Tras varias semanas de demora, mañana el Consejo de la Magistratura tendrá el primer avance importante en el caso del juez federal de Mendoza Walter Bento, imputado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas para liberar detenidos, entre otros delitos. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo se reunirá para decidir sobre medidas de prueba en la investigación y determinar si notifica al magistrado de la denuncia disciplinaria para que presente su defensa.
El órgano constitucional encargado de controlar las actividades de los jueces tratará por primera vez el expediente contra Bento, luego de que el pasado 12 de mayo se designara por sorteo al diputado nacional Pablo Tonelli (Pro), como instructor.
Este jueves a las 10, los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación se reunirán por videoconferencia para poner en consideración dos planteos realizados por Tonelli.
En diálogo con Los Andes, el consejero informante explicó que, por un lado, propuso algunas medidas de prueba que “consisten en pedir algunas copias del expediente que todavía nos faltan y solicitar que se me entregue el legajo del juez, con la historia de sus licencias y las declaraciones juradas de bienes”.
Si bien desde el consejo han podido tener acceso a la causa penal que tramita la justicia federal mendocina contra Bento, advierten que todavía les faltan legajos patrimoniales y las últimas actuaciones.
Asimismo, Tonelli agregó también que “pedí que se notifique al juez la existencia de la denuncia y que, a partir de esa notificación, si el juez lo desea, pueda presentarse y ofrecer la prueba que le parezca”.
El reglamento de la comisión establece que una vez notificada la denuncia al magistrado se le hará saber que podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de 20 días.
Estos dos temas son los que debe discutir la comisión en su próxima sesión y adoptar una resolución sobre ellos. “Se somete a votación de los nueve integrantes de la comisión y para que sea aprobado hace falta, como mínimo, cinco votos positivos”, indicó el diputado encargado de investigar los hechos.
Los miembros de la Comisión de Disciplina y Acusación son un representante de los abogados de la matrícula federal, dos senadores, dos diputados, dos jueces, un representante del ámbito académico y científico, y el representante del Poder Ejecutivo. En este caso los que deberán tomar esta decisión son Ricardo Recondo (presidente), María Inés Pilatti Vergara (vicepresidenta), Diego Molea, Carlos Matterson, Silvia del Rosario Giacoppo, Alberto Agustín Lugones, Vanesa Siley, Pablo Tonelli y Gerónimo Ustarroz.
Si la votación resulta favorable, el caso Bento tendría su primer avance concreto en el Consejo de la Magistratura, a siete semanas de que el organismo haya puesto la mira en la denuncia contra el magistrado federal mendocino.
Vale resaltar que los procesos disciplinarios iniciados a jueces y juezas de la Nación suelen sufrir largas dilaciones y pueden llegar a demorar hasta tres años. No obstante, los integrantes del cuerpo son conscientes de la gravedad institucional de las acusaciones que pesan sobre el juez federal y que por ello deben proceder con celeridad.
Un factor que contribuye a la relevancia del caso es el hecho de que Bento sea el juez federal con competencia electoral en Mendoza y en los próximos meses será el encargado de tomar decisiones relacionadas a los comicios legislativos que se avecinan.
Pese a estar imputado como presunto líder de una asociación ilícita que liberaba detenidos a cambio de coimas y acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, continúa en libertad gracias a sus fueros de magistrado y, de hecho, continúa yendo a trabajar a los Tribunales Federales.
Esto implica que, a menos que él mismo decida apartarse solicitando una licencia, todo apunta a que controlará buena parte del proceso electoral, ya que el Consejo de la Magistratura está lejos de poder tomar esa decisión.
El consejero Tonelli remarcó que “la suspensión solo se puede considerar en el caso de que el plenario del Consejo resuelva enjuiciar al juez y pasar las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento. Recién en ese momento se puede considerar la suspensión”.
