En un gesto de presión hacia el Senado, donde los números son desfavorables para la sanción de la ley, se presentaron los resultados de una encuesta nacional que indica que el 67% de los argentinos está “de acuerdo” en aplicar la boleta única de papel y solo el 18% cree que el Gobierno “debería oponerse” al proyecto.
El sondeo fue realizado por la consultora Poliarquía y los resultados fueron dados a conocer este jueves en una videoconferencia realizada en conjunto con la Red de Acción Política (RAP), la entidad multipartidaria que impulsa la ley.
Se relevaron 1.151 casos de manera telefónica en 40 ciudades de todo el país con más de 10.000 habitantes, independientemente de si utilizan o no la boleta única. El estudio se realizó entre el 9 el 13 de junio, inmediatamente después de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados.
“La encuesta mostró niveles de apoyo social más que significativos y homogéneos a lo largo de la sociedad. Es un tema que no está atravesado fuertemente por la grieta”, destacó Alejandro Catterberg, director de Poliarquía. Aclaró que si bien “las principales demandas pasan por la economía”, los últimos estudios demuestran que en segundo lugar se ubican los “temas institucionales”.
El sondeo sobre boleta única arrojó que solo el 27% se opone a su uso y además demostró que, entre los encuestados identificados con el Frente de Todos, más de la mitad (55%) apoyan el cambio de sistema y solo el 32% cree que el Gobierno debería oponerse.
También se observó una fuerte valoración de los beneficios de la boleta única. Por ejemplo, al 77% de los encuestados “le parece importante” evitar la faltante de boletas en el cuarto oscuro, y la cifra llega al 59% entre los votantes del oficialismo.
“No hablamos de fraude, sino de mejorar el sistema electoral. La boleta única asegura el acceso a dos derechos esenciales que no están garantizados con el sistema actual: el derecho a elegir y a ser elegidos”, remarcó Alan Clutterbuck, director de la RAP.
Otro de los argumentos ponderados por los ciudadanos fue el ahorro presupuestario, con un 79% de aceptación. Según Clutterbuck, en la última elección se hubiesen ahorrado 3.000 millones de pesos si se hubiese aplicado la boleta única. Por último, el 80% valoró la preservación del medioambiente.
El proyecto de boleta única fue aprobado en Diputados el pasado 8 de junio con 132 votos a favor, 104 en contra y cuatro abstenciones, tras el acuerdo logrado entre los diferentes bloques de la oposición. En el Senado, el texto recibió giro a dos comisiones, Asuntos Constitucionales y Justicia. A diferencia de la Cámara baja, se excluyó a Presupuesto y Hacienda.
La oposición buscará presionar para poner el tema en agenda, aunque hasta ahora no tiene asegurados los votos para sancionar la ley. Se necesitan 37 voluntades, y Juntos por el Cambio podría llegar a 35 con apoyo de la cordobesa Alejandra Vigo y el rionegrino Alberto Weretilneck, quienes apoyan la reforma.
A pesar de las limitaciones, Clutterbuk se mostró optimista sobre la posibilidad de sancionar la ley. Recordó que en Diputados “hubo legisladores del oficialismo que no terminaron votando en contra y que decidieron abandonar sus bancas”. En efecto, de los 17 ausentes de la sesión, 14 pertenecen al Frente de Todos.
En cuanto al Senado, el director de la RAP observó que “hay legisladores que a nivel provincial han apoyado la boleta única en el pasado y aún a nivel nacional; que han presentado proyectos para impulsar la boleta única en 2013 y 2016; y que han manifestado explícitamente en medios provinciales que estaban de acuerdo en cambiar el sistema de votación”.
Sin nombrarlos, Clutterbuk se refirió a los senadores oficialistas Edgardo Kuieder (Entre Ríos), quien impulsó la ley cuando era funcionario provincial; Guillermo Snopek (Jujuy), cofirmante de un proyecto junto al Esteban Bullrich; y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), quien se expresó a favor en declaraciones periodísticas.
En el mismo sentido, Catterberg consideró que existe “una tensión en los senadores del interior entre optar por un instrumento que da mayor autonomía versus el acompañamiento al Gobierno nacional”. Es decir, la disyuntiva entre la disciplina partidaria o la libertad de acción.
