Son horas frenéticas en el Congreso de la Nación porque acecha el cierre del Período Ordinario de sesiones. Una vez que arranque el Extraordinario, sólo se tratará lo que mande el Poder Ejecutivo y en el medio de esto quedó el Presupuesto nacional. Diputados radicales mendocinos quieren que se debata la pauta de gastos frente a una postura nacional que parece ir en sentido contrario. Advierten los efectos negativos de la reconducir partidas del 2023 y podrían pedir sesión especial.
“Forzar la institucionalidad para garantizarse discrecionalidad en el manejo de recursos no es una opción válida. Se pretende así instalar como hábito un vicio institucional con debilidad democrática y anti republicano”, dice uno de los párrafos de la opinión de Julio Cobos sobre lo que ocurre con el Presupuesto nacional. Es sabido que el ex gobernador no esconde sus diferencias con el Ejecutivo nacional y más de una vez se ha diferenciado de Lisandro Nieri y Pamela Verasay, también diputados nacionales pero cercanos al gobernador Alfredo Cornejo.
Para Cobos, no hay justificación válida para reconducir nuevamente la pauta de gastos del 2023, algo que hizo Javier Milei este año luego de asumir en diciembre del año pasado. Con otro clima político, en el radicalismo no comparten la decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional sobre cómo administrar los recursos. Más aún cuando el propio Javier Milei lo envió al Congreso, lo defendió un domingo por la noche en el recinto, y por el cual recibió elogios.
“La Ley de Administración Financiera contempla excepciones, incluso podría justificarse lo ocurrido este año, ante la compleja situación fiscal heredada por el Gobierno que recién iniciaba su gestión; pero ¿cómo justificar un año más sin Presupuesto en Argentina? Imposible e injustificable, no existe margen alguno para que en 2025 el Poder Ejecutivo Nacional funcione nuevamente reconduciendo el presupuesto 2023″, dice el diputado nacional.
Por lo tanto, “si a pesar de las advertencias se intenta repetir esta maniobra, implicaría que el 70% de los Gastos Corrientes y de Capital se ejecutarían bajo absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo, con un esquema de modificaciones presupuestarias dispuestas por decisiones administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros o por DNU. Sin presupuesto no hay control, no hay brújula ni visión de país compartida”.
“Asimismo, la ausencia de presupuesto también socava los cimientos del federalismo fiscal al no existir un marco claro de distribución de recursos, se genera una incertidumbre que debilita las autonomías provinciales y fomenta la discrecionalidad territorial en la asignación de fondos. Esta falta de previsibilidad en la transferencia de fondos nacionales promueve inestabilidad financiera en las provincias, dificultando la planificación y ejecución de políticas públicas. Además, la discrecionalidad promueve clientelismo político ante la ausencia de reglas claras en la asignación de fondos”, asevera el ex Vicepresidente.
Lisandro Nieri, ex ministro de Hacienda y Finanzas durante la primera gestión de Cornejo y parte de la Rodolfo Suárez, tampoco comparte que no haya pauta de gastos. De hecho, como uno de los Secretarios de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, había mostrado su enojo por la decisión del presidente José Luis Espert de suspender las reuniones.
“Sería un retroceso absoluto, más cuando estamos dispuestos a acompañar un presupuesto equilibrado. Desde el primer día lo dije, dije que era equilibrado, que hablaba sólo de eso y no era una ley ómnibus. Después, hay un montón de puntos en los que podés no estar de acuerdo. Hicimos aportes en algunos puntos en los que considerábamos que había que mejorar”, dijo Nieri a Los Andes.
El ruido que había en el Gobierno provincial tenía que ver con los impuestos que no se coparticipan y cuyo destino específico ya no existirá. Un caso famoso es el del fondo que financiaba el sistema de transporte y que se nutre con parte del Impuesto sobre los Combustibles. “Si el Gobierno nacional se retira de eso, no tiene ningún sentido que se siga cobrando”, aclaró. Cornejo proponía que se coparticipara, siendo que las provincias debieron hacerse cargo de financiar el transporte, algo que ya sucedía por los atrasos durante la gestión de Alberto Fernández. Aunque ahora, será con la certeza de que no llegará un solo peso.
“Si la AFIP va a ser un organismo más razonable, no podemos seguir con estas mega estructuras. La AFIP se queda con el 2% de la recaudación, impuesto país, de absolutamente todo impuesto. Es la cuarta provincia de Argentina. Después de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba, viene la AFIP. Si leés el comunicado cuando anuncian el cambio de nombre, dicen que se achica, y eso significa que hay recursos para todos”, dice el diputado nacional.
El legislador participó de reuniones y trabajó en aportes pero “de un día para el otro, se levantó la reunión. Es un error gigantesco, es miope. Perdés previsibilidad para todos, hasta para los inversores. Perdés institucionalidad”, lamentó Nieri quien no comparte que haya una nueva reconducción presupuestaria.
Cornejo había dicho públicamente algo similar luego del almuerzo que mantuvo con Javier Milei y otros gobernadores radicales en la Casa Rosada. Comentó que se habló sobre “la importancia de tener un presupuesto, porque le da una reputación al gobierno, que tiene institucionalidad, que da reglas de juego claras para el futuro”.
En suspenso
El bloque radical tuvo ayer por la tarde la reunión para definir qué hacer y según trascendió, tratarán de que se resuelva algún tipo de solución para el tratamiento. Sin tiempo para dictámenes porque vencen los plazos, el oficialismo deberá realizar la convocatoria a sesiones extraordinarias. Si esto no ocurre, se evalúa un pedido de sesión especial y hay tiempo hasta el sábado. De ser así, las mayorías necesarias son de dos tercios y los números no sobran.
Los gobernadores se movieron por su parte y piden cinco puntos: destinar la asignación específica del 2,55 del impuesto a los combustibles que se destinaba a obra y compensación del transporte a la masa coparticipable; financiar el déficit de las cajas previsionales, derivar parte del 1,9 de la recaudación de la ex AFIP a la coparticipación, compensación del Pacto Fiscal del 2017, y distribuir ATN no utilizados.
Hasta ahora el Gobierno rechazó las demandas al considerar que afectaba el equilibrio fiscal ya que implicaban unos 3700 millones de dólares, aunque los dialoguistas dicen que se puede compensar con una baja de los gastos tributarios. Por eso será clave cómo seguirá el pulso de esa negociación si realmente se reanuda.
