La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el expediente que aborda la presunta cartelización de la obra pública, una de las investigaciones derivadas de la llamada “causa de los cuadernos”. El caso se centra en supuestas irregularidades y sobornos que se habrían pagado para direccionar licitaciones de obras públicas durante las tres presidencias kirchneristas.
La resolución fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal, que integran los jueces Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y se conoció el día después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitara el per saltum para tratar la controversia en torno a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Precisamente Bruglia y Bertuzzi, en octubre del año pasado, habían confirmado los procesamientos dictados en su momento por el juez Claudio Bonadio, fallecido en febrero pasado. Ahora fue otro tribunal, la Cámara Federal de Casación, la que rechazó los planteos de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández, por lo que quedó firme el procesamiento contra la vicepresidenta de la Nación.
Cristina Fernández está acusada de encabezar una asociación ilícita, junto al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y una veintena de exfuncionarios y empresarios. Entre estos están el extitular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, además de Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri), Osvaldo De Sousa, el mendocino Gerardo Cartellone y Gerardo Ferreyra.
La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal deja prácticamente listo el expediente para el juicio, que será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 7. Este tribunal está integrado por Germán Castelli, el otro juez que junto a Bruglia y Bertuzzi, pidió a la Corte Suprema que defina si sus designaciones realizadas por decreto del expresidente Macri, se ajustaron a derecho o, como argumenta el oficialismo, no cumplieron todos los pasos constitucionales previstos.
El procesamiento de Cristina Fernández dictado por Bonadio fue avalado por la Cámara Federal porteña y ahora quedó firme tras el fallo en Casación.
Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ubicaron entre 2003 y 2015 unos 175 presuntos hechos de coimas. En el procesamiento se afirmó que un grupo de funcionarios del Estado, encabezado por Cristina Fernández, “acordaban la distribución de la obra pública” con los empresarios.
Las anotaciones de esos presuntos pagos fueron consignados en unos cuadernos por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, exfuncionario de Planificación Federal, que también figura entre los procesados.
Más allá de la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, aún quedan algunos puntos por resolver en la llamada “Causa de los cuadernos” previo al juicio: ayer, el fiscal Raúl Plée pidió que se desista de pedir los audios u otros soportes técnicos de los testimonios aportados por los arrepentidos, controversia aun no resuelta. Distintas defensas plantearon la invalidez de esas confesiones al no contar con un respaldo grabado, a la vez que denunciaron presiones sobre los imputados colaboradores.
El fiscal argumentó que las declaraciones de los arrepentidos figuran en la causa, por escrito, y que la normativa no especifica el soporte técnico que deben tener aquellas.
“Hágole saber al Tribunal que los registros de todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la Ley 27.304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos, las que se encuentran rubricadas por esos imputados, sus abogados defensores y los fiscales de la primera instancia; legajos en los que también están anexadas las actas de homologación suscritas por las mismas personas y por el juez de la primera instancia, quedando así homologados los acuerdos referidos”, argumentó el fiscal.
