El legislador Yamil Santoro presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de establecer requisitos educativos más elevados para los representantes del poder legislativo porteño. La iniciativa surge después de la polémica suscitada entre la canciller Diana Mondino y la diputada Natalia Zaracho por su nivel de escolaridad.
El proyecto propuesto busca modificar artículos del Código Electoral para introducir requisitos educativos en la postulación de candidatos, con el objetivo de “promover la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos”, según afirmaron desde el entorno del legislador liberal.
La propuesta legislativa establece que aquellos que aspiren a cargos electivos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires deberán contar con un título secundario, terciario o universitario. Además, destaca que no podrán ser precandidatos aquellos que cursen procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas.
“Acabo de presentar un proyecto de ley para que el título secundario sea un requisito para acceder a cualquier cargo electivo en la CABA. La ley de educación nacional establece al nivel secundario como obligatorio en todo el territorio nacional. Es, en consecuencia, razonable que sea un requisito para garantizar la calidad mínima de los productos legislativos. Espero que esta idea sea replicada por las legislaturas de todo el país para establecer un requisito razonable y jurídicamente prudente”, publicó Santoro en su cuenta de X.
El legislador considera que “la educación secundaria es un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento”.
Finalmente, argumentó: “La gente no vota a sus diputados, sino que elige listas que no se arman democráticamente. Nuestra intención es que, al menos, puedan tener un umbral mínimo de calidad garantizado a la hora de elegir personas que tienen que legislar para la ciudadanía”.
Otro aspecto clave del proyecto es la regulación del proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo “requisitos claros y precisos” para su presentación ante la Junta Electoral de la Agrupación Política.
