Procesaron a cuatro miembros de Revolución Federal sin prisión preventiva por incitación a la violencia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acusó a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile de llevar a cabo un plan criminal para imponer sus ideas.
“Pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho”, concluyó el magistrado.
“Tanto por redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio” de la vicepresidenta.
“Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, sostuvo Martínez de Giorgi en la resolución a la que accedió Télam.
Para ello, continuó, “utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes”.
“Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas”, aseveró el magistrado en el marco de la causa en la que interviene también el fiscal Gerardo Pollicita.
Para los investigadores, la finalidad de los actos desarrollados por Revolución Federal “fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados-pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado”.
El juez destacó en su fallo “la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como ‘van a correr’ o ‘Todos presos, muertos o exiliados’ -entre otros-, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales, que utilizaron como herramienta de difusión, y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas”.
El juez consideró en su resolución la cronología de sucesos violentos relatada por el fiscal Pollicita en su dictamen del 18 de octubre en la que se indicó que los integrantes de la agrupación Revolución Federal aprovecharon el malestar de la población por la actual crisis económica, financiera y social para azuzar a la ciudadanía.
En ese sentido, aseveró que la escalada de actos violentos “desembocó en la instauración de un estado de alarma social en virtud del atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación”, y remarcó que “a partir de ese punto culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad, tanto en las calles como en las redes sociales”.
El magistrado mandó a trabarles embargos sobre sus bienes hasta cubrir el monto de nueve millones de pesos, según surge del fallo.
Los imputados ahora procesados sin prisión preventiva habían sido detenidos el 20 de octubre, pero fueron excarcelados el lunes pasado por orden de la sala primera de la Cámara Federal porteña que entendió que todos estaban a derecho y que no había riesgo de que se fugaran ni entorpecieran la investigación.
