Son 52 los postulantes que se presentaron a rendir por el juzgado que dejó el destituido Walter Bento

El examen de oposición se lleva a cabo hoy desde las 10 en la Facultad de Derecho. Pueden rendir hasta 8 horas los inscriptos.

Son 52 los postulantes que se presentaron a rendir por el juzgado que dejó el destituido Walter Bento
Examen de los postulantes al juzgado que dejó el destituido Walter Bento. Foto: Consejo de la Magistratura.

Este viernes comenzó una parte importantísima del proceso de selección del próximo juez federal con competencia electoral de Mendoza, tras la destitución de Walter Bento, quien enfrenta un juicio penal.

Desde las 10 en el aula F de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), los postulantes que pasaron el primer filtro de requisitos para poder presentarse, están rindiendo el examen de oposición, que servirá luego para determinar quiénes están en condiciones de estar en uno de los cargos más codiciados de la Justicia Federal de Mendoza.

No obstante, si bien eran 90 los que podían hacerlo, finalmente se presentaron 52 postulantes a la Facultad de Derecho.

Examen de los postulantes al juzgado que dejó el destituido Walter Bento. Foto: Consejo de la Magistratura.
Examen de los postulantes al juzgado que dejó el destituido Walter Bento. Foto: Consejo de la Magistratura.

Este acto fue presidido por la presidenta de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, María Fernanda Vázquez; con la presencia también del consejero Miguel Piedecasas. Acompañaron además la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez; y el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Perez Lasala.

En tanto, desde el Consejo de la Magistratura informaron que, quienes integran el tribunal de jurados que evaluará a los aspirantes, está compuesto por los doctores Enrique Lilljedahl; Daniel Gustavo Gorra; Néstor Osvaldo Losa y María Florencia Castro; mientras que los acompañan como suplentes Gabriela María Alejandra Aromí de Sommer; Darío Rodolfo De Ciervo; Walter Arnaldo Córdoba e Hilda Eleonora Vallet.

Los exámenes son escritos (tanto de la competencia penal como también electoral), y una vez que se tengan los resultados, que deberán estar en un plazo de 30 días, se abrirá otro proceso de entrevistas personales por parte del Consejo de la Magistratura.

Todo confluirá en una terna de aspirantes en la Magistratura, que irán al Ministerio de Justicia de la Nación. Luego, será el Poder Ejecutivo el que elegirá dentro de esa terna; y el pliego de la persona seleccionada terminará en el Senado Nacional para que preste acuerdo.

Estos serán los temarios:

Temario Penal:

  • Habeas corpus.
  • Garantías constitucionales y principios del proceso penal.
  • Control de convencionalidad.
  • Garantías procesales.
  • Validez de allanamientos, intervenciones telefónicas, secuestros y registros.
  • Trata de personas.
  • Ley de estupefacientes.
  • Delitos contra la Administración Pública.
  • Delitos tributarios. Delitos aduaneros.
  • Delitos migratorios.
  • Prisión Preventiva. Medidas de coerción.
  • Teoría del delito.
  • Concurso de delitos y concurso de leyes.
  • Temativa de legalidad procesal. Criterios de oportunidad y modos alternativos de solución de conflictos.
  • Reglas de Brasilia.
  • Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
  • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”. Ley de Protección Integral de las Mujeres N°26.485. Ley de Identidad de Género N° 26.743.
  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
  • Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Temario Electoral:

  • Código Electoral Nacional

Por otro lado, indicaron que “para todo el temario penal se aplicará el Código Procesal Penal Federal (Denominación del Código sustituida por art, 1° de la Ley N° 27.482 B.O. 7/1/2019)”.

El proceso de selección

De los 137 aspirantes que se inscribieron, solo 90 de ellos avanzaron hacia el examen eliminatorio del mes que viene. Tenían tiempo hasta el 4 de julio para confirmar su presencia en la “prueba de oposición” y finalmente el 65% de ellos decidió dar ese paso.

La lista inicial de inscriptos llamó la atención por la aparición de dirigentes políticos, abogados y asesores, así como también fiscales y jueces, tanto de la Justicia Federal como la provincial. Sin embargo, el primer filtro ganó más hermetismo y no trascendieron los nombres en carrera.

Examen de los postulantes al juzgado que dejó el destituido Walter Bento. Foto: Consejo de la Magistratura.
Examen de los postulantes al juzgado que dejó el destituido Walter Bento. Foto: Consejo de la Magistratura.

Mientras tanto, y hasta que se complete el proceso del concurso, el Juzgado Federal N°1 en lo penal seguirá en manos de Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Número 3; y Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal Número 2, quien asumió la competencia electoral.

Los interesados en el Juzgado que dejó Bento

Como mencionamos, la lista de 137 inscriptos fue compuesta por muchas figuras del plano político/judicial, varios de ellos referenciados en el kirchnerismo.

