Dos escenarios paralelos registraron movimientos en el tema que concentra la atención de la política y la Justicia mendocina; la reforma en el funcionamiento de la Suprema Corte de Mendoza. Uno de los escenarios fue partidario: los socios del radicalismo en Cambia Mendoza, el Pro, finalmente presentaron en Legislatura su proyecto de “doble conforme” en el fuero laboral; también presentó un proyecto para declarar la necesidad de la enmienda del artículo 152 de la Constitución provincial, para prohibir que los futuros ministros de la Corte hayan sido militantes políticos, ni tampoco funcionarios del Ejecutivo.
El otro movimiento partidario del Pro fue decidir que hoy, cuando se reuna la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, pondrán condiciones para acompañar el proyecto que mandó el Ejecutivo a la Legislatura: propondrán varias reformas al texto, pero la principal será que sólo sorteen los expedientes que van directamente a la Corte, sin pasar por tribunales inferiores, es decir las inconstitucionalidades y las acciones procesales administrativas.
El otro escenario se montó en el cuarto piso del palacio de Tribunales. Los seis supremos presentes en Mendoza (Dalmiro Garay, José Valerio, Pedro Llorente, Teresa Day, Mario Adaro y Omar Palermo) se reunieron al mediodía, cortaron alrededor de las 14; volvieron pasadas las 17.30 y a las 21 dieron por terminadas las deliberaciones. Por un momento pareció que llegaban a un acuerdo, al menos es lo que se rumoreaba en los alrededores de la cumbre, pero finalmente todo quedó como estaba, en nada.
Así, la jornada tuvo muchas versiones en este tema, debido a la sucesión de charlas que se fueron entablando tanto en la zona de Tribunales, como en la Legislatura.
Las fuertes críticas de algunos magistrados y juristas al proyecto del Poder Ejecutivo, más un freno puesto por parte del Pro, aliados del Frente Cambia Mendoza, obligaron al radicalismo a posponer su tratamiento y remitir -la semana pasada- el articulado directamente a la Suprema Corte de Justicia. Ya con el texto en Tribunales, se realizaron diversas reuniones en plenario entre jueves, viernes y también este lunes.
Al mediodía había esperanza de que el diálogo podría fructificar, según comentaron a Los Andes fuentes de Tribunales, y marcaron que los contactos seguirían por la tarde de este lunes. Según algunos de los jueces que participaron de la reunión, se estaba trabajando en algunas aclaraciones del texto tales como cuáles son los momentos en los que se debe llamar a pleno o plenario, así como también cómo implementar los sorteos.
“Estamos trabajando el proyecto. Tenemos el compromiso para aportar ideas que haya consenso para llegar a una misma visión de una Corte ágil y transparente, que es lo que queremos todos”, señalaron a Los Andes.
Las horas fueron corriendo y a la noche el acuerdo siguió siendo inalcanzable.
A la espera
Por la mañana, desde el radicalismo aseguraron a Los Andes que la fecha límite no es este martes (momento en el que se reunirá la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para debatir el despacho), y que aguardarán a ver qué terminará presentando la Corte, si es que finalmente termina en algún tipo de acuerdo. “No tenemos muchas esperanzas de que haya un proyecto de consenso y superador, pero esperamos que se llegue a un entendimiento”, marcaron desde la Cámara Baja.
Es necesario recordar que en la comisión de LAC de Diputados, el radicalismo necesita 7 de los 13 votos para aprobar el despacho. La semana pasada, antes de la decisión tomada por Lombardi y Difonso, el radicalismo no consiguió esos números (le faltó una sola firma) para habilitar el debate en el recinto. Con un Frente de Todos que ya había adelantado su voto en contra, luego apareció la prórroga propuesta por los aliados de Cambia Mendoza.
En la mira está el diputado del Pro Gustavo Cairo, quien es miembro de la comisión. Hoy el diputado llegará a la Comisión con las modificaciones que pide su fuerza para firmar el despacho que destrabará el debate en el recinto. Esos cambios fueron consensuados en la tarde de ayer, durante un encuentro del espacio.
En negociaciones
Gustavo Cairo (jefe de bloque e integrante de la comisión de LAC), señaló nuevamente que está de acuerdo con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, aunque considera que el mismo es “perfectible” y que además es necesario profundizar con otras reformas para evitar el “colapso” de la Suprema Corte, sobre todo en la gran cantidad de causas que llegan de los fueros Laboral y Penal.
De esta manera, Cairo insistió en el proyecto presentado hace más de dos años por la propia Suprema Corte, para establecer el “Doble Conforme” en el fuero Penal, y agregó que si no hay intenciones en el Senado de tratarlo (que es donde reside el proyecto), presentará el mismo en Diputados.
Al compás de sus declaraciones, el legislador presentó además otro proyecto que también lleva la firma de Enrique Thomas, Laura Balsells Miró y Gabriel Vilche, para establecer la creación de una segunda instancia en el fuero Laboral.
Cairo recordó que en Mendoza “entre 2018 y Junio de 2022 de 7.174 causas que llegaron a la Suprema Corte, 3.941 -más de la mitad de las mismas- fueron causas laborales, lo que sin dudas constituye una anomalía institucional”.
“Creemos que es necesario reformar la estructura de la justicia laboral mendocina, reduciendo la cantidad de jueces y al mismo tiempo mejorando la eficiencia de la administración de justicia. Para ello proponemos transformar las actuales doce ‘Cámaras del Trabajo’ en ‘Juzgados del Trabajo’, unipersonales. Creando una instancia de apelación colegiada, llamada ‘Cámara de Apelación Laboral’”, dice el proyecto.
El debate de los proyectos de doble conforme en los fueros penal y laboral, es otra de las condiciones del Pro. Pedirán hoy que se vote la preferencia con despacho para los dos proyectos, el de Cairo (laboral) y el de la Corte (penal), para avanzar lo más rápidamente posible en la instauración de la segunda instancia.
Además, el diputado nacional del Pro, Omar De Marchi, presentó el proyecto para modificar el artículo 152 de la Constitución Provincial -vía enmienda-, que es el que establece las condiciones de elegibilidad de un ministro de la Suprema Corte.
El diputado nacional expresó que, entre otras condiciones, “debe exigirse que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no hayan estado afiliados a un partido político en los últimos 10 años, o que no hayan sido ministros del Poder Ejecutivo o candidatos a cargos electivos por un tiempo similar”.
Los legisladores radicales se opusieron a esa propuesta de reforma, pero aún así abrieron la ventana a la discusión, pero no vía enmienda, sino de la reforma parcial de la Constitución Provincial.
