En medio del análisis que realiza el Gobierno provincial para definir a cuánto subirá la tarifa del transporte público, una posible disminución de la asistencia nacional genera preocupación.
Según el proyecto de Presupuesto 2022 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso nacional, los subsidios totales de la Nación para el transporte público en las provincias del interior del país se reducirán en 1.000 millones de pesos durante 2022.
Así lo refleja la pauta de gastos, la cual establece para el año que viene la prórroga del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, pero le asigna menos dinero que este año.
En concreto, el subsidio para el transporte de todas las provincias del interior cae de 28.000 millones de pesos a 27.000 millones, según indicaron a Los Andes el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, y la diputada nacional de la UCR Jimena Latorre.
El artículo 84 del Capítulo 11 establece que estos fondos se utilizarán para “continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar los posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por el Estado nacional” y fija también que los criterios de asignación y distribución serán establecidos por el Ministerio de Transporte.
El problema es que las autoridades consideran insuficiente la cifra no sólo porque no contempla la inflación (a octubre, acumula 41.8%), si no porque también cae nominalmente respecto de este año.
Mema señala además que, en contraste con los 27.000 millones para las provincias, el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirá mucho más para contener el precio del boleto. “El 70% del subsidio del transporte es para el AMBA y el 30% se reparte entre las restantes 23 jurisdicciones”, recalcó en este sentido la diputada Latorre.
La plata para el transporte público que llega del poder central refleja parte de la “discriminación” a la Provincia que el Gobierno provincial ha prometido convertir en una denuncia judicial. Sin embargo, la batalla todavía no está perdida.
El Presupuesto 2022 aún no ha sido votado (lo envió el ministro de Economía Martín Guzmán en setiembre) y el Gobierno provincial cree que se generará en el Congreso una pulseada en la que varios gobernadores del interior, incluso del PJ, harán causa común para subir el aporte. “Esperemos que se sumen al reclamo los gobernadores peronistas y no los terminen arreglando con mayores aportes discrecionales luego durante el ejercicio”, desafió en este sentido la diputada Latorre.
Eso sí, de la pelea en Buenos Aires podría depender también el futuro precio del boleto de colectivo en Mendoza, ya que parte de los costos del transporte se cubren con este subsidio nacional.
Los costos del transporte
Los subsidios nacionales cubren el 16% de los costos totales del transporte público en Mendoza. Según el Presupuesto provincial 2022, se prevé recibir casi 3.170 millones de pesos de la Nación para el funcionamiento de los colectivos.
De acuerdo con la misma pauta, la Provincia absorberá a través de su propio fondo compensador el 67% de los casi 20.000 millones de pesos que costará el servicio el año que viene. Gastará 13.000 millones de pesos.
Finalmente, con 3.200 millones de pesos, la recaudación del boleto aportará el 17% restante.
Hoy el pasaje mínimo cuesta 25 pesos y es un hecho que va a subir en enero. Pero el porcentaje no está resuelto todavía.
La presión para que la tarifa aumente está creciendo. La Provincia ya gasta en el orden de los 1.450 millones de pesos por mes para que los micros sigan circulando y los empresarios del transporte reclaman la mejora de sus ingresos.
Este martes, en una audiencia pública, Autam solicitó al Gobierno incrementos superiores al 50% en el valor del kilómetro recorrido. Por su lado, el propio Ente de Movilidad Provincial (EMOP) del Gobierno provincial, reconoció que debe aplicarse una actualización del 45%.
Entre el valor del kilómetro recorrido que cobran los empresarios y el precio del boleto que pagan los pasajeros no hay una relación directa, pero la ganancia empresaria incide mucho en los costos. Se calcula en este sentido que el kilómetro recorrido podría subir de 140 a 200 pesos cuando finalice el proceso de actualización.
El valor del combustible y el gasto en salarios son los rubros que más suben y el Gobierno admite la necesidad de un ajuste. “Desde octubre del año pasado, el gasoil ha aumentado 9 veces”, indicó en este sentido el secretario Mema.
Impacto en la población más pobre
A pesar de que aumentan los costos, el Gobierno promete que antes de definir a cuánto subirá el boleto en enero, evaluará su impacto en la población mendocina.
Esto depende de un estudio que cada año le encarga a la UNCuyo y que mide qué parte de sus ingresos destinan los sectores más pobres para pagar los servicios públicos. “Procuramos que los servicios no superen el 10% en los deciles de menos ingresos”, explicó Mema.
Por supuesto que tampoco habrá una definición tarifaria hasta que la Provincia sepa cuánto dinero se destinará al transporte público en el presupuesto nacional. En este sentido, la diputada Latorre señaló que “seguimos con una distribución totalmente inequitativa, en la que el fondo compensador del transporte no está soportando el subsidio de las provincias, sino que está concentrado en el AMBA, como el resto de los servicios públicos”.
