La Suprema Corte de Justicia atraviesa cambios profundos en su funcionamiento interno. La primera parte de la reforma votada por la Legislatura en la ley 9423, eliminó las salas que recibían recursos ordinarios. El famoso “fórum shopping” terminó con la eliminación de turnos quincenales para la Sala Primera y Sala Segunda. Los litigantes perdieron la posibilidad de elegir qué tribunal resolvía sus asuntos.
No obstante, resta la segunda parte que apunta a las vías extraordinarias (revisiones de sentencias) lo que termina con las salas especializadas (la actual sala uno competente en los recursos de derecho civil y comercial y la dos en materia penal y laboral). La ley 9423 dice que esas dos salas no deberían dejar de existir el 31 de diciembre de 2023 y todas las causas que lleguen al Máximo tribunal deben repartirse a tres ministros elegidos por sorteo. La pregunta que surge es: ¿llegan con los tiempos?
La misma ley, tras un áspero debate en comisiones y en el recinto de la Casa de las Leyes, cambió el método de elección de nuevas autoridades de acuerdo. Ayer ese nuevo método confirmó a Dalmiro Garay como presidente y a Mario Adaro como a Omar Palermo como vicepresidentes primero y segundo respectivamente. El esquema de autoridades convivirá dos años en la Sala Administrativa que tiene asignadas varias tareas.
Mientras tanto, se venía trabajando en los cambios que dispuso la legislación cuya primera parte entró en funcionamiento hace casi un año. Se sortean ministros para armar salas y atender cuestiones relacionadas a lo contencioso administrativo (instancias en las que solo la Corte puede resolver de acuerdo a la Constitución provincial, los casos en los que una de las partes es el Estado). Además, se especificó en qué casos resuelven los siete ministros del máximo tribunal en fallo plenario.
La tarea que tienen por delante Dalmiro Garay, José Valerio, Pedro Llorente, María Teresa Day, Mario Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo es delinear cómo se implementará la reforma en el caso de los recursos extraordinarios (conocidas popularmente como “apelaciones” a la Corte de otras materias), que actualmente se resuelven por salas especializadas.
Una primera fecha para eliminar las salas se cumplió el 1 de julio pero no se llegó. Hay un segundo plazo falta que se cumple el 31 de diciembre próximo, pero que debido a la feria judicial que se desarrolla habitualmente en enero, algunos entienden que podría extenderse al primer día hábil luego de la feria judicial: el 1 de febrero del 2024. Muchos temas organizativos deben resolverse en los próximos dos meses y en uno de ellos el Poder Judicial funciona a media máquina. Y allí radican las dudas.
“No lo hemos discutido. Hay que determinar el tema del sorteo, la funcionalidad. Los técnicos propios han trabajado en un sistema y lo vamos a implementar ahora. El diseño del algoritmo es para todos. Es una discusión que hay que darla y la semana que viene vamos a avanzar sobre eso”, expresó Dalmiro Garay a Los Andes evitando precisar si llegan o no con los tiempos.
Explayándose sobre el sistema de sorteos, el presidente del máximo tribunal aclaró que ya está terminado y ha sido observado por distintos actores que tendrán papeles fundamentales en esta etapa. “Ese sistema tiene previsto la posibilidad de que sea para todos los fueros”, indicó.
Julio Gómez, uno de los ‘supremos’ del ala filo peronista no le tiene fe al calendario versus los temas que hay que resolver. “Los tiempos van a ser más largos de los previstos por la ley. A fin de año es imposible que lleguemos a la eliminación de las salas. Todavía no hemos dictado ninguna sentencia. Vamos a forzar la máquina y puede que hagamos agua después”, dijo sin vueltas.
Otro que sembró dudas fue José Valerio, ministro dentro de la denominada ala filo radical y coordinador del pleno. Es decir, será el encargado de reunir a todos sus pares en deliberaciones semanales.
Consultado por este medio, dijo sin rodeos que parte de sus diferencias con el funcionamiento actual de la Suprema Corte de Justicia son porque “se tendrían que haber hacho algunas cosas y no se han hecho”. Y remarcó una medida que considera trascendental como es el doble conforme.
“En los últimos años, en materia penal, el fallo Casal ha hecho que la Corte tuviera que abrir casi todos los recursos extraordinarios y eso ha engordado el funcionamiento (Nota de la redacción: Matías Casal, de 2005; la Corte nacional impuso el ‘doble conforme’ de las sentencias penales, o sea dos instancias). Y en eso no tiene nada que ver la política, sino que la Justicia penal de Mendoza no tiene una revisión antes de la Corte. Hemos presentado un proyecto de ley de doble conforme a la Legislatura hace tres años”, decía Valerio a Los Andes en setiembre del año pasado. Otra aclaración: la Justicia Federal tiene ese paso de apelación tras la condena en primera instancia y antes de llegar a la Corte Suprema de la Nación en la Cámara de Casación Penal.
En su exposición en las comisiones que estudiaban la reforma, Valerio no dudó en recordarles a legisladores y legisladoras que lo escuchaban, que el proyecto tenía consenso del seno de la Corte y que no se había avanzado.
Un año después, el pensamiento no ha cambiado, se ha acentuado. “No se ha hecho lo que debería hacerse hecho y fui muy claro”, subrayó el ‘supremo’ y se refirió a esta instancia previa de revisión de condenas, puntualmente, en lo que refiere al fuero penal y que duerme en la Legislatura.
Entonces, para Valerio, los siete miembros tienen, al menos, este tema para resolver. “Hay que hacerlo coordinadamente. Tendremos que sentarnos en la Corte y voy a pedirles que la semana que viene empecemos a tratar este tema”, indicó el coordinador del pleno.
“Hay que discutir cómo vamos a trabajar, el tema de los relatores, cómo vamos a estructurar. Por reglamente interno debemos disponer que debe hacerlo el pleno de la Corte”, dijo Valerio sobre los cambios en algo más propio que no amerita intervenciones externas. Allí también está de acuerdo Dalmiro Garay como otro de los acuerdos que se lograron en el debate por la elección de autoridades.
