El Gobierno provincial recibió con algo de sorpresa el dictamen negativo por parte del Fiscal de Estado, Fernando Simón, sobre la posibilidad de refinanciar deuda que vence en 2023 sin solicitar autorización legislativa, como han solido hacerlo los gobiernos años anteriores; y evalúa sus alternativas en base a la posibilidad de “rollear” U$S 120 millones que vencen en los meses de marzo y septiembre (U$S 60 millones cada uno).
Si bien el Gobierno sabía que si había una posibilidad de tener una respuesta en contra iba a provenir por parte de Simón, aún así tenían la esperanza de convencer al Fiscal con los argumentos esgrimidos en agosto.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo adelantó que realizará una “contrarespuesta” al dictamen del Fiscal, con el objetivo de que revea la posición tomada, teniendo en cuenta que en parte de su pasaje habla también de que se trataría de una operatoria “conveniente” por parte del Gobierno, que pretende tomar deuda en pesos a tasa real “neutra o incluso negativa”.
Al margen de esta respuesta que prepara el Gobierno a Fiscalía de Estado, hay dos caminos que se abren y por los cuales la gestión de Rodolfo Suárez deberá decidir. Una de ellas es avanzar con el decreto para reestructurar la deuda que vence en 2023. Si eso ocurre, es posible que la misma sea cuestionada por el peronismo y presente una acción de inconstitucionalidad, por lo que debería terminar de resolver la Suprema Corte de Justicia en pleno, es decir con sus 7 ministros.
En tanto, la otra opción es que el Poder Ejecutivo no avance en este sentido, y que termine por enviar a la Legislatura el pedido de autorización para que pueda acceder al roll over para estas deudas en dólares en 2023.
Aquí es donde el radicalismo tiene sus dudas de acuerdo a cómo podría actuar el peronismo, que en varias oportunidades se ha mostrado en contra no sólo de la toma de la deuda, sino incluso del roll over. En este tema estricto, si bien el año pasado el gobernador Rodolfo Suárez no tuvo la herramienta para refinanciar la deuda que vencía en este 2022, el peronismo sí aprobó el roll over en los años 2.016, 2.018 y 2.021.
No obstante, Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR local, consideró en declaraciones a Radio Mitre Mendoza que el Ejecutivo “tiene que avanzar con esta posibilidad de poner el Roll over en la ley de Presupeusto y si es necesario que el Poder Judicial determine si hay algún pedido de inconstitucionalidad”.
“Es una forma de destrabar esta discusión. Hay por lo menos 15 provincias que tienen el roll over en la ley de Presupuesto y no significa aumentar la deuda, sino, sobre una deuda vigente, obtener mejores condiciones tanto en tasas como en como en plazos de pago. No creo que sea aplicable el término de nueva deuda. Hay un refinanciamiento de una deuda anterior en mejores condiciones. En mi opinión tiene que avanzar el Gobierno”.
El rol del Fiscal
Sobre este tema hay dos artículos que hacen a las interpretaciones. Uno es el artículo 41 de la Constitución Provincial el que regula la toma de los créditos. En su primer párrafo, establece que “no podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara”.
No obstante, el Gobierno apela al artículo 68 de la ley de Administración Financiera que permite, en algunas circunstancias, la reestructuración de una deuda sin necesidad de pasar por la Legislatura: éste marca que el Poder Ejecutivo “puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia (…)”.
En diálogo con Los Andes, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, sostuvo que la operación que se plantea por parte de la provincia es “completamente beneficiosa” respecto a la situación actual en la que se encuentra el plazo de vencimientos, y lo que se propone es “pesificar” esta deuda que vence en 2023, con mejoras en los plazos de vencimientos (con una operatoria a ser saldada a más de dos años), y con condiciones de tasas de interés mas razonables, que incluso serían “neutras o tasas reales negativas”.
