El primer gran desafío que deberá enfrentar Javier Milei en un Congreso adverso a la hora de los votos es el del Presupuesto para el año próximo. El presidente electo prometió aplicar un ajuste total del 15% del PBI en el gasto público, pero para eso necesitará un apoyo difícil de conseguir por parte de la nueva oposición.
El proyecto de gastos y recursos que envió el ministro Sergio Massa el 15 de septiembre a la Cámara de Diputados se transformó en letra muerta. Apenas asuma el 10 de diciembre, Milei deberá remitir un nuevo texto a través de su ministro de Economía, cuyo nombre aún mantiene bajo reserva.
Cuando resultó ganador en las PASO de agosto, Milei le pidió a Massa postergar el debate del Presupuesto hasta después de las elecciones generales. El ministro de Economía ya había enviado su proyecto pero, con toda lógica, el oficialismo aceptó tácitamente el pedido y no abrió el debate en comisión.
Con la victoria de Milei en el balotaje, habrá que barajar y dar de nuevo: el libertario prevé plasmar en el Presupuesto el primer ajuste en el gasto público (que en total sería equivalente al 15% del PBI) con recortes focalizados en el área política, según adelantó en la campaña como parte del “plan motosierra”.
Pero el futuro presidente enfrenta un escenario complicado en el Parlamento, donde quedó con 38 diputados y 7 senadores y depende de acuerdos obligados con el PRO y otras fuerzas políticas. Unión por la Patria tiene capacidad para dificultar el avance de las próximas leyes, siempre y cuando logre mantenerse unido en la derrota.
De no prosperar el nuevo Presupuesto, el Poder Ejecutivo tiene la opción de reconducir el vigente, lo que le otorga discrecionalidad a la Jefatura de Gabinete para reasignar partidas. Es lo que tuvo que hacer Alberto Fernández cuando Diputados rechazó el proyecto para el año 2022, impulsado por el entonces ministro Martín Guzmán.
Aunque el Frente de Todos postergó el debate del Presupuesto massista, sí comenzó el tratamiento de la “separata”, un anexo del proyecto que contiene una serie de gastos a revisar por el Congreso, con la meta de alcanzar un superávit primario del 1% del PIB en 2024.
La “separata” incluye beneficios impositivos y regímenes de promoción que otorga el Estado para favorecer a determinados sectores (como jueces o titulares de inmuebles rurales en el exterior) o zonas geográficas (como la provincia de Tierra del Fuego). Sin embargo, ese gasto totaliza casi un 5% del PBI, muy lejos del 15% que aspira a recortar Milei.
La llave de la nueva oposición
La nueva oposición a partir del 10 de diciembre, nucleada en Unión por la Patria y los retazos que queden de Juntos por el Cambio, tendrá en el Congreso la llave para poner límites y controlar la gestión de Javier Milei, cuyas medidas prometidas en campaña dependen, en su gran mayoría, de la sanción de leyes.
Milei anunció este lunes, en diálogo con radio Mitre, que buscará privatizar YPF y también los medios públicos (TV Pública, Radio Nacional y la agencia Télam), a los que consideró un “mecanismo de propaganda”. También ratificó que irá por la eliminación del Banco Central (BCRA) y la derogación de la ley de alquileres.
El atajo que podría tomar Milei es el de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la herramienta con la cual un presidente puede legislar en “circunstancias excepcionales”, como cuando el Congreso está en receso o existen razones de urgencia (salvo en materia impositiva, penal, electoral o de partidos políticos).
En ese sentido, el primer DNU de Milei consistiría en la reforma del Estado para reducir los actuales 18 ministerios a 8: Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura y otro denominado “Capital Humano” que unificaría Trabajo, Salud, Educación y Desarrollo Social.
Sin embargo, es el mismo Parlamento el que debe declarar la validez o invalidez de los DNU, de los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes. Lo hace a través de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la única con independencia para reunirse durante el intervalo de verano.
El mecanismo hace que sea más difícil rechazar un DNU que ratificarlo, aunque la oposición podría conseguir los votos para lo primero. Para anular un decreto, una vez que la bicameral dictamina sobre el mismo, se necesita el voto negativo de ambas cámaras del Congreso, mientras que para validarlo solo basta con aprobarlo en una de ellas.
La comisión es presidida actualmente por un diputado de La Cámpora, el santafesino Marcos Cleri, y tuvo un rol importante durante la pandemia, cuando Fernández gobernó por decreto. Pero este año no se reunió nunca. Su último encuentro fue a fines de junio de 2022, solo con fines constitutivos, y se acumulan decretos dictados, en algunos casos, hace años.
Seguí leyendo
