El Senado se encamina a darle media sanción a la Reforma Judicial que motorizó el presidente Alberto Fernández. La oposición despedazó la iniciativa por considerar que le garantiza impunidad al kirchnerismo. Los dos representantes radicales en la Cámara Alta reforzaron su postura en contra.
Se descuenta que la senadora nacional K Anabel Fernández Sagasti, votará a favor de la iniciativa, pero ayer aseguró que hoy respondería la consulta de Los Andes por sus argumentos.
Julio Cobos fue categórico sobre su negativa a los cambios en la Justicia Nacional y Federal que repercutirán en Mendoza. “Una reforma de este tipo, estructural, que trasciende a la gestión de gobierno, que hace a una política de Estado, a un poder muy importante como el Poder Judicial, no ha sido consensuada, consultada, como se ha hecho en otros procesos de cambio como fue el Código Civil, se aprobó sin problemas”, indicó.
En lo que respecta a la Justicia Federal, sostuvo que “primero eran 94 jueces, después más cámaras y terminan siendo 133 cargos entre magistrados, fiscales, y defensores 233 y 554 funcionarios, un costo que no ha sido evaluado en profundidad. Para nosotros triplica que lo dice el proyecto del gobierno. Son cuestiones de fondo y de forma”.
Una de las claves de la reforma, en lo federal, que debería ser la implementación integral del sistema acusatorio adoptado en el Código Procesal Penal Federal, aún no vigente en todo el país, propone dejar atrás al inquisitorio.
“Si vamos camino a un sistema acusatorio donde la relación de fiscales es 3 a 1, acá estamos creando más cargos de magistrados que de fiscales, vamos a contra pelo de lo que se persigue en la reforma. Hay vicio no sólo en la forma que es muy importante y hay que cuidarla, sino también en el contenido. Pasaron 48 expositores y el resultado fue: 11 apoyaron la reforma, 8 lo hicieron con críticas, 27 la rechazaron y 2 nada más hablaron de la transferencia de los juzgados a la Ciudad de Buenos Aires, que trasfieren sólo los temas penales y no la justicia ordinaria, que es otra de las falencias”, comentó el ex gobernador.
Tiene fe en que no avance el tratamiento en la Cámara de Diputados. “Obviamente están tratando de acordar los cambios en el Senado para que llegue con más consenso a Diputados, donde está más difícil”, se esperanzó.
Pamela Verasay no entró, ante la consulta de este medio, en el detalle articular del proyecto y “no analizamos punto por punto, desmenuzando sino conceptualmente como está planteada”. Incluso, asegura que el consenso dentro del oficialismo estuvo difícil porque “el dictamen hasta las 22.30 no estaba, apareció al otro día con una palabra que el propio Presidente desconocía, que era la cláusula Parrilli”.
“La unificación de los fueros (en ciudad de Buenos Aires) fue cuestionada internamente dentro del oficialismo. Los conflictos que ha tenido no solo la unificación de fueros, sino la nueva apertura de juzgados que más que mirar el Senado, hay que mirar a los diputados que están hablando con los gobernadores”, expresó.
La senadora manifestó que “no plantea una mejora del servicio de justicia sino un despliegue de infraestructura que es para garantizar impunidad. Estamos hablando de designación de cargos y no de funcionamiento y operatividad en la justicia”.
“Es una reforma muy importante por la cantidad de designación de cargos, y si uno considera el proceso de permanencia en el cargo de un juez, hay que pensarla. La suspicacia no deja de estar ahí. Me preocupa muchísimo el avance, la subjetvidad en la elección. Esta asociación de jueces amigos del poder existe”, indicó.
El Consejo Consultivo de la discordia
Con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Omar Palermo, entre los elegidos, el “Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público” fue tildado de “Comisión Beraldi” en referencia al abogado de la vicepresidente Cristina Fernández.
Al respecto, Cobos dijo que si bien el Presidente puede convocar a un Consejo, “hay que ver los representantes” y cuestionó la conformación porque “no se le pidió a los partidos políticos qué representantes queríamos ni en qué proporcionalidad”.
Verasay, por su parte, criticó que la voluntad de diálogo porque “fue sólo un llamado telefónico a Federico Pinedo, que fue invitado como profesional y no político. Ahí nomás se comunicó con nosotros y se tomó la decisión. No hay una voluntad política de trabajo consensuado. Fue más una jugada política que de pensar en la reforma consensuada”.
Jueces propios. El proyecto cuadriplica los juzgados en CABA, que son los que investigan la corrupción: pasan de 12 a 46. La mitad los nombrará Fernández.
Festival de cargos. En todo el país se nombrarán 96 jueces, cuando las necesidades que se vienen son las de fiscales, por el cambio en el sistema penal.
La reforma olvidada. El proyecto no prevé que la Justicia penal federal iba hacia el sistema acusatorio, en el que los fiscales investigan y los jueces controlan.
Impacto en Cuyo. 6 juzgados nuevos, dos de ellos en Mendoza y uno en San Rafael. Además 4 fiscalías (dos para Mendoza) y tres defensorías oficiales.