“Nosotros consideramos que estamos amparados en la ley de Administración Financiera”, manifestó Fayad, quien consideró que Simón “tiene una visión bastante restrictiva de la norma, aunque sostiene que la operación es conveniente para la provincia”, destacó el Ministro.
Puntualmente, hace referencia a un pasaje del dictamen en el que el ex legislador peronista expresa: “(...) la conveniencia que dicha operatoria puede presentar para la Provincia a la luz de las actuales oportunidades que brinda el mercado financiero, como también la necesidad de la administración de contar con una mayor flexibilidad para la gestión de los pasivos, aun cuando resultase compartida por esta Fiscalía de Estado, no constituye argumento suficiente para apartarse de la normativa constitucional y legal vigente”.
En ese sentido, Simón manifestó que el artículo 68 de la citada ley no ampara la solicitud estricta de la Provincia, al sostener que existe una reestructuración de una deuda “cuando se toma un nuevo crédito público a fin de producir la modificación de la estructura de la deuda pública existente, considerando no una operatoria en particular sino toda la deuda en general, y pudiendo realizarse con el mismo acreedor o con otro, siendo condición esencial que se genere una modificación de la estructura de la deuda preexistente”.
Además expresó que “en los casos en que se hizo uso del crédito para pagar servicios de deudas anteriores, existió una autorización particular y explícita otorgada por la Legislatura, generalmente en las leyes de presupuesto y con las mayorías especiales requeridas”.
Fayad, en su análisis sobre el dictamen de Simón, agregó que para la Provincia “la deuda es una sola y la queremos administrar de la mejor manera, consiguiendo fondos de organismos más baratos, para pagar financiamientos más caros; mientras que el Fiscal dice que cada deuda es una deuda en sí misma y uno no puede pedirle a un acreedor para pagarle a otro”.
“Para nosotros no tenemos que volver a la Legislatura, el fiscal sí lo recomienda”, agregó. No obstante, Fayad consideró “absurdo” que una norma de administración financiera “te impida hacer cosas que te convengan. ¿Qué tan conveniente es que te obliguen a sentarte a negociar con tu propio acreedor? Siempre la provincia estará en condiciones desfavorables”, agregó.
Por otro lado, el Ministro, ante una consulta en radio CNN Mendoza sobre si notó alguna intencionalidad política por parte del Fiscal, contestó: “Espero que no, el rol institucional del Fiscal no debería estar contaminado por las opiniones del resto de los partidos políticos, pero en este caso la opinión de él se alinea bastante al argumento jurídico de la oposición, que pretende que cada vez que nosotros queremos administrar un pasivo en mejores condiciones, tengamos que ir a la Legislatura a pedirles permiso a ellos”.
El peronismo avisa
Desde el Partido Justicialista hubo repercusiones políticas respecto a este tema. Una de ellas fue la de la senadora nacional y presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, quien dijo: “Levante la mano quien cree que el cambio del funcionamiento de la Suprema Corte tiene que ver con esto? Amantes de la bicicleta financiera”, en referencia a la reforma que se aprobó semanas atrás de la Suprema Corte y su funcionamiento, en la cual hubo un intenso debate tanto dentro como fuera del máximo tribunal.
También habló Marcelo Costa, exministro de Hacienda, que señaló que “otra vez este Gobierno no respeta la Constitución de Mendoza, es MUY CLARA la toma de nueva deuda necesita la autorización Legislativa con dos tercios d los votos. El cambio del funcionamiento d la Corte tenía que ver con este decreto. Otro atropello a la institucionalidad y van?”
En tanto, el asesor del peronismo, Nicolás Aroma, también se pronunció al indicar que se trató de una resolución que ya era anunciada: “Estaba claro y lo dijimos… ¿Y ahora? ¿Cual es legitimidad con la que se irá al mercado de deuda? ¿A que costo los bonistas otorgan un crédito…ilegítimo y flojo de papeles? ¿Hasta cuando Mendoza debe seguir validando el cambalache de la deuda?”
