El gremio que nuclea a empleados judiciales está en pie de guerra con el Poder Ejecutivo por el aumento de sueldos. Entre las medidas de fuerza, resintió la atención de las oficinas fiscales, es decir las que reciben denuncias.
Mientras esa batalla corre por el carril de las paritarias, un informe del Ministerio Público Fiscal reconoce la delicada situación del personal en esos estamentos. La firma del documento corresponde a Andrea Cháves, funcionaria a cargo de la Coordinación General del MPF.
Los datos están dentro de un expediente en el que ayudantes fiscales han interpuesto un reclamo administrativo a fin de hacer valer “nuestro derecho a condiciones dignas de labor”. Allí, se expone un diagnóstico de situación que podría agravarse si hay exigencias sobre las guardias pasivas y un fallo de la Suprema Corte de Justicia para que sean equivalentes a guardias pasivas.
Una de las áreas clave en el Poder Judicial son las oficinas fiscales porque es el primer contacto que tiene cualquier denunciante que pide justicia ante un hecho que haya padecido: robo, violencia de género, entre muchos otros.
Por ese motivo, en medio de la pelea por el aumento salarial y mejora en las condiciones laborales según ha quedado claro en una de las últimas actas de conciliación obligatoria, el informe de Andrea Cháves agita el avispero porque tiene fecha del 11 de abril, es decir que los datos no necesitan ser actualizados.
Cómo funcionan las Oficinas Fiscales
De las 43 Oficinas Fiscales que hay en toda la provincia, la mayoría atiende las 24 horas los 365 días del año. Eso implica que haya tres turnos (matutino, vespertino y nocturno) de 8 horas cada uno. Sólo un número reducido tiene turno matutino y vespertino durante cinco días a la semana con dos días de descanso.
En la modalidad de prestación de servicio durante las 24 horas, el turno noche se hace a través de guardias pasivas para los Ayudantes Fiscales. Es decir, que no permanecen físicamente en la oficina desde que una resolución de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia eliminara el turno nocturno en forma presencial para personal técnico y de la administración.
Cháves explica que en los días “no hábiles (sábados, domingos y feriados) los y las Ayudantes Fiscales que se encuentran de turno, lo hacen mediante guardias pasivas durante las (24) horas del día). Se aclara que “son los propios Ayudantes Fiscales quienes establecen los cronogramas de trabajo y coordinan la distribución y el cumplimiento de los diferentes turnos de labor y los días de descanso que a cada uno le corresponde”.
Hay un requisito que se debe cumplir sin excepción y es que se cumplan, como mínimo 40 horas semanales y que se garantice la prestación del servicio durante el horario en que se encuentra operativa cada Oficina Fiscal.
“Eso pone en evidencia que la falta de días u horas de descanso aludido en el reclamo presentado, obedece a una posible deficiencia o especulación en la elaboración de los cronogramas de trabajo que los propios Ayudantes Fiscales realizan y otras veces al limitado número de personal disponible, ya sea por licencias prolongadas o transitorias”, advierten desde la Coordinación General del MPF.
El caso Padin y las dudas a futuro
Un médico del Cuerpo Médico Forense, de apellido Padin, ganó una demanda contra el MPF gracias al fallo de la Sala Segunda en el que “reconocen que la jornada laboral diaria comprende aquellas horas en las que los/as agentes permanecen disponibles durante guardias pasivas, equiparando las mismas como tiempo efectivamente trabajado”, dice el informe.
Esta situación, subraya Cháves, “plantea un panorama complejo debido a que dichos parámetros riñen con la realidad de las Oficinas Fiscales y la modalidad de guardias pasivas”. Todo esto ocurre porque “no es posible con la planta de personal existente cumplir dichos criterios, manteniendo a su vez la disponibilidad de la atención en las Oficinas Fiscales y el servicio de justicia que allí se presta de igual forma en la que actualmente se brinda”.
La solución que expone la funcionaria judicial desnuda la realidad en el Ministerio Público Fiscal que conduce Alejandro Gullé. “Se requeriría el cierre de una gran cantidad de Oficinas Fiscales en todo el territorio provincial” y detalla que son 9 en la Primera Circunscripción Judicial, la misma cantidad en la Segunda Circunscripción Judicial, tres en la Tercera, al igual que en la Cuarta.
En total son 24 Oficinas Fiscales las que deberían cerrarse, con todo lo que eso implica en la prestación del servicio de justicia. O bien, la alternativa es que se creen 38 cargos de Ayudante Fiscal, por lo menos. Eso debe avalarlo el Poder Ejecutivo. El Ministerio Público Fiscal no es autárquico, es decir no tiene recursos propios, las partidas son liquidadas por el Poder Ejecutivo.
Alejandro Gullé, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, no está de acuerdo con lo que resolvió la Sala Segunda y por eso pedirá que resuelvan todos los ministros cuando las otras causas (3 o 4) estén en condiciones de resolverse con la sentencia.
“De extenderse ese criterio de la Sala Segunda a funcionarios como ayudantes fiscales que cumplen turnos pasivos los fines de semana, la única solución sería designar esa cantidad de cargos porque excederían el máximo permitido de horas por semana. La única solución seria tener la mayor cantidad para suplir lo que tengan que dejar de trabajar. Es un informe para prevenir”, indicó a Los Andes.
Paraguas abierto
Sin embargo, también se recuerda que el pedido se viene haciendo desde el 2018 en todos los proyectos de presupuesto que el MPF ha presentado ante el Poder Ejecutivo y Legislativo “sin lograr hasta la fecha que sean aprobados en una cantidad suficiente para paliar el defasaje existente entre el déficit de recursos humanos en relación al notable incremento de trabajo en los últimos tiempos se ha evidenciado”.
Otra de las advertencias que se hace en el informe es que una vez conocido el fallo en el caso Padin, al que podrían sumarse otras causas en trámite y para las cuales se pedirá sentencia en pleno para contar con un criterio respaldado por el máximo tribunal, se pidió una partida presupuestaria al Ministerio de Hacienda y Finanzas el 26 de junio del año pasado.
Según remarca Cháves, se mandó un informe pormenorizado de la problemática que se avizoraba y pidiendo un refuerzo presupuestario para crear 55 cargos de Ayudantes Fiscales y 180 Auxiliares Administrativos en lo que refiere al ítem “Oficinas Fiscales”. También hubo pedidos por 113 cargos más para diferentes tareas a cumplirse en “Unidad de apoyo de la Investigación Fiscal (UDAPIF)”, “Equipo de abordaje de Abuso Sexual (EDEAAS)” y “Equipo profesional Interdisciplinario (EPI)”.
“Cabe mencionar que dicho refuerzo resulta necesario para adecuar las estructuras organizativas de las mentadas dependencias judiciales para garantizar su funcionamiento de la misma manera que lo hacen al día de la fecha, respetando los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia respecto al cómputo de las guardias pasivas”, dice el informe. Es decir, que si el caso Padin se generaliza, será necesario ese refuerzo para cumplir con el fallo.
Andrea Chávez tiene claro que hay una encrucijada y que la implementación de estas medidas “enfrentará diversos desafíos y resistencias dentro de la organización y fuera de ella. Sabido es que es natural resistirse al cambio por temor a lo desconocido, pero entendemos al cambio y a la flexibilización de las estructuras como la única manera de brindar una respuesta eficiente y oportuna tanto al personal del Ministerio Público Fiscal como a la sociedad”.
