El Gobierno provincial arrancó una semana importante en términos políticos y sobre todo en lo que corresponde al 2023, con la presentación del Presupuesto y los proyectos de Avalúo e Impositiva, que regirá las pautas económicas del último año del gobernador Rodolfo Suárez al frente del Poder Ejecutivo.
Más allá de la defensa del oficialismo a la gestión de Suárez sobre los ejes que marcan, que son el equilibrio fiscal, baja de impuestos y fortalecimiento de la inversión pública y privada; en el peronismo han hecho foco en inquietudes o problemas que tiene, según su visión, el Poder Ejecutivo, al menos en forma preliminar respecto a un Presupuesto que aún debe ser estudiado de forma más fina y por el cual aún restan desfilar algunos ministros más para explicar la distribución de los gastos.
Estos están relacionados, en primer lugar al ambicioso plan de obras públicas que ha presentado el Gobierno, en momentos en los que el peronismo pone en foco la subejecución, que está “en altos niveles”.
Esto se relaciona con el pedido de endeudamiento por U$S 280 millones, sobre los cuales, según el espacio opositor, no sólo “no hay detalles de las condiciones” en las que se pedirían, sino que también viene acompañado con la situación del endeudamiento “grave” que aseguran que tiene el radicalismo, en base a las deudas en dólares que comenzarán a cobrarse con más fuerza en 2023.
Por otro lado, la ausencia del roll over por parte del oficialismo, si bien no debería incidir en la discusión del Presupuesto, es un tema que ha calado hondo en la oposición, debido a que tienen la idea que el oficialismo “esconde la deuda y los fuertes vencimientos en dólares del año que viene”. Además, aseguran que violarán la ley en caso que intenten “rollear” los U$S 120 millones que se vencen el año que viene sin autorización de la Legislatura.
También se ha puesto en la discusión interna del peronismo el avalúo tanto del impuesto Automotor como el Inmobiliario, con aumentos que irán del 60 al 90%, más allá de los topes que se van a aplicar en ambos casos por parte del oficialismo y que estarán por debajo de la altísima inflación de este 2022.
Sobre estas premisas, más allá de todos los detalles que están estudiando en el principal espacio opositor con la lectura del proyecto del Presupuesto -el cual junto a Impositiva y Avalúo reúnen 507 páginas-, es donde radican las primeras dudas e inquietudes.
Si bien es cierto que el radicalismo más sus aliados de Cambia Mendoza tienen los votos suficientes como para aprobar la pauta de gastos en ambas cámaras, el radicalismo quiere dar la discusión y aguarda por una aprobación con el acompañamiento de la oposición.
Endeudamiento en la mira
De acuerdo a las obras públicas que necesitan crédito, en el oficialismo entienden que no deberían tener problemas a la hora de recibir el aval del peronismo, que es necesario ya que se necesita mayoría especial para su autorización.
En este caso, se pidieron U$S 282 millones que están divididos en cuatro artículos (del 38 al 41) y que contemplan la doble vía del este, el plan de obras hídricas para el Gran Mendoza, el acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta y la ampliación del Metrotranvía.
Por ahora el Frente de Todos no ha rechazado las obras ni ha tomado alguna decisión al respecto. Lucas Ilardo, el jefe de bloque en la Cámara Alta, señaló a comienzos de la semana que “no hay detalles de las condiciones” sobre las mismas pero advirtió que el gobierno radical (por Cornejo y Suárez) “ha llevado a la provincia a niveles tan graves de endeudamiento que han generado la situación difícil en la que estamos”.
En tanto, Germán Gómez, jefe de bloque en la Cámara Baja, puso énfasis en una “baja ejecución de la obra pública. Esto no es algo nuevo, porque ya salimos de la situación de pandemia y hay una subejecución altísima”.
Desde el radicalismo han contestado respecto a que el gobierno se ha caracterizado por “pedir créditos para obras, no para gastos corrientes”, y recordaron nuevamente las últimas gestiones del peronismo, que terminaron con problemas económicos y con créditos tomados para gastos corrientes.
Al margen de estos puntos, el oficialismo espera igualmente que haya una aceptación de los 4 proyectos. El que más financiamiento pide, que es el de obras hídricas y de optimización de la gestión del agua en el Gran Mendoza, aguardan por un visto bueno por parte de los intendentes Matías Stevanato (Maipú) y Roberto Righi (Lavalle), que podrían ser la “llave” para desbloquear ese crédito por U$S 130 millones (en una primera etapa) con los legisladores del Frente de Todos.
En tanto, respecto a otras dos obras, como lo son el acueducto ganadero de Monte Comán-La Horqueta (U$S 15 millones) y la segunda etapa de la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín (U$S 22 millones), el propio gobernador Suárez aseguró que han sido aceptadas por la Nación a través del Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Regional (Fffir), por lo que entiende que si tiene el aval nacional, también debería ser aceptado por el espacio a nivel provincial.
Además, han puesto énfasis en que el acueducto ganadero impactará en el sur mendocino, pero prácticamente se concentrará en San Rafael, comuna gobernada por el peronista Emir Félix.
Finalmente, sobre las ampliaciones del Metrotranvía al sur y al norte (U$S 115 millones), todavía no hay consideraciones al respecto, aunque sí se solicitará información respecto al monto estimado de las obras, a sabiendas que el presupuesto “ha variado con respecto a lo que se preveía anteriormente”.
Tras estas solicitudes, el sanrafaelino Gómez amplió: “Nos llama la atención porque se anuncian millones y millones en obras, pero no se ejecutan ¿En qué se gasta la plata? Hay ineficiencia política en la gestión. ¿Para qué vamos a discutir obras clave si en la planilla notamos una ejecución mediocre?”, se preguntó.
Con relación a los impuestos Automotor e Inmobiliario, en el Gobierno remarcaron que no habrá cambios de alícuotas y que seguirán manteniéndose los “topeos” -que fueron pedidos anteriormente por el PJ- para una gran parte de mendocinos en los avalúos, ya que el 71% de los autos y camionetas tendrán boletas con un aumento máximo del 60% respecto al 2022; mientras que el 93% de los inmuebles de la provincia también tendrán un tope del 60%; en momentos en el que el país seguramente terminará el 2022 con una inflación superior al 90%.
Finalmente, el no pedido del roll over en la Legislatura también se está discutiendo en términos políticos, sobre todo porque el Gobierno anunció hace un tiempo que intentará utilizar esa herramienta de igual forma, para evitar y renegociar en mejores condiciones deudas por U$S 120 millones que vencen en dos cuotas (marzo y septiembre).
Ante esto, Gómez dijo que la provincia “cuenta con recursos para renunciar al endeudamiento pero no lo hace”, y expresó que no ven en el peronismo que haya “una concepción política clara sobre el manejo de la deuda. No podemos seguir pateando las deudas y más en un contexto nacional e internacional que no es el mejor”.
También se pronunció al respecto Marcelo Costa, ex ministro de Hacienda de Francisco Pérez, quien señaló que la aprobación del roll over “necesita de las mayorías especiales (2/3 en ambas cámaras) previstas en la Constitución de Mendoza”.
“Lo que propone el Gobierno de Mendoza es inconstitucional y avanzar con esto sería otro atropello a la Institucionalidad de Mendoza”, marcó, en referencia a la posibilidad que busca el Gobierno de ampararse en el artículo 68 de la ley de Administración Financiera.
“Nuestro argumento es que la Constitución pide dos tercios para generar la deuda, pero no para administrarla”, dice el Gobierno.
