La jueza de garantías entrerriana Carola Bacaluzzo rechazó hoy un habeas corpus de la defensa del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, ante lo cual el ex mandatario seguirá preso en la causa donde está condenado a ocho años de cárcel por peculado y enriquecimiento ilícito.
Bacaluzzo entendió que el habeas corpus no es la vía para cuestionar una decisión de un tribunal superior como es la Cámara de Casación provincial, que ayer dispuso hacer efectiva la prisión preventiva a Urribarri hasta que su condena quede firme, explicaron fuentes judiciales.
“Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria”, sostuvo la decisión de ese tribunal entrerriano integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Así se revocó una resolución de septiembre de 2024 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que había rechazado un planteo fiscal para ordenar la prisión preventiva y se dispuso que los dos condenados en el caso, Urribarri y Juan Aguilera, cumplan la pena hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise sus condenas.
Ante ello se ordenó la “inmediata detención y posterior traslado” a la Unidad Penal 1 de Entre Ríos. Los condenados “vienen realizando acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento, que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena”, advirtieron en una resolución de 74 carillas a la que tuvo acceso la Agencia.
En el caso puntual “la pena efectiva no es una expectativa, porque ya fue impuesta y confirmada: Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses de prisión y Urribarri de ocho”, consignó la resolución. Urribarri “solo estuvo presente en su declaración de imputado y luego participó de las audiencias de manera remota, sin que se haya podido comprobar fehacientemente dónde se encontraba”.
Uribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por “peculado” y “negociaciones incompatibles” con la función pública, al comprobarse que durante su gestión dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, en una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
