La adjudicación de Portezuelo del Viento está aún sin la seguridad jurídica con la que pretende contar el Gobierno provincial. En una seguidilla vertiginosa de comunicados, la Casa Rosada señaló ayer que el gobernador Rodolfo Suárez no inició formalmente el pedido de laudo presidencial, y el mandatario provincial sentenció que sí lo hizo.
En la noche, Suárez comunicó a través de las redes sociales, en reacción a un carta del Ministerio del Interior, que va a “reiterar nuevamente el pedido de laudo y la solicitud de viabilidad de la obra”.
Primero el Ministerio del Interior respondió un pronto despacho presentado por Suárez en diciembre con la intención de acelerar la resolución del laudo presidencial que decía haber solicitado en junio del 2020. ”Habiendo realizado una sucinta reseña de los antecedentes en cuestión, es preciso remarcar que, a la fecha, no consta en el ámbito de este Ministerio del Interior o del Consejo de Gobierno del COIRCO, presentación alguna por parte de vuestra provincia que dé formal inicio a la instancia de laudo arbitral del Presidente de la Nación”, se lee en la nota firmada por Eduardo De Pedro y divulgada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. O sea, señaló que nunca se pidió el arbitraje.
Aquel 26 de junio del 2020 y la votación 4 a 1 de los gobernadores a favor de que se hiciera de un nuevo estudio de impacto ambiental pedido por La Pampa complicaron aún más la construcción de Portezuelo del Viento. Buenos Aires, Río Negro y Neuquén se acoplaron al reclamo pampeano. Rodolfo Suárez quedó en la vereda de enfrente sosteniendo que el estudio ya estaba hecho y que fue aprobado por el Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco).
El Consejo de Gobernadores aprueba los temas sólo por unanimidad, existiendo la posibilidad de pedir un laudo presidencial en caso de que haya diferencias. Eso dijo siempre haber hecho Rodolfo Suárez y es lo que Nación sentencia que no fue así.
La diferencia en los hechos contados por ambas partes es abismal. El Ministerio del Interior sostiene en su carta que “en caso de que se pretenda avanzar en ese sentido (el laudo), y a efectos de garantizar el debido proceso, se solicita al señor gobernador tenga a bien interponer la petición conforme a derecho, munido de la prueba de la que pretenda valerse, de manera de dar inicio al correspondiente juicio arbitral”. En otras palabras, De Pedro le dice a Suárez que si presenta el pedido de laudo, debe esgrimir los argumentos para darle inicio al proceso, comunicarlo a las provincias y elevar el asunto al presidente de la Nación. Claro que para eso hay plazos, que no vencen hoy como ha sostenido el Gobierno provincial.
Para responderle a la Nación, Suárez echó mano al acta 73 de aquel 26 de junio de 2020, en donde queda sentando la posición provincial en contra de un nuevo estudio. “Manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previstos en el Capítulo V del estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo acuerdo”, expresa textualmente el acta difundida por Suárez en Twitter.
“Una vez más el Gobierno Nacional busca perjudicar a Mendoza al no tomar una postura clara” sobre Portezuelo del Viento, “ahora pretendiendo hacer creer que nuestra provincia no instó al laudo”, criticó Suárez.
No obstante, confirmó que volverá a la carga por el arbitraje y pidió que sea Fernández quien termine decidiendo el destino de la obra. “Vamos a reiterar nuevamente el pedido de laudo y la solicitud de viabilidad de la obra, toda vez que todos los estudios de impacto ambiental están realizados y aprobados”, dijo el Gobernador, quien se encuentra de licencia.
El cambio en la estrategia se oficializó hace pocas semanas, porque hasta entonces, el laudo presidencial no era para el Gobierno un elemento clave para avanzar en la adjudicación de la obra al único oferente. Se trata de Malal-Hue, la UTE liderada por la empresa china Sinohydro e integrada por las firmas locales Ceosa y Obras Andinas.
Mientras una comisión técnica evalúa la mejora de la oferta realizada, en el Gobierno provincial apuntaron al laudo presidencial y evitar un riesgo jurídico que afecte el desarrollo de la obra.
¿Cómo se resuelven la diferencias?
El estatuto del Coirco, en el Capítulo V, es claro en su artículo 28. “Dentro de los treinta días de instado el procedimiento arbitral, el Consejo de Gobierno elevará obligatoriamente los antecedentes al árbitro”, es decir a Fernández.
El Presidente tendrá “treinta días para recabar las Informaciones y antecedentes, y en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria” para hacerse del material.
Vencido dicho término, “deberá laudar dentro de los treinta días siguientes, pudiendo ampliar los plazos antes establecidos, dentro de los treinta días siguientes, mediante decisión fundada”.
“Las partes estarán obligadas a remitir al árbitro todos los antecedentes que le sean requeridos dentro del término que a tal efecto éste les fije”, resalta el estatuto.
