El Gobierno Nacional ha decidido presentar un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras el fallo emitido por la justicia federal de Chubut en relación al reclamo por la coparticipación realizado por el gobernador Ignacio Torres.
El juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, dictaminó la suspensión de la quita de fondos que el Gobierno nacional venía aplicando a la provincia de Chubut en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Esta medida, catalogada como “autosatisfactiva”, busca garantizar el cese de la retención de fondos hasta que se concrete la refinanciación de la deuda y durante el periodo correspondiente al ejercicio financiero actual.
Además, el juez exhortó tanto a Chubut como al Gobierno Nacional a buscar soluciones para la cancelación o refinanciación de la deuda en términos razonables que no comprometan los servicios esenciales del estado provincial.
El gobernador Ignacio Torres había solicitado esta medida para poner fin a la retención automática de fondos de coparticipación y el reintegro inmediato de los fondos ya retenidos.
Ante el fallo, el vicegobernador Gustavo Menna celebró la decisión de la justicia federal de Rawson, destacando que se reconoció la ilegalidad de la retención de fondos coparticipables por parte del Gobierno Nacional.
¿Qué es la herramienta “per saltum”?
La figura del per saltum, que significa “por salto” en latín, es una herramienta legal que permite llevar un caso directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin pasar por instancias judiciales intermedias, en situaciones que revisten gravedad institucional.
Este recurso se utiliza en casos excepcionales que afectan principios y garantías constitucionales fundamentales, según lo establecido en el Código Procesal en lo Civil y Comercial.
El per saltum es un recurso de “marcada excepcionalidad” que permite a las partes apelantes presentar directamente el caso ante la Corte Suprema cuando las cuestiones en disputa tienen una relevancia institucional o pública significativa que excede el interés de las partes involucradas en el litigio.
El Gobierno Nacional espera que la Corte Suprema evalúe la situación y tome una decisión en torno a este caso de gravedad institucional que involucra el reclamo por la coparticipación de la provincia de Chubut.
