es un gran yenga”. Y manifestó que la fiscalía ha impedido que se sumen como testigos, el “testigo estrella” Diego Barrera y los abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas, a quienes acusó de haberlo comprometido.
“Entiendo que el esquema delictivo que me instruye a mí, es indefectiblemente el que Vega tiene con sus socios”, dijo en relación a esos abogados. “El domicilio legal del fiscal es el mismo del doctor Lecour y el doctor Salinas”, señaló.
En ese marco, aseguró que mientras se mantuvo preso con Alba en el Complejo Penitenciario Federal, un detenido por narcotráfico de apellido Tejerina fue “enviado por Lecour y Salinas” a esa celda. Según su declaración, el sujeto fue “en busca de pruebas para sumar a la causa”, a cambio de un beneficio procesal que le habrían prometido los abogados. Sobre esto, afirmó que tiene un video aportado como prueba, pero no fue habilitado por el tribunal a que se trasmitiera en ese momento.
En otro tramo, Ortego negó haber logrado beneficios para el narco Walter Bardinella Donoso, apuntado como otra de las patas de la banda. “En 2018, 2019, 2020 y 2021, jamás se lo benefició bajo mi defensa”. Y comparó que el fiscal sí habría logrado “un beneficio en la justicia provincial para él” cuando se desempeñó en la parte privada, según consta en un libro publicado por Vega en el año 2006.
Con todas esas acusaciones, el letrado asumió que presentará la recusación y marcó: “Entiendo que la doctora (Gloria) André y su excelente equipo que tiene, puede encabezar la acusación. Si alguien tiene que pedir mi condena que sea ella, aunque estoy seguro que va a terminar pidiendo mi absolución”.
Ortego, junto al despachante asesinado Diego Aliaga y el abogado Jaime Alba, están sindicados de secundar al magistrado en la estructura de la asociación ilícita. El letrado se encuentra preso en la cárcel de Almafuerte. Según el MPF, intervino en seis casos de cohecho.
El abogado está acusado, entre otras cosas, de haber tramitado, por la vía de una coima, la prisión domiciliaria del prisionero Cristian Oliva, en una causa por narcotráfico que tenía entre los procesados al ex jefe de la barra brava de Godoy Cruz, Daniel “El Rengo Aguilera”. Además se lo acusa de haber beneficiado a Eugenio Nasi, quien también está imputado como presunto “sobornador”.
