El presidente Alberto Fernández trabaja bajo un hermetismo estricto en el laudo que resolverá sobre la represa Portezuelo del Viento, en Malargüe, aunque aún no hay fecha para que dé a conocer la decisión que marcará el destino de la obra hidroeléctrica.
En Mendoza actualizan el correo electrónico de la Gobernación para saber si llegó el laudo presidencial de manera formal. Lo cierto, es que no emitirán sonido hasta pasadas las 00 (o a primera hora de mañana) en caso de que haya silencio por parte del Jefe de Estado.
La novela del laudo presidencial por los planteos mendocinos en medio de la discusión por Portezuelo del Viento viene desde hace varios meses. Una vez que fue aceptado el pedido hecho por el gobernador Rodolfo Suárez empezaron a correr los plazos formales para que Alberto Fernández se exprese con respecto al desarchivo de la resolución que archivó en primer medida Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior en la era Macri.
Allí, se cerraba la idea de un nuevo estudio de impacto ambiental pedido por La Pampa. Con el desarchivo hecho por Eduardo De Pedro, los deseos pampeanos tomaron forma. En aquella reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco) en junio del 2020, Suárez se expresó en contra de la iniciativa, y desde ese momento, empezó el culebrón hidroeléctrico.
La birome de Vilma Ibarra todavía no se usa
Fernández venía trabajando desde el 3 de junio el tema con Juan Manuel Olmos, quien fue jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 3 de agosto pasado. En medio de la reestructuración del gobierno nacional, Olmos –abogado de profesión- pasó a desempeñarse como vicejefe de Gabinete de Juan Manzur. Y eso provocó una demora en la gestión del laudo.
Ante la consulta de este medio, fuentes cercanas a la Presidencia señalaron que el laudo está en manos del Presidente. Fernández y Olmos trabajaron sobre la base de todo lo que les remitió el ministro del Interior y presidente del Coirco, Eduardo Wado de Pedro.
Según fuentes oficiales con cierto nivel de conocimiento de lo que el Presidente venía elaborando con Olmos, el laudo podría ser adverso para Mendoza en cuando a la construcción de la hidroeléctrica tal cual fue pensada, dado que habría una afectación directa en materia de administración del caudal del río que pasa por otras provincias.
No obstante, Fernández podría apelar a una resolución intermedia. Es decir, convocar al gobierno de Rodolfo Suárez a generar un nuevo proyecto que reemplace a la iniciativa actual, dejando asignados los recursos que ya le fueron transferidos a la provincia, por unos 472 millones de dólares, de un total proyectado en 1.023 millones de dólares.
Calificadas fuentes consultadas por este medio señalaron que el tema estaba hasta este lunes en el despacho de Julián Leunda, quien era vicejefe en el gabinete de asesores y reemplazó a Olmos, pero señalaron desconocer los pormenores de la resolución definitiva dado que Fernández guarda estricto hermetismo sobre el tema.
Las numerosas fuentes oficiales consultadas por Los Andes en lo más alto del Gobierno dijeron que no preveían una decisión inminente dado que hasta la tarde de este lunes 22 de agosto el tema tampoco había pasado por la secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, que es la funcionaria encargada de leer todo lo que firma el Presidente.
Suárez espera a la medianoche
En la Casa de Gobierno había expectativa por lo que pudiera ocurrir en el transcurso de hoy. Hasta no recibir la notificación del laudo, no se expresarán al respecto. “Hay tiempo hasta las 12 de la noche”, dijeron desde el edificio ubicado en calle Peltier. Con o sin laudo, las acciones que se harán después, se sabrán mañana.
Semanas atrás, este diario adelantó cuáles eran los caminos si no había laudo presidencial en el vencimiento de los plazos. “Si al 22 de agosto, no ha salido el laudo, vamos a activar un mecanismo para plantear la necesidad de que se resuelva”, dijo el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.
No obstante, en los últimos días, acudir a la Justicia dejó de ser una opción. “Lo que ya está decidido es que no se va a judicializar. Se va a esperar el resultado y después se verá la decisión que tomamos”, se comunicó desde el Poder Ejecutivo.
