La Reforma Constitucional que propone el gobernador Rodolfo Suárez apunta a reducir el gasto público suprimiendo una de las cámaras legislativas. Sin embargo, esa disminución no sería tan significativa dado que la Legislatura representa menos del 1% del Presupuesto provincial.
Teniendo en cuenta la proyección de la pauta de gastos 2020, de $ 214.983.740.793,31, la partida para la Casa de las Leyes es de $ 1.710.523.129, lo que representa solo 0,7% del gasto de todo el Estado provincial. Para ejemplificarlo con algo tangible, representa unas 730 viviendas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) según la cotización a junio de este año.
El Poder Legislativo está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, a los que hay que sumar la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. En las planillas presupuestarias, se agrega a estos órganos la denominada Unidad Legislatura, en la que trabaja personal abocado al trabajo bicameral y administrativo.
En el desglose por unidades, teniendo en cuenta los números que proporciona el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se computan un total de 1.172 empleados. Allí, 902 son de planta permanente y 270 transitorios, aunque en la práctica esto puede diferir: en la Legislatura aseguran que hay menos, sin embargo el gasto está contemplado. Ex legisladores que hoy figuran como “asesores” están dentro de los transitorios.
El monto en sueldos de todo el personal es de $ 1.534.624.844, el 89,7% del presupuesto asignado. A la hora de reunir información precisa, hubo predisposición pero se evitaron las declaraciones públicas en el oficialismo. Mario Abed, el vicegobernador, aseguró a Los Andes que “es una Legislatura muy austera, como me ha pedido el gobernador”. Y que la pandemia “ayudó mucho porque la verdad no se gasta casi ni en combustible”. También dijo que la ex vicegobernadora Laura Montero le dejó “la vara muy alta y las cuentas muy ordenadas”.
La Cámara de Diputados tiene 48 legisladores, con 112 empleados temporarios y 318 permanentes, completando una grilla de 430 empleados (tienen margen para llegar a 451), de acuerdo a la información proporcionada por este órgano a Los Andes. En sueldos, la Cámara Baja gastará este año $802.838.182, el 52,3% del dinero destinado a haberes con aportes y contribuciones.
Mientras que el Senado, con 38 representantes, tiene 223 empleados permanentes y 311 transitorios, completando 534 en total, con la Unidad Legislatura incluida. Tiene previsto en sueldos para 2020 $ 728.489.862 (47, 5% del total). La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, en tanto, tiene una sola persona en planta y una partida para sueldos de $ 3.296.800 (0,21% del total).
Con estos números expuestos, y según la modificación de la Carta Magna que impulsa el Gobierno, la estructura a suprimir sería equivalente a la que tiene el Senado. Se presume que la poda irá a los empleados contratados, porque la estructura edilicia se mantendrá al igual que el personal de planta que, de avanzar la reforma, sería reubicado en otras áreas del Estado.
Cada senador tiene un secretario y un asesor. Es decir, que por cada representante de la Cámara Alta hay que contar tres personas que están dentro de los contratos transitorios. Al ser 38 los senadores, son 114 sueldos que podrían dejar de pagarse con la unicameralidad.
Partiendo de los casi $ 729 millones destinados al Senado en sueldos, per cápita representan $ 1.364.213 por año, por lo que los 114 empleados significarían un ahorro para el Estado de $ 155.520.307 por año. Si a eso se le suman el resto de los contratos transitorios que dejarían de estar en la estructura, se completan 197 legajos en los que se gastan $ 268.750.004 al año. La cuenta final arroja $ 424.270.311.
Esta cifra, en el presupuesto provincial 2020, es el 0,2%, que sería lo que ahorría en “gasto político” -según lo define el proyecto de reforma constitucional- la Provincia.
Es importante aclarar que esta nueva estructura, si se aprueba, recién impactaría financieramente en el 2025. Es que en caso de que la Legislatura apruebe la necesidad de reformar la Constitución, será el voto popular el que tenga la decisión final y eso ocurrirá el año que viene, justamente en las elecciones legislativas. Allí se elegirán nuevos cargos que culminarán su mandato en 2025, por lo que recién ahí se pondría a punto la unicameralidad en caso de sortear los obstáculos que puedan aparecer.
¿Es poco o mucho el ahorro?
Una frase que se dice dentro del oficialismo, pero que nadie quiere reproducir en voz alta, sostiene que el presupuesto legislativo se consume en 3 días si se toma de referencia la pauta de gastos provincial.
Los casi $ 215 mil millones previstos para todo el año en la Provincia son $ 588.996.550 por día, por lo que efectivamente en tres días no sólo se utilizarían los $ 1.710 mil millones para el Poder Legislativo, sino que hay un sobrante cercano a los $ 57 mil.
Retomando la comparación con las viviendas, el IPV cuenta con unidades formato “Alas” cuya superficie es de 62 m2, dos dormitorios, un baño, estar comedor y cocina sectorizada. Las últimas que entregó el gobernador en Junín, el jueves, están cotizada, a junio de este año, en $ 2.340.700 según informaron desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública.
Si se tienen en cuenta los 114 contratos menos que se perderían con la unicameralidad, representan 67 viviendas. Si se quiere ampliar al resto de los 197 contratos, podrían hacerse 115 casas más. A esto hay que agregarle los gastos de urbanización de la zona en donde se construyan las viviendas, que no es un gasto menor.
Una reducción de gasto que viene de antes
La gestión de Laura Montero (2015-2019) en la Vicegobernación dejó como resultado -según el informe de gestión final- una disminución de 61% de la cantidad de contratos de locación y de 9% del personal de planta.
En la Unidad Legislativa a cargo de la Vicegobernación la disminución fue aún mayor, un 19% de la planta de personal y un 89% en los contratos de locación. Según los mismo datos, en el primer trimestre de la gestión se computaron 571 empleados (entre permanentes y transitorios). Al primer trimestre del 2019 (4 años después), había 50 cargos menos, con un resultado de 521.
Un poder más barato que otros organismos
Haciendo un cálculo promedio de lo que le sale a la ciudadanía, con sus impuestos, cada empleado según el organismo en el que se desempeñe, hay algunos resultados que ubican al Poder Legislativo entre las estructuras estatales más baratas. Cabe destacar que, al ser un cálculo promedio, habrá empleados que cuesten más por año y otros menos, según la jerarquía que tengan.
En el Poder Judicial, según las planillas de Presupuesto, hay contemplados 5.234 empleados que demandán $ 9.938.393.671 este año. Sólo la estructura de la Suprema Corte tiene 3.371 personas, con una partida anual de $ 6.449.066.177. Cada empleado de la Corte cuesta $ 1.913.101,802 por año, bastante más que un empleado legislativo, cuyo costo anual es de $ 1.364.213,22.
En el caso del Ministerio Público, hay $ 2.707.657.628 a dividir en sueldos para 1.554 personas, lo que da un promedio de $ 1.742.379,42 al año por trabajador.
El Tribunal de Cuentas tiene una nómina de 299 empleados permanentes para los que se han previsto este año en concepto de haberes $ 523.530.290. El costo anual promedio es de $ 1.750.937,42 por empleado. La Fiscalía de Estado, con 129 personas en planta, dispone de $ 215.980.866 promediando $ 1.674.270,27 por año para cada legajo.
Los Andes intentó hacer el mismo cálculo para Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). Sin embargo, desde la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia no facilitaron la información de la nómina de personal solicitada.
