En momentos de definiciones para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un diputado nacional del Frente de Todos presentó un proyecto para recrear el “aporte solidario” de las grandes fortunas y mitigar de esa forma el impacto de la deuda con el organismo multilateral.
La iniciativa es impulsada por Pablo Carro, de la CTA Córdoba, y acompañada por el secretario general de esa central a nivel nacional, Hugo Yasky. Los dos diputados se abstuvieron en la votación del viernes pasado en la Cámara baja, junto a otros legisladores de extracción sindical.
El proyecto se denomina “Aporte solidario y temporario para mitigar el impacto del endeudamiento con el FMI” y pretende emular el “impuesto a las grandes fortunas” que se aplicó sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos para atender las consecuencias de la pandemia.
A diferencia de ese aporte, que se pagó por única vez, Carro propone que tenga una vigencia de 10 años. Y el piso para comenzar a aplicar el gravamen sería superior, de 320 millones de pesos en lugar de 200 millones. El pago será obligatorio, según establece el artículo primero.
En el texto se fija una escala gradual de alícuotas en base al patrimonio. Así, una persona que declare bienes por entre 320 y 400 millones de pesos pagará 6 millones más el 1,50% sobre el excedente de 300.000. La escala va en aumento hasta los patrimonios superiores a los 3 billones.
Se propone que lo recaudado por este aporte se distribuya en base al régimen de coparticipación, y se establece que la aplicación, percepción y fiscalización de este tributo estará a cargo de la AFIP, que encabeza Mercedes Marcó del Pont.
“Tenemos que garantizar que el peso del endeudamiento no recaiga -otra vez- sobre las y los trabajadores, sobre las y los jubilados”, argumentó Carro.
Según indicó, el “aporte solidario” implementado en 2020 “resultó efectivo para morigerar el impacto de la pandemia y sostener políticas de inclusión social para los sectores más desprotegidos y la reactivación productiva de la Nación”.
El diputado citó un informe oficial preliminar de diciembre de 2021 que registró ingresos por más de 230.000 millones de pesos, aportados por unos 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones.
“Necesitamos que los sectores más pudientes de la Argentina sostengan un segmento de los esquemas de financiamiento público para recuperar el tejido productivo y de seguridad social en la Nación y en las provincias argentinas”, insistió.
Finalmente, el representante de la CTA Córdoba reclamó: “Que la solidaridad sea la regla. Los que más tienen deben hacer un esfuerzo para paliar los efectos de una deuda que no tiene precedentes”.