Se encontró la exdiputada nacional de La Cámpora, Marisa Uceda; como también Carlos Blanco, asesor de Anabel Fernández Sagasti en el Congreso Nacional y que tuvo su momento mediático cuando denunció al exgobernador Rodolfo Suárez -junto a Uceda- por sedición en septiembre del 2022.

Como dato de color, el esposo de Uceda, Leonardo Schunk, quien fue relator del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza (TOF 2), está entre los aspirantes al puesto de Bento.

Desde Tribunales Provinciales apareció Milagros Noli, actual directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y una de las que se encuentra dentro del lote de los equiparados a los magistrados, con una causa que aún no resuelve la Suprema Corte.

También Romina Ronda, abogada de Derechos Humanos y exsubsecretaria de Justicia de la gestión del peronista Francisco Pérez. De la gestión de Pérez se presentó además Fernando Vera Vázquez, exdirector del Hospital Lagomaggiore, que es abogado y contador.

Del plano político, se puede nombrar también a Pablo Garciarena, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal, integrante de Xumek y que ha estado vinculado al dirigente social, Juan Grabois.

En tanto, de los magistrados de Tribunales provinciales, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, se anotó para concursar el puesto; al igual que el juez del Tribunal Penal Colegiado 2, Horacio Cadile, (quedó envuelto en una polémica por el caso Próvolo y debió apartarse); y otro juez penal colegiado, Gabriel Bragagnolo. Se suma además la conjueza del Tribunal Penal Colegiado, Carmen Elizabeth Magro.

De los fiscales de la Justicia provincial, se destacan Claudia Ríos, Gustavo Fehlmann, Carlos Torres y Jorge Calle (fiscal de Instrucción).

También se inscribió Gonzalo Luis Gassull, recientemente nombrado director de la Oficina Judicial -secretario letrado- de gestión para el Distrito Judicial de la Cámara Federal de Apelaciones. Anteriormente se desempeñaba como secretario de la Superintendencia de la Cámara Federal de Mendoza.

Del ámbito federal se suma Fernando Peñaloza, actual conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, nombrado por el expresidente Alberto Fernández. Conocido como abogado de Derechos Humanos, el magistrado fue anteriormente abogado de Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa.

Emilio Báez Grau, quien también fue nombrado en un nuevo puesto por la Justicia Federal. Actualmente es prosecretario administrativo. Laura María Civit, secretaria de Cámara en Tribunales Federales, está inscripta; al igual que Amparo Giuffré, que es coordinadora - secretaria de juzgado- de “gestión de casos” de la Oficina Judicial del Distrito Judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Carlos Agustín Parma, hijo del juez de Cámara Carlos Parma y que es secretario de Juzgado, es otro de los anotados. Otro secretario de Juzgado que está entre los 137 es Fernando Freddi.

Una de las defensoras oficiales en la Justicia Federal de San Juan es Gema Raquel Guillén Correa, que se anotó en la lista.

La secretaria del Tribunal Oral Federal 2, Mariana Hellin, es otra de las postuladas. En el caso Bento, fue una de las que leyó detenidamente las más de 600 fojas de la imputación a Bento y el resto de imputados y procesados. Gisela Morici, secretaria de Salud de la Cámara Federal, se inscribió también.

Además se anotó el fiscal federal de San Rafael, Ignacio Sabás; mientras que Javier Ruggero, abogado de la Aduana de Mendoza, se presentó para el puesto.

Otro de los postulantes es Federico Abalos, abogado penalista (fue letrado querellante de la familia Carleti y defensor del abusador de la escuela Murialdo, Alejandro Salas) y vinculado al demarchismo.

Dentro del caso Bento

Otro punto interesante de la lista inicial fue que parte del equipo de Tribunales Federales que acompaña al fiscal federal Dante Vega, quien trabajó en todo el proceso de acusación contra el propio juez federal destituido, se inscribieron por el puesto para el Juzgado Federal 1. Aquí se encuentran los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Leandro Fornes, Juan Manuel González, Cecilia Elmelaj y Andrés Rousset.

Por otro lado, también está dentro del listado para ser juez federal Fernando Alcaraz, otro de los fiscales federales, que ha sido involucrado en varias oportunidades dentro de la causa de Bento, por el propio exmagistrado. De hecho, para Bento, hubo un supuesto “acuerdo” entre Alcaraz y Vega para actuar en su contra.

Los fiscales no denuncian porque sería autodenunciarse. Porque está claro desde la foja uno que se menciona a FA, que son las iniciales de Fernando Alcaraz y nadie dijo nada. Acá había un acuerdo entre los fiscales. Yo no te imputo Alcaraz, pero todas las denuncias que se presenten en la instrucción me las archivás”, señaló el exjuez .

Además, entre los postulantes se incorporó María Paula García, relatora de la Cámara Federal, quien es la esposa de Francisco “Chato” Álvarez, procesado por asociación ilícita y cohecho activo en calidad de coautor.

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