Tras la firma esta semana del traspaso del 88% de las acciones de la mina de Potasio Río Colorado por parte del Estado provincial a las empresas Minera Aguilar SA (del empresario José Luis Manzano) y la brasileña ARG; el Gobierno sigue con los preparativos para emitir el decreto de la firma del contrato, más el posterior debate de ratificación por parte de la Legislatura provincial.
En paralelo, las empresas trabajan en la reingeniería del proyecto y el futuro levantamiento de una “planta piloto”, que prevé su activación dentro de 18 meses para la extracción de sales de potasio.
Lo cierto es que en el Poder Ejecutivo señalan que parte del éxito para encontrar socios para Potasio Río Colorado es que la mina “tiene todos los permisos y trámites burocráticos resueltos para la reactivación”.
Entre ellos, se destacan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), más el permiso de utilización de una cuota de agua del río Colorado para el uso industrial minero, que es de hasta 1.000 litros por segundo (1m3/s).
Agua para uso minero
El propio permiso surgió de la ley 7.775, aprobada hace 16 años, en septiembre del 2007. “Está vigente esta ley”, marcaron desde el Ministerio de Economía. Lo mismo dijo a Los Andes el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, quien agregó que si bien deben hacer algún tipo de estudios más, “los mismos son de rutina y está garantizada la concesión del agua”.
En diálogo con Los Andes, Emilio Guiñazú, gerente general de Potasio Río Colorado SA (PRC), aclaró que el consumo de agua para la utilización de la mina será “menor” al que se aprobó en su momento, y que la planta proyectada tendrá un consumo de agua de “un tercio” de lo autorizado por ley, lo que podría representar un uso de 333 litros de agua por segundo.
En tanto, según cálculos a grandes rasgos, se estima una utilización de 3.000 litros de agua para conseguir una tonelada de sales de potasio. La planta, una vez que esté en una fase de explotación, producirá 1,5 millones de toneladas de sales de potasio al año.
Este número importante de producción es importante para el Gobierno, debido a que, en momentos de su rediseño, incluso había pensado en tan solo 200.000 toneladas al año. En contraparte, el grandioso cálculo de Vale, en su momento, era de 4 millones de toneladas anuales.
Permisos
La normativa votada en la Legislatura en 2007 fue en momentos en los que la empresa australiana Río Tinto tenía el proyecto a su cargo. Luego pasaría a manos de la brasileña Vale en 2009; y ahora -varios años después- con Minera Aguilar SA y ARG.
La ley concede en su artículo 1 a Potasio Río Colorado SA “el uso especial de las aguas del Río Colorado para uso industrial minero”; y marca que la concesión del uso se tendrá “mientras dure la actividad industrial a la que se concede”.
Además, el artículo 3 establece que el derecho otorgado a la mina es de la extracción de “hasta 1m3/seg”, que es equivalente a 1.000 litros de agua por segundo. Si bien el expediente marcaba a Río Tinto como la empresa explotadora de la mina, señalaron desde el Departamento General de Irrigación que aplica también para el resto de las empresas con la concesión, como es el caso de este grupo de firmas actual.
No obstante, el artículo 4 marca también las condiciones especiales del uso de aguas públicas, con penas de “caducidad” en caso que las mismas se violen.
Por ejemplo, es pena de caducidad no pagar el en tiempo y forma las contribuciones financieras que establece y fija el Departamento General de Irrigación según el volumen de agua consumido; o la no utilización del agua en plazos establecidos en la ley 322 y la Ley de Aguas.
Al respecto, si bien la ley 16 de la Ley de Aguas indica que “el derecho al aprovechamiento del agua se pierde por el abandono de su ejercicio durante más de cinco años, que principiarán a contarse desde el momento en que el concesionario esté en aptitud de usarlo”; Marinelli dijo que más allá que se haya cumplido ese plazo, “no se le quitará la concesión” y que “PRC ha cumplido con la normativa”.
“Está todo vigente. No pensaríamos en quitar la concesión del río Colorado porque todo está en regla. Además es el único uso que hacemos del río; más algunos permisos a petroleras que bombean”, aclaró el funcionario.
“No hay ningún inconveniente. La ley habla de las causales que tienen que ver con el cuidado de la calidad, la DIA, y ante cualquier uso inapropiado Irrigación bajo la ley de aguas tiene sanciones previstas para la caducidad”, ratificó.
No obstante, añadió que si se revisa en el resto de los oasis de Mendoza mencionó que “ha pasado en muchas propiedades y fincas que han estado abandonadas y jamás se le ha quitado la concesión, salvo algún tipo mayor de irregularidad”.
“En este caso, ha estado latente la reactivación de la mina y no tiene sentido hacerlo. Todo está en regla”, manifestó el funcionario.
Otras de las causales de caducidad del permiso de uso de agua según la ley, es por una utilización mayor al volumen concedido; no comunicar a Irrigación alguna alteración en la cantidad o calidad de las aguas; o producir algún tipo de contaminación, degradación o deterioro de las aguas concedidas o del ambiente; entre otros.
Pago del agua y controles de Irrigación
Respecto al pago por el uso del agua, Marinelli también detalló que están al día desde PRC y dijo que “en su momento tuvieron que usar agua”; y que ahora prevén la construcción de algunos aforos del recurso.
“Potasio Río Colorado está al día en todos los derechos, tiene un superficial de 735 hectáreas, 3 pozos y un RUE (ndr: registro único de establecimientos)”, dijo Marinelli, quien detalló que “el metro cúbico por segundo se traduce a hectáreas y los pozos pagan un canon”.
De esta manera, la mina debería pagar este año $4,2 millones por el uso de agua, pero aclaró que “no se cobra por no utilizar el agua, por lo que se hace una nota de crédito”.
“Cuando funcionó, se pagó. El cobro es volumétrico”, marcó Marinelli, quien adelantó que en los próximos días “iremos a hacer una inspección y emitiremos una resolución que deje reglas claras al comienzo”. Mientras tanto, sostuvo que con PRC desde Malargüe se han hecho inspecciones y controles. “Hay una continuidad en el trabajo”, finalizó.
