La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia falló en contra de la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros) ante el pedido de inconstitucionalidad a la ley 8727 que aplicaba un tope salarial. Es decir, nadie podría ganar, tras la sentencia, más que el ocupante del sillón de San Martín.
La ley establecía excepciones: el Estado podía tener gente que cobrase más, pero esa decisión debía ser avalada por ley de la Legislatura. También quedaban afuera del tope los jueces, el fiscal de Estado y el titular de Irrigación, entre otros.
Respecto de los sueldos superiores al del gobernador no alcanzados por la ley como excepciones, existe el caso de un profesional que tiene un salario alto autorizado por ley: se trata del director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Miguel Marino.
Julio Gómez, en un extenso fallo y al que adhirieron Pedro Llorente y José Valerio, refutó al menos siete agravios constitucionales planteados. Por ese motivo, para el supremo corresponde “desestimar la acción interpuesta tendiente a que este Tribunal declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 8727″.
En las conclusiones de la cuestión de fondo que lleva, según el fallo, siete años de proceso judicial, Gómez se explaya en el planteo de “virtual eliminación del régimen de discusión salarial en paritarias”. Allí menciona las líneas argumentales de Ampros que refieren a: retroceso en los derechos alcanzados vía negociación colectiva hasta la sanción de la norma cuestionada y también la eliminación del régimen de discusión salarial de un sector (aquel que supere el tope dispuesto por la norma) en el ámbito paritario natural, no estando tal segmento comprendido en la negociación salarial en la que estén representados sus pares, sino en la del régimen del personal administrativo.
Agrega el gremio que hay recorte salarial establecido de antemano para dicho segmento, al disponerse que percibirán el 70 % menos de la recomposición salarial que se acuerde, no ya a sus pares (los profesionales de la salud), sino en función de lo que perciba el Gobernador. El sindicato considera que hay “cercenamiento del derecho conquistado por los trabajadores a que las decisiones que se adopten en los diferentes aspectos sometidos a debate, sólo puedan implementarse previo acuerdo entre las partes y no por decisión unilateral de la empleadora.
“No resulta viable considerar que el mero dictado de la norma impugnada hubiera implicado, por sí sola, una afectación, lesión o menoscabo del tenor de los denunciados, por el presunto desconocimiento o avasallamiento de materias o ámbitos propios de la negociación colectiva de los sectores representados por la entidad ni que hubiera eliminado o importado un retroceso de aquello negociado en dicho ámbito hasta la fecha de entrada en vigencia de la norma, así como tampoco que hubiera suprimido la posibilidad de que las condiciones laborales de cada sector (en especial, las salariales), encuentren su representación en la negociación colectiva de la que fuera parte el sindicato específico”, expresa Gómez.
Para el supremo y “a diferencia de lo denunciado por la actora”, la norma “no ha excluido a los agentes comprendidos en dicho segmento, de su ámbito natural de negociación salarial. El mismo permanece incólume, con un único límite que no se exhibe irrazonable ni, en principio, atentatorio de los derechos y principios consagrados por el orden constitucional”.
