El gobierno nacional confirmó que la próxima semana iniciará formalmente las discusiones con los principales referentes del mundo sindical y empresarial para definir un acuerdo de precios y de salarios que permita reforzar el plan macroeconómico que diseñó el ministro Martín Guzmán para tratar de superar el problema crónico de la inflación.
Es una apuesta central para la administración de Alberto Fernández, condicionada por los temores que se fundamentan en los propios números oficiales: los informes del Indec demostraron que los aumentos en los precios de los alimentos apuntalaron la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que terminó el 2020 con un avance acumulado del 36,1%.
El fenómeno se agravó en los últimos meses del año pasado y promete empujar los resultados de enero. Los analistas privados calculan que los precios registraron un avance cercano al 4 por ciento en el primer mes del 2021, de nuevo, promovido por los alimentos.
La medición del Indec recién se conocerá el próximo jueves, pero el propio Guzmán admite que continúan vigentes los elementos que apuraron la marcha de los precios en el tramo final del 2020.
“Lo que ocurrió en los últimos meses del año tiene que ver con factores que son, algunos de ellos estacionales, y otro es lo que está ocurriendo con la inflación de commodities en el mundo. En el contexto de la pandemia ha aumentado mucho la demanda por alimentos en todo el mundo y cayó la demanda por servicios. Eso ha generado aumentos en los precios de los commodities y eso ha generado aumento en los precios de la Argentina, y también el hecho de ir relajando ciertas regulaciones de precios para estar más holgados en el 2021”, explica el titular de la cartera económica.
Su diagnóstico también describe el escenario que alimenta los temores de los referentes de la CGT, a quienes se les pedirá que asuman el compromiso de coordinar aumentos salariales que estén apenas por encima de las pautas inflacionarias.
Guzmán reiteró el miércoles que la vocación del Gobierno es que “los salarios tienen que crecer más que los precios”. “La recuperación del poder adquisitivo del salario es una condición necesaria para la recuperación de la economía”, justificó.
Por lo pronto, ese plan contempla que los aumentos salariales estén “dos o tres puntos por encima” de la inflación que la Casa Rosada proyectó para este año, que sería del 29 por ciento tal como se formalizó en el Presupuesto.
Sin embargo, ante la convocatoria los referentes sindicales se encargaron de plantear sus dudas respecto a esos cálculos y temen dar un “salto al vacío”, tal como lo describió el cotitular de la central obrera Héctor Daer.
“Nosotros podemos discutir hoy una pauta y revisarla en septiembre. Ahora, si de acá a septiembre no tenemos un salto al vacío”, se anticipó el referente gremial al ser consultado, en diálogo con Futurock, respecto a la posibilidad de acordar un esquema para discutir mejoras salariales por tramos.
Daer indicó que “estamos con un pronóstico complicado de inflación para enero también” y pidió que el Gobierno sea “muy riguroso” en los seguimientos para impedir subas de precios injustificadas.
“Hay que sentar en una mesa a los 10 ó 20 formadores de precios básicos, que tienen que ver con los alimentos en su etapa primaria, hierro, energía, alumunio, el costo del dinero en términos financieros y decir cómo convergemos en una política de baja inflación”, apuntó el dirigente cegetista.
Se quejó además por las subas que vienen registrando los alimentos en un contexto en el que, repasó, “tenés tarifas que están congeladas, el precio del dinero es el mismo, el precio impositivo es el mismo”.
“Creo que acá la responsabilidad mayúscula es de los sectores formadores de precios en el inicio de la cadena de valor y ahí me parece que el compromiso tiene que ser muy grande de todos. Ahí no hay posibilidad de esquivar el bulto”, insistió para luego reiterar su pedido para que el Gobierno mantenga “sintonía muy fina en el seguimiento de la evolución” de los precios.
Para calmar los ánimos, Guzmán defiende su plan macroeconómico. Dice que el rumbo que se plasmó en el Presupuesto es el “corazón” de la estrategia oficial para calmar a la economía y, por supuesto, rechaza cuestionamientos sobre su proyección inflacionaria.
“La cuestión central para ir reduciendo la inflación es la macroeconomía. Es poner a la macroeconomía en orden, es todo un esquema de políticas macroeconómicas:, la parte cambiaria, que el país vaya generando más divisas para entonces poder ir teniendo una evolución del tipo de cambio que cada vez sea de menor depreciación; la parte fiscal y la parte monetaria, que están todas vinculadas”, dice sobre su plan de equilibrios múltiples.
En la reciente entrevista que le concedió a C5N, el ministro coordinador agregó que “ese es el corazón de la estrategia antiinflacionaria” que se complementará con gestión, con “políticas de precios que nos permitan alinear las expectativas y los precios con aquello que es macroeconómicamente factibles”.
“Es una parte necesaria del esquema para reducir la inflación, pero no es lo único, con eso no alcanza. Sin eso es mucho más difícil”, planteó para apelar al compromiso de empresarios y sindicalistas.
Incluso, el ministro trató de enviarle otra señal a los representantes de ambos sectores cuando se refirió al futuro de las tarifas. ¿Qué vamos a hacer con las tarifas? Primero el cuadro tarifario que había dispuesto la administración de Juntos por el Cambio va a ser reemplazado, es un cuadro tarifario que no consideramos razonable. Hubo aumentos que fueron imposibles de alinear con una economía que funcione bien, que dañaron a los hogares, a las empresas y que no generaron los equilibrios que se necesitan para que haya incentivos a la inversión y al mismo tiempo competitividad y que los hogares puedan hacer frente a eso”, cuestionó.
Y vaticinó que se pondrá en marcha, a partir de marzo, un cuadro tarifario de transición que también se ajustará a los parámetros que se establecieron en el Presupuesto y que indica, según detalló, “que el ratio de subsidios sobre productos permanece constante”.
Sin embargo, no dejó de advertir que “si el Estado subsidia las tarifas, eso se paga de alguna forma: con impuestos, con deuda o con emisión”.